El ministro de Justicia confiesa que olvidó sacarse la licencia de caza, lo que significa que ha incumplido la ley. "Estoy desolado", dijo al reconocer su olvido, pero la Justicia exige que el desolado sea también sancionado, como cualquier otro español. Si el privilegio de Bermejo llega hasta poder burlar la ley sin tener consecuencias, entonces el Estado de Derecho en España es una patraña y todos tenemos derecho a burlarnos de la legislación vigente.
El escalón más bajo de la democracia se encuentra precisamente donde Bermejo ha situado a la nuestra, donde los altos funcionarios incumplen la ley. Pero, para colmo de males, el infractor no es un ministro cualquiera, sino el ministro de Justicia, el Notario Mayor del Reino, alguien obligado a ser ejemplar y referente ético de la sociedad. Ante esa situación, la dimisión no es suficiente, ni el cese, sino que, además de sufrir la sanción correspondiente, como cualquier ciudadano, el ministro debe quedar públicamente reprendido y desautorizado.
El deterioro de la democracia en España es más intenso de lo que habíamos supuesto. No se sabe si nuestro país ha alcanzado los niveles de las repúblicas bananeras o si está ya en el África profunda, donde gobiernan los Robert Mugabe y los Obiang Nguema.
La Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía tipifica como «sanción grave» cazar «sin licencia o con datos falsificados». En el capítulo de sanciones, se detalla que las «infracciones graves», como la cometida por Fernández Bermejo, están castigadas con multa de 601 a 4.000 euros. Además, el artículo 83 de la citada ley explica que «la comisión de infracciones tipificadas en esta ley podrá llevar aparejada las siguientes sanciones accesorias»: la «suspensión o inhabilitación para la obtención de la correspondiente licencia o autorización del aprovechamiento por un periodo comprendido entre un mes y cinco años, cuando la infracción sea calificada como grave».
Al "desolado" ministro, por el cargo que ocupa y por el escándalo que ha generado, debe corresponderle la sanción mayor, acompañada de un escarmiento público que devuelva a los ciudadanos la certeza de que España es un país igualitario y justo, gobernado por gente decente y no por una élite descarada e impune.
El escalón más bajo de la democracia se encuentra precisamente donde Bermejo ha situado a la nuestra, donde los altos funcionarios incumplen la ley. Pero, para colmo de males, el infractor no es un ministro cualquiera, sino el ministro de Justicia, el Notario Mayor del Reino, alguien obligado a ser ejemplar y referente ético de la sociedad. Ante esa situación, la dimisión no es suficiente, ni el cese, sino que, además de sufrir la sanción correspondiente, como cualquier ciudadano, el ministro debe quedar públicamente reprendido y desautorizado.
El deterioro de la democracia en España es más intenso de lo que habíamos supuesto. No se sabe si nuestro país ha alcanzado los niveles de las repúblicas bananeras o si está ya en el África profunda, donde gobiernan los Robert Mugabe y los Obiang Nguema.
La Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía tipifica como «sanción grave» cazar «sin licencia o con datos falsificados». En el capítulo de sanciones, se detalla que las «infracciones graves», como la cometida por Fernández Bermejo, están castigadas con multa de 601 a 4.000 euros. Además, el artículo 83 de la citada ley explica que «la comisión de infracciones tipificadas en esta ley podrá llevar aparejada las siguientes sanciones accesorias»: la «suspensión o inhabilitación para la obtención de la correspondiente licencia o autorización del aprovechamiento por un periodo comprendido entre un mes y cinco años, cuando la infracción sea calificada como grave».
Al "desolado" ministro, por el cargo que ocupa y por el escándalo que ha generado, debe corresponderle la sanción mayor, acompañada de un escarmiento público que devuelva a los ciudadanos la certeza de que España es un país igualitario y justo, gobernado por gente decente y no por una élite descarada e impune.