Si Rajoy, en lugar de ser un político cobarde y pasivo fuera osado e inteligente, convocaría inmediatamente ese referéndum y emplazaría a todos los ciudadanos de España a que se pronuncien sobre la independencia de Cataluña.
Ese referéndum, que sería aplaudido en España y en la comunidad internacional, se interpretaría como una verdadera respuesta española, democrática y adecuada, al serio conflicto independentista catalán y despojaría a los separatistas de su argumento principal, repetido hasta la saciedad: "Queremos votar en un referéndum sobre la independencia".
La Constitución establece que la soberanía descansa sobre el pueblo entero de España y es ese pueblo el que debe pronunciarse sobre cualquier proyecto de secesión.
Puigdemont, al ser interrogado en Dinamarca sobre la celebración de un referéndum legal, en toda España, sobre la independencia de Cataluña, aceptó la idea como posible y aceptable.
Pero ese referendum, legal y constitucional, también tiene dos riesgos de gran calado que aterrorizan al gobierno de Rajoy: el primero es que Puigdemont, que ha estudiado todas las opciones del independentismo y sabe que perderá la consulta, podría aislar los datos obtenidos en Cataluña, donde la opción separatista podría ganar, dejando claro en todo el mundo que el pueblo catalán, mayoritariamente, desea ser independiente; el segundo riesgo es que el referendum abriría en España entera un serio debate sobre el problema catalán y ese debate quizás toque lo que constituye uno de los núcleos del problema, que es el de una España real, al desnudo, que, por su corrupción, desigualdad, mal gobierno y abusos del poder político, no es un país realmente democrático, ni atractivo para sus ciudadanos.
Pero, a pesar de esos riesgos, el gobierno de Rajoy, si fuera inteligente y decente, debería convocar la consulta y presentar ante el mundo la victoria abrumadora de los españoles que desean que Cataluña siga formando parte de España.
Francisco Rubiales
Ese referéndum, que sería aplaudido en España y en la comunidad internacional, se interpretaría como una verdadera respuesta española, democrática y adecuada, al serio conflicto independentista catalán y despojaría a los separatistas de su argumento principal, repetido hasta la saciedad: "Queremos votar en un referéndum sobre la independencia".
La Constitución establece que la soberanía descansa sobre el pueblo entero de España y es ese pueblo el que debe pronunciarse sobre cualquier proyecto de secesión.
Puigdemont, al ser interrogado en Dinamarca sobre la celebración de un referéndum legal, en toda España, sobre la independencia de Cataluña, aceptó la idea como posible y aceptable.
Pero ese referendum, legal y constitucional, también tiene dos riesgos de gran calado que aterrorizan al gobierno de Rajoy: el primero es que Puigdemont, que ha estudiado todas las opciones del independentismo y sabe que perderá la consulta, podría aislar los datos obtenidos en Cataluña, donde la opción separatista podría ganar, dejando claro en todo el mundo que el pueblo catalán, mayoritariamente, desea ser independiente; el segundo riesgo es que el referendum abriría en España entera un serio debate sobre el problema catalán y ese debate quizás toque lo que constituye uno de los núcleos del problema, que es el de una España real, al desnudo, que, por su corrupción, desigualdad, mal gobierno y abusos del poder político, no es un país realmente democrático, ni atractivo para sus ciudadanos.
Pero, a pesar de esos riesgos, el gobierno de Rajoy, si fuera inteligente y decente, debería convocar la consulta y presentar ante el mundo la victoria abrumadora de los españoles que desean que Cataluña siga formando parte de España.
Francisco Rubiales