"SITEL es un sistema capaz de escuchar y grabar el cien por cien de las vidas del cien por cien de los españoles. SITEL no te graba la conversación, te graba la vida". Lo acaba de afirmar Esteban González Pons, portavoz parlamentario del Partido Popular, confirmando así las sospechas y miedos de los demócratas españoles, que no queremos que un "juguete totalitario" de esa potencia sea controlado por un gobierno que no es fiable.
Si estuviera controlado por los jueces en todas sus fases, un sistema de espionaje avanzado como el SITEL sería tolerable, pero en manos de un gobierno poco fiable como el de Zapatero, el SITEL es un instrumento totalitario cargado de riesgo, que amenaza seriamente al ciudadano y es capaz de destruir la democracia.
Rubalcaba, para defender esa capacidad pública de espiar a cada español en sus conversaciones telefónicas, movimientos y uso de la informática, afirma que todo se hace bajo control judicial y ha mencionado al terrorismo y al narcotráfico como los enemigos que justifican el sistema de espionaje, ignorando que los ciudadanos españoles, en las encuestas, consideran ya a los políticos un problema mayor que los terroristas y los narcotraficantes.
En la reciente Conferencia Internacional de Conservación de Datos, celebrada en Madrid, el fiscal Pedro Martínez señaló en su ponencia que esta normativa “nos convierte a todos los ciudadanos en sospechosos, no diferencia entre personas honestas y delincuentes; por consiguiente, su objetivo no es controlar al delincuente, sino al ciudadano. Es pues una norma de control social como han denunciado numerosas asociaciones de derechos civiles”.
SITEL es un poderosísimo software de interceptación de telecomunicaciones que desarrolló Ericsson a petición del gobierno de Aznar, el cual sin embargo no se atrevió a implementarlo por las serias dudas que su encaje legal y constitucional suscitaba. Al gobierno de Zapatero, sin embargo, le faltó tiempo para ponerlo en marcha con la excusa de aumentar la eficacia en la persecución de los delitos.
Su implantación y uso está plagado de irregularidades, reales y potenciales, la primera en su propia raíz, pues se puso en marcha por medio de un vulgar reglamento, cuando por la naturaleza de la materia (derechos fundamentales) debería haberse regulado por ley orgánica, tal como manda la Constitución.
SITEL es un poderoso instrumento de control en manos del gobierno de turno que sólo es admisible en democracia cuando está controlado ferreamente por un sistema judicial fiable e independiente. En España, donde falla la confianza ciudadana en los políticos y donde la Justicia está polítizada hasta el tuétano, el SITEL es un arma totalitaria que podría ponerse al servicio de una casta o de un partido político y empleada para aterrorizar al ciudadano, para aplastar al adversario o para que un grupo político descontrolado pueda mantenerse permanentemente en el poder.
El fiscal Pedro Martínez, alarmado ante lo que el sistema de espionaje puede hacer, asegura que mediante estos datos de tráfico «se pueden saber los lugares por donde nos hemos movido durante el último año, con quién hemos hablado, dónde estaba nuestro interlocutor, cuánto tiempo duró la conversación, quiénes son nuestros amigos, nuestros clientes, los SMS que enviamos, a quién, las páginas web que visitamos, lo que descargamos, las compras que efectuamos por Internet, las operaciones de banca electrónica; en definitiva, nuestros gustos y preferencias podrán ser conocidas y analizadas».
El SITEL, por fin, ha llegado al Congreso, pero Rubalcaba, principal "controlador" del sistema, se ha limitado a acusar al PP de haberlo instalado y ha dicho que quienes deberían tener miedo de SITEL son los terroristas y los narcotraficantes, cerrando así el caso, sin otras garantías, sin más informaciones, sin expresar su voluntad de someter ese sistema espía al necesario control de los jueces.
