El Tribunal Supremo va a investigarlos en serio porque aprecia indicios de que Chaves, Griñán y los tres ex consejeros de la Junta, Gaspar Zarrias, Mar Mreno y José Antonio Viera, cometieron delitos de prevaricación y malversación al participar de manera activa en el sucio y delictivo asunto de los EREs fraudulentos, un revoltijo de corrupción institucional que implica al corazón de ese poder poder político andaluz que lleva casi cuatro décadas gobernando de manera interrumpida, sin suficientes controles cívicos, sin cautelas democráticas, sin que la ley les marque la ruta, sin participación popular, sin la eficiencia exigible y sin la limpieza necesaria.
Los ciudadanos saben en Andalucía que el delito múltiple de los EREs, que arrojó por las alcantarillas de la corrupción por lo menos 855 millones de euros, no es, ni mucho menos, el único que afecta a la Junta de Andalucía y a sus dos ex presidentes hoy señalados por el Tribunal Supremo. Es cierto que en esa ocasión no se hicieron efectivos los procedimientos y controles que regulan las subvenciones, pero hay decenas de asuntos turbios y presuntamente delictivos en la Andalucía socialista en los que las mismas reglas de control democrático y decente fueron violadas y pisoteadas.
El pueblo ya los ha juzgado y condenado con razón porque esos y otros gobernantes andaluces son culpables de muchos delitos, la mayoría no tipificados en nuestros códigos, pero no menos graves. La gente sabe que las leyes españolas permiten abusos a los poderosos y son implacables con los robagallinas y por eso se alegra cuando algunos miembros de la lamentable y rechazable élite del poder son sentados en el banquillo de los acusados.
Chaves, Griñán; Zarrías, Moreno y Viera son culpables de muchas cosas y el pueblo ya los ha condenado por irregularidades, abusos y delitos como los siguientes:
Haber construido en Andalucía un "régimen" escasamente compatible con la democracia, donde los políticos están atiborrados de privilegios y ventajas, en el que ciudadano ha sido expulsado de los procesos de participación y toma de decisiones y en el que la sociedad civil ha sido ocupada por los políticos y neutralizada, en el que el único protagonismo recae en un poder público agobiante, omnipresente y casi omnipotente, dueño de la mitad de la economía andaluza y con una densidad tal del poder público que para encostrar otros casos parecidos hay que viajar por el tiempo hasta cualquiera de las repúblicas soviéticas en tiempos de Leónidas Breznev, donde la presencia del PCUS y del poder de Moscú era igualmente agobiante y castrante.
Haber utilizado el dinero público para fortalecer su poder, demostrando a diestro y siniestro que quien se opone al sistema queda excluído de los favores, dádivas y ayudas del poder gobernante, una actitud miserable y contra la ley que convierte muchas subvenciones y contratos públicos en martillos y hachas en manos del gobierno y hace que las instituciones, empresas y ciudadanos que no doblen la rodilla ante la Junta queden en grave riesgo de marginación y ruina.
Haber construido una sociedad injusta que, a pesar de contar con riquezas de gran valor como el clima, el atractivo turístico, condiciones para la agricultura avanzada y una ciudadanía trabajadora y dispuesta a prosperar, sigue situada en la cola de España y de Europa, llena de desempleados, en la que la pobreza avanza y donde reinan la corrupción, la desigualdad, la desprotección de los mas débiles, el amiguismo, el nepotismo, la arbitrariedad y la corrupción a gran escala, en prácticamente todos los ámbitos y rincones.
Haber creado un poder público tan grande y poderosos que resulta desmesurado e incosteable, con cientos de instituciones, empresas, observatorios e institutos de capital público, innecesarios y útiles solamente para dos fines: colocar a los amigos del poder con sueldos del Estado y burlar las limitaciones y controles legales para el gasto publico.
Y para colmo de males, esos gobernantes andaluces a los que el Tribunal Supremo acaba de tirar de las orejas, son los responsables de haber llenado la comunidad de una red clientelar y de un poder tan capilar e imbricado que agobia y asfixia la vida y la economía, un poder que no se ha limitado a mantenerse en sus palacios y consejerías, sino que ha penetrado y ocupado sin piedad esa sociedad civil que la democracia exige que sea libre e independiente para que sirva de contrapeso al poder, comprando medios de comunicación con contratos de publicidad y otros pactos, maniatando a sindicatos y patronal con subvenciones condicionadas, inundando de políticos las cajas de ahorros, hasta lograr arruinarlas, agarrando por el cuello a las universidades y domesticando a diestra y siniestra a instituciones sin ánimo de lucro, empresas privadas, asociaciones culturales, cofradías y un largo etcétera que convierte al "regimen" socialista creado por Chaves y Griñán en un poder desmesurado y agobiante, que pesa como una losa de plomo sobre Andalucía y que impide tanto el progreso como la verdadera democracia y el mismo despertar ciudadano.
