Antes nadie se atrevía a hablar del tema, pero ahora se ha roto el tabú y el "castigo de Zapatero" por el daño que ha causado a España se ha convertido en uno de los grandes temas de conversación para los españoles en los bares, cafeterías, restaurantes, hogares y puestos de trabajo. La gente decente y los demócratas de España han asumido una verdad importante: castigar a Zapatero no es una opción sino un deber para evitar que en el futuro otro incapacitado caprichoso y egoísta vuelva a sumir a España en la ruina y el desastre.
Unos empresarios catalanes vinculados a CIU han roto el fuego y han solicitado que el Congreso destituya a Zapatero por incapacidad mental para gobernar. La imagen del sátrapa egipcio Hosni Mubarak compareciendo ante la Justicia ha servido para avivar el debate y para que los medios libres de Internet planteen la necesidad de sentar a Zapatero ante la Justicia española para sentar un precedente y lanzar así una advertencia a otros políticos ineptos, mentirosos y sin escrúpulos del futuro.
La impunidad de los políticos es una indecencia antidemocrática e inmoral que mancha y deslegitima el sistema. Si hubieran tenido que responder de sus actos, habrían gobernado mejor, habrían otorgado prioridad al bien común, habrían viglado a las entidades financieras, habrían gastado menos y habrían evitado la actual crisis, que no es otra cosa que el resultado de tener a canallas impunes al frente de muchos gobiernos.
Sobre las impunidades que los políticos se han autoadjudicado, de espaldas al pueblo, debe prevalecer el viejo y sabio principio de que el que rompe paga o aquel que afirma que quien tiene más poder tiene más responsabilidad.
Mientras que esas impunidades no sean suprimidas y los políticos, como los demás ciudadanos, tengan que cumplir la ley, el sistema, al que llaman democracia, no será otra cosa que una pocilga al servicio de los poderosos y de los sátrapas.
Es cierto que los que gobiernan debe contar con cierta tolerancia a la hora de juzgar los resultados de sus decisiones, pero siempre que esas decisiones hayan sido tomadas con buena voluntad, en busca del bien común y como respuesta a necesidades y demandas ciudadanas. El caso de Zapatero nada tiene que ver con esas premisas porque sus decisiones han sido sectarias e interesadas, más consecuencia de sus caprichos y de sus propios intereses que del bien general.
El Estatuto de Cataluña, cuando fue impulsado por el propio Zapatero, ni siqiuiera era una demanda popular, ya que únicamente respondía al deseo del 5 por ciento de los catalanes. Zapatero impulsó ese estatuto insolidario y desigual, además de inconstitucional y soberanista, sólo para fortalecer su alianza con los nacionalistas catalanes, cuyos votos necesitaba para mantenerse en el poder. Si eso no es un delito político por el que hay que responder ante la ley y los ciudadanos, que venga Dios y lo vea. Delitos políticos de similar naturaleza, aunque legalizados en una democracia tan sucia e indecente como la española, fueron otras actuaciones de Zapatero como su compra de votos y apoyos con dinero público, sus mentiras permanente, que violaban el derecho de los ciudadanos a conocer siempre la verdad, su negación de la existencia de la crisis, con el consiguiente retraso de medidas que eran vitales, sin otro motivo que engañar al pueblo para ganar las elecciones de 2008 y su truculenta y tramposa negociación con ETA, realizada en secreto, amparada por la mentira y realizada al margen y en contra de la opinión pública.
No menos graves han sido su endeudamiento atroz, su despilfarro hiriente y su afán por legislar en contra de la voluntad popular, actuaciones que, aunque legales, son de una vileza antidemocrático merecedora de castigo.
Zapatero ha sido y sigue siendo un drama para España, un mal gobernante que ha llevado al país hasta la postración, la pobreza, el sufrimiento y el fracaso. Durante su mandato, la arbitrariedad y la corrupción han minado los cimientos del Estado y corrompido el sistema. Su balance como dirigente es estremecedor y la España que deja como herencia es un país derrotado, empobrecido, triste, sin esperanza, sin confianza, dividido y con sus instituciones en un preocupante nivel de desprestigio.
Cualquier ciudadano que en la vida hubiera causado a España la milésima parte de los daños que ha causado Zapatero estaría pudriéndose en la cárcel. Si eso es así, ¿por qué Zapatero, en lugar de pagar por sus daños y arbitrariedades, va a gozar de un retiro de lujo, pagado con el dinero público que él ha despilfarrado, formando parte de un Consejo de Estado que debería estar integrado por personas respetables y disfrutando de privilegios hasta la hora de su muerte, sin pagar por ninguno de sus abusos y aberraciones?
La España actual, empobrecida, envilecida y prostituida por sus gobernantes, necesita castigar a Zapatero y lograr que ese castigo, ejemplar, sirva de cimiento para que podamos construir una nueva España, con políticos bajo control, con partidos que se financien con sus propios fondos, con un Estado dominado por el ética, sin chorizos y sinvergüenzas en el poder y con las leyes de la democracia vigentes.
La lucha por conseguir que Zapatero sea castigado debería ser prioritaria para todo español demócrata y decente, para todo ciudadano que ame a su país. Permitir que un personaje como Zapatero, tan dañino o más que el felón rey Fernando VII, se escape sin castigo y con premio tras sus fechorías es una vergüenza nacional y una humillación para el país entero y cada uno de sus ciudadanos.
Unos empresarios catalanes vinculados a CIU han roto el fuego y han solicitado que el Congreso destituya a Zapatero por incapacidad mental para gobernar. La imagen del sátrapa egipcio Hosni