Muchos españoles no entienden que Su Majestad permita tanta infamia, tanta injusticia y tanto desamparo de sus súbditos sin que grite un rotundo ¡¡¡ BASTA YA !!!
Muchos dirán que el rey no tiene poderes en el sistema español y que sólo debe actuar en las situaciones extraordinarias, pero esas verdades deben ser aclaradas. El rey no tiene poder ejecutivo porque ese poder corresponde a los políticos electos, ni legislativo, que es desempeñado por diputados y senadores, ni judicial, que corresponde a los jueces y magistrados, pero la Constitución le otorga una inmensa autoridad moral y un liderazgo especial ante el pueblo en situaciones de crisis, como quedó demostrado con su discurso sobre Cataluña, pronunciado en la cresta de la ola independentista, a la que dejó petrificada y frenada.
Los españoles saben que el rey es la última playa, baluarde final al que se llega retrocediendo, derrota tras derrota, y que es también la última garantía, cuando amenaza el desastre.
Su padre, Juan Carlos I, también exhibió ese enorme poder moral cuando el golpe de Estado fallido del 23 F, que quedó fulminantemente abortado tras su intervención.
La gran pregunta es si ahora la situación de España es tan grave y el peligro es tan amenazante que demande una intervención del gran garante y de la última instancia.
Desde el profundo respeto que tengo al Jefe del Estado español, sinceramente no sé si ha llegado el momento de que intervenga, pero cuando analizo la situación veo una enorme y creciente acumulación de suciedad y riesgo en el platillo de la balanza donde se pesan los peligros y las amenazas.
La mayor de todas las amenazas para no es la enorme corrupción que está infectando el cuerpo del Estado español, ni la poderosa amenaza del separatismo, que infecta no sólo en Cataluña, sino también en el País Vasco, Navarra, Baleares, Valencia y otros territorios que han sido siempre baluartes de lo español, ni el vergonzoso desamparo y abandono que padecen los que se sienten españoles en tierras catalanas, acosados por un separatismo que se siente con derecho a maltratar a sus adversarios y a romper España, al que nadie ha frenado con la contundencia debida, ni el terrible endeudamiento de la nación, obra de políticos sin alma, ni el riesgo de que el sistema de pensiones, también arruinado por la mezquindad de los políticos, salte hecho pedazos. La mayor de todas las amenazas es la desconfianza en el liderazgo, un sentimiento profundo y demoledor, ya arraigado en el pueblo español, que no sólo desconfía de sus políticos, sino que empieza a despreciarlos y odiarlos.
Los libros aseguran que la democracia es un sistema sostenido por la confianza de los ciudadanos, que creen en el sistema y en sus líderes e instituciones. En España ese sentimiento se debilita peligrosamente y lo que las encuestas reflejan es un profundo divorcio entre el pueblo y su clase dirigente, que queda claramente reflejado en las encuestas, cuando los ciudadanos señalan a los políticos como uno de los tres grandes problemas del país.
Alguien debería forzar un cambio de rumbo en la política española y defender al pueblo, al que los políticos han despojado de toda influencia, incumpliendo así otra ley de hierro de la democracia, que exige la participación ciudadana y una influencia de la sociedad civil que sirva de contrapeso al poder político.
Los súbditos de Su Majestad, además de desconfiar, se sienten pequeños e impotentes ante los políticos. Rechazamos las autonomías, costosas y fuentes de disgregación, gastos inútiles, corrupción y de una invasión innecesaria de políticos a sueldo del Estado, pero los políticos las mantienen en contra de la voluntad popular. Rechazamos que los partidos y sindicatos se financien con dinero procedente de los impuestos, pero los políticos suben cada año las subvenciones y ayudas a los partidos. Rechazamos la indiferencia y la pasividad, cuando no la connivencia, de los grandes partidos con la corrupción y las suaves penas que se imponen a los corruptos, que ni siquiera están obligados a devolver el botín. Odiamos el despilfarro de los gobiernos, cuya codicia les lleva a sacar dinero de todos los rincones, endeudando a la nación de manera enloquecida, cobrando impuestos injustos y crueles, recaudando de manera vergonzosa en las carreteras, ayuntamientos, en la burocracia y en la vida diaria. Queremos que los partidos y sus políticos respeten la democracia y que no la prostituyan. Deseamos que los mandatos estén limitados en tiempo, que los jueces sean independientes y que los diputados y senadores respondan ante el pueblo que los elige, no ante los partidos, como ocurre hoy.
Todo este panorama, antidemocrático, carente de ética y políticamente desolador es el que alimenta la desconfianza de los españoles en el sistema, una desconfianza que invalida la democracia y deslegitima el poder.
¿Es el panorama lo bastante grave para que las garantías constitucionales y los poderes depositados en el Monarca actúen?
Yo, realmente, no lo sé, pero confieso que cada día añoro más ese sonoro y estremecedor puñetazo en la mesa de España, que solo el rey puede dar.