Los ciudadanos saben en Andalucía que el delito múltiple de los EREs, que arrojó por las alcantarillas de la corrupción por lo menos 855 millones de euros, no es, ni mucho menos, el único que afecta a la Junta de Andalucía y a sus dos ex presidentes hoy señalados por el Tribunal Supremo. Es cierto que en esa ocasión no se hicieron efectivos los procedimientos y controles que regulan las subvenciones, pero hay decenas de asuntos turbios y presuntamente delictivos en la Andalucía socialista en los que las mismas reglas de control democrático y decente fueron violadas y pisoteadas.
El pueblo ya los ha juzgado y condenado con razón porque esos y otros gobernantes andaluces son culpables de muchos delitos, la mayoría no tipificados en nuestros códigos, pero no menos graves. La gente sabe que las leyes españolas permiten abusos a los poderosos y son implacables con los robagallinas y por eso se alegra cuando algunos miembros de la lamentable y rechazable élite del poder son sentados en el banquillo de los acusados.
Chaves, Griñán; Zarrías, Moreno y Viera son culpables de muchas cosas y el pueblo ya los ha condenado por irregularidades, abusos y delitos como los siguientes:
Haber construido en Andalucía un "régimen" escasamente compatible con la democracia, donde los políticos están atiborrados de privilegios y ventajas, en el que ciudadano ha sido expulsado de los procesos de participación y toma de decisiones y en el que la sociedad civil ha sido ocupada por los políticos y neutralizada, en el que el único protagonismo recae en un poder público agobiante, omnipresente y casi omnipotente, dueño de la mitad de la economía andaluza y con una densidad tal del poder público que para encostrar otros casos parecidos hay que viajar por el tiempo hasta cualquiera de las repúblicas soviéticas en tiempos de Leónidas Breznev, donde la presencia del PCUS y del poder de Moscú era igualmente agobiante y castrante.
Haber utilizado el dinero público para fortalecer su poder, demostrando a diestro y siniestro que quien se opone al sistema queda excluído de los favores, dádivas y ayudas del poder gobernante, una actitud miserable y contra la ley que convierte muchas subvenciones y contratos públicos en martillos y hachas en manos del gobierno y hace que las instituciones, empresas y ciudadanos que no doblen la rodilla ante la Junta queden en grave riesgo de marginación y ruina.
Haber construido una sociedad injusta que, a pesar de contar con riquezas de gran valor como el clima, el atractivo turístico, condiciones para la agricultura avanzada y una ciudadanía trabajadora y dispuesta a prosperar, sigue situada en la cola de España y de Europa, llena de desempleados, en la que la pobreza avanza y donde reinan la corrupción, la desigualdad, la desprotección de los mas débiles, el amiguismo, el nepotismo, la arbitrariedad y la corrupción a gran escala, en prácticamente todos los ámbitos y rincones.
Haber creado un poder público tan grande y poderosos que resulta desmesurado e incosteable, con cientos de instituciones, empresas, observatorios e institutos de capital público, innecesarios y útiles solamente para dos fines: colocar a los amigos del poder con sueldos del Estado y burlar las limitaciones y controles legales para el gasto publico.
Y para colmo de males, esos gobernantes andaluces a los que el Tribunal Supremo acaba de tirar de las orejas, son los responsables de haber llenado la comunidad de una red clientelar y de un poder tan capilar e imbricado que agobia y asfixia la vida y la economía, un poder que no se ha limitado a mantenerse en sus palacios y consejerías, sino que ha penetrado y ocupado sin piedad esa sociedad civil que la democracia exige que sea libre e independiente para que sirva de contrapeso al poder, comprando medios de comunicación con contratos de publicidad y otros pactos, maniatando a sindicatos y patronal con subvenciones condicionadas, inundando de políticos las cajas de ahorros, hasta lograr arruinarlas, agarrando por el cuello a las universidades y domesticando a diestra y siniestra a instituciones sin ánimo de lucro, empresas privadas, asociaciones culturales, cofradías y un largo etcétera que convierte al "regimen" socialista creado por Chaves y Griñán en un poder desmesurado y agobiante, que pesa como una losa de plomo sobre Andalucía y que impide tanto el progreso como la verdadera democracia y el mismo despertar ciudadano.