Sin ese imprescindible control judicial y en manos de un gobierno que ha reconocido que aplica la ley "según convenga a la jugada", que ha demostrado con creces su capacidad de engañar, de mentir, de manipular y de ser arbitrario, en el que más del 60 por ciento de los ciudadanos, según las encuestas, han perdido la confianza, es un instrumento liberticida, un peligro mortal para la democracia y una amenaza directa para el ciudadano.
Si estuviera controlado por los jueces en todas sus fases, un sistema de espionaje avanzado como el SITEL sería tolerable, pero en manos de un gobierno poco fiable como el de Zapatero, el SITEL es un instrumento totalitario cargado de riesgo, que amenaza seriamente al ciudadano y es capaz de destruir la democracia.
Rubalcaba, para defender esa capacidad pública de espiar a cada español en sus conversaciones telefónicas, movimientos y uso de la informática, afirma que todo se hace bajo control judicial y ha mencionado al terrorismo y al narcotráfico como los enemigos que justifican el sistema de espionaje, ignorando que los ciudadanos españoles, en las encuestas, consideran ya a los políticos un problema mayor que los terroristas y los narcotraficantes.
En la reciente Conferencia Internacional de Conservación de Datos, celebrada en Madrid, el fiscal Pedro Martínez señaló en su ponencia que esta normativa “nos convierte a todos los ciudadanos en sospechosos, no diferencia entre personas honestas y delincuentes; por consiguiente, su objetivo no es controlar al delincuente, sino al ciudadano. Es pues una norma de control social como han denunciado numerosas asociaciones de derechos civiles”.
SITEL es un poderosísimo software de interceptación de telecomunicaciones que desarrolló Ericsson a petición del gobierno de Aznar, el cual sin embargo no se atrevió a implementarlo por las serias dudas que su encaje legal y constitucional suscitaba. Al gobierno de Zapatero, sin embargo, le faltó tiempo para ponerlo en marcha con la excusa de aumentar la eficacia en la persecución de los delitos.
Su implantación y uso está plagado de irregularidades, reales y potenciales, la primera en su propia raíz, pues se puso en marcha por medio de un vulgar reglamento, cuando por la naturaleza de la materia (derechos fundamentales) debería haberse regulado por ley orgánica, tal como manda la Constitución.
SITEL es un poderoso instrumento de control en manos del gobierno de turno que sólo es admisible en democracia cuando está controlado ferreamente por un sistema judicial fiable e independiente. En España, donde falla la confianza ciudadana en los políticos y donde la Justicia está polítizada hasta el tuétano, el SITEL es un arma totalitaria que podría ponerse al servicio de una casta o de un partido político y empleada para aterrorizar al ciudadano, para aplastar al adversario o para que un grupo político descontrolado pueda mantenerse permanentemente en el poder.
El fiscal Pedro Martínez, alarmado ante lo que el sistema de espionaje puede hacer, asegura que mediante estos datos de tráfico «se pueden saber los lugares por donde nos hemos movido durante el último año, con quién hemos hablado, dónde estaba nuestro interlocutor, cuánto tiempo duró la conversación, quiénes son nuestros amigos, nuestros clientes, los SMS que enviamos, a quién, las páginas web que visitamos, lo que descargamos, las compras que efectuamos por Internet, las operaciones de banca electrónica; en definitiva, nuestros gustos y preferencias podrán ser conocidas y analizadas».
El SITEL, por fin, ha llegado al Congreso, pero Rubalcaba, principal "controlador" del sistema, se ha limitado a acusar al PP de haberlo instalado y ha dicho que quienes deberían tener miedo de SITEL son los terroristas y los narcotraficantes, cerrando así el caso, sin otras garantías, sin más informaciones, sin expresar su voluntad de someter ese sistema espía al necesario control de los jueces.
Sin ese imprescindible control judicial y en manos de un gobierno que ha reconocido que aplica la ley "según convenga a la jugada", que ha demostrado con creces su capacidad de engañar, de mentir, de manipular y de ser arbitrario, en el que más del 60 por ciento de los ciudadanos, según las encuestas, han perdido la confianza, es un instrumento liberticida, un peligro mortal para la democracia y una amenaza directa para el ciudadano.
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