Francisco Rubiales
Muchos dirán que el rey no tiene poderes en el sistema español y que sólo debe actuar en las situaciones extraordinarias, pero esas verdades deben ser aclaradas. El rey no tiene poder ejecutivo porque ese poder corresponde a los políticos electos, ni legislativo, que es desempeñado por diputados y senadores, ni judicial, que corresponde a los jueces y magistrados, pero la Constitución le otorga una inmensa autoridad moral y un liderazgo especial ante el pueblo en situaciones de crisis, como quedó demostrado con su discurso sobre Cataluña, pronunciado en la cresta de la ola independentista, a la que dejó petrificada y frenada.
Los españoles saben que el rey es la última playa, baluarde final al que se llega retrocediendo, derrota tras derrota, y que es también la última garantía, cuando amenaza el desastre.
Su padre, Juan Carlos I, también exhibió ese enorme poder moral cuando el golpe de Estado fallido del 23 F, que quedó fulminantemente abortado tras su intervención.
La gran pregunta es si ahora la situación de España es tan grave y el peligro es tan amenazante que demande una intervención del gran garante y de la última instancia.
Desde el profundo respeto que tengo al Jefe del Estado español, sinceramente no sé si ha llegado el momento de que intervenga, pero cuando analizo la situación veo una enorme y creciente acumulación de suciedad y riesgo en el platillo de la balanza donde se pesan los peligros y las amenazas.
La mayor de todas las amenazas para no es la enorme corrupción que está infectando el cuerpo del Estado español, ni la poderosa amenaza del separatismo, que infecta no sólo en Cataluña, sino también en el País Vasco, Navarra, Baleares, Valencia y otros territorios que han sido siempre baluartes de lo español, ni el vergonzoso desamparo y abandono que padecen los que se sienten españoles en tierras catalanas, acosados por un separatismo que se siente con derecho a maltratar a sus adversarios y a romper España, al que nadie ha frenado con la contundencia debida, ni el terrible endeudamiento de la nación, obra de políticos sin alma, ni el riesgo de que el sistema de pensiones, también arruinado por la mezquindad de los políticos, salte hecho pedazos. La mayor de todas las amenazas es la desconfianza en el liderazgo, un sentimiento profundo y demoledor, ya arraigado en el pueblo español, que no sólo desconfía de sus políticos, sino que empieza a despreciarlos y odiarlos.
Los libros aseguran que la democracia es un sistema sostenido por la confianza de los ciudadanos, que creen en el sistema y en sus líderes e instituciones. En España ese sentimiento se debilita peligrosamente y lo que las encuestas reflejan es un profundo divorcio entre el pueblo y su clase dirigente, que queda claramente reflejado en las encuestas, cuando los ciudadanos señalan a los políticos como uno de los tres grandes problemas del país.
Alguien debería forzar un cambio de rumbo en la política española y defender al pueblo, al que los políticos han despojado de toda influencia, incumpliendo así otra ley de hierro de la democracia, que exige la participación ciudadana y una influencia de la sociedad civil que sirva de contrapeso al poder político.
Los súbditos de Su Majestad, además de desconfiar, se sienten pequeños e impotentes ante los políticos. Rechazamos las autonomías, costosas y fuentes de disgregación, gastos inútiles, corrupción y de una invasión innecesaria de políticos a sueldo del Estado, pero los políticos las mantienen en contra de la voluntad popular. Rechazamos que los partidos y sindicatos se financien con dinero procedente de los impuestos, pero los políticos suben cada año las subvenciones y ayudas a los partidos. Rechazamos la indiferencia y la pasividad, cuando no la connivencia, de los grandes partidos con la corrupción y las suaves penas que se imponen a los corruptos, que ni siquiera están obligados a devolver el botín. Odiamos el despilfarro de los gobiernos, cuya codicia les lleva a sacar dinero de todos los rincones, endeudando a la nación de manera enloquecida, cobrando impuestos injustos y crueles, recaudando de manera vergonzosa en las carreteras, ayuntamientos, en la burocracia y en la vida diaria. Queremos que los partidos y sus políticos respeten la democracia y que no la prostituyan. Deseamos que los mandatos estén limitados en tiempo, que los jueces sean independientes y que los diputados y senadores respondan ante el pueblo que los elige, no ante los partidos, como ocurre hoy.
Todo este panorama, antidemocrático, carente de ética y políticamente desolador es el que alimenta la desconfianza de los españoles en el sistema, una desconfianza que invalida la democracia y deslegitima el poder.
¿Es el panorama lo bastante grave para que las garantías constitucionales y los poderes depositados en el Monarca actúen?
Yo, realmente, no lo sé, pero confieso que cada día añoro más ese sonoro y estremecedor puñetazo en la mesa de España, que solo el rey puede dar.
Francisco Rubiales