El PSOE, con el nombramiento de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, "uno de los suyos", como gobernador del Banco de España, uno de los espacios más sensibles y necesitados de independencia en la estructura del Estado, ha subido un escalón más en su políitica de "ocupación" del Estado y de todas las grandes instituciones de la nación, incluso aquellas que la salud pública y las libertades democráticas aconsejan que sean libres e independientes, una tendencia abusiva que nada tiene que ver con la auténtica democracia.
La designación del secretario de estado de Hacienda como gobernador del Banco de España es una manifestación más de la tendencia acaparadora del poder que protagonizan los partidos políticos en las democracias, incluso en las más avanzadas, un comportamiento que viola el espíritu y las reglas de la democracia auténtica, según las cuales los poderes del Estado deben funcionar en libertad e independencia, mientras que las grandes instituciones deben ser presididas por gente independiente o, al menos, consensuada por los grandes partidos.
Se trata de un comportamiento de los partidos políticos que no gusta a la ciudadanía, que degrada la democracia y que refleja como esos partidos, obsesionados por la conquista y acaparación del poder, anteponen sus propios intereses a los de la sociedad y la nación.
En la "pseudodemocracia" española, este comportamiento no es exclusivo del PSOE sino común en los partidos que acceden al poder político en la nación y en las autonomías regionales, aunque el PSOE está llegando hoy más lejos que ningún otro en el pasado.
Esta política de acaparación del poder es la que está llevando a los políticos a la insensatez democrática de ocupar incluso los espacios propios de la sociedad civil, ahogándo ese espacio vital ciudadano, hoy sumamente debilitado e inerme. Instituciones propias de la sociedad civil que necesitan funcionar en libertad y al margen de los gobiernos, como las universidades, las asociaciones patronales, los sindicatos, las ONGs, los colegios profesionales, las confesiones religiosas y todo el cúmulo de asociaciones y fundaciones que conforman el sector "sin ánimo de lucro" están siendo controlados, a través de subvenciones, pactos, cruce de intereses o financiación directa, por unos gobiernos con cuyo comportamiento demuestran que su prioridad es el control del poder, antes que el respeto a las reglas de la democracia y el servicio a la sociedad y a los ciudadanos.
La designación del secretario de estado de Hacienda como gobernador del Banco de España es una manifestación más de la tendencia acaparadora del poder que protagonizan los partidos políticos en las democracias, incluso en las más avanzadas, un comportamiento que viola el espíritu y las reglas de la democracia auténtica, según las cuales los poderes del Estado deben funcionar en libertad e independencia, mientras que las grandes instituciones deben ser presididas por gente independiente o, al menos, consensuada por los grandes partidos.
Se trata de un comportamiento de los partidos políticos que no gusta a la ciudadanía, que degrada la democracia y que refleja como esos partidos, obsesionados por la conquista y acaparación del poder, anteponen sus propios intereses a los de la sociedad y la nación.
En la "pseudodemocracia" española, este comportamiento no es exclusivo del PSOE sino común en los partidos que acceden al poder político en la nación y en las autonomías regionales, aunque el PSOE está llegando hoy más lejos que ningún otro en el pasado.
Esta política de acaparación del poder es la que está llevando a los políticos a la insensatez democrática de ocupar incluso los espacios propios de la sociedad civil, ahogándo ese espacio vital ciudadano, hoy sumamente debilitado e inerme. Instituciones propias de la sociedad civil que necesitan funcionar en libertad y al margen de los gobiernos, como las universidades, las asociaciones patronales, los sindicatos, las ONGs, los colegios profesionales, las confesiones religiosas y todo el cúmulo de asociaciones y fundaciones que conforman el sector "sin ánimo de lucro" están siendo controlados, a través de subvenciones, pactos, cruce de intereses o financiación directa, por unos gobiernos con cuyo comportamiento demuestran que su prioridad es el control del poder, antes que el respeto a las reglas de la democracia y el servicio a la sociedad y a los ciudadanos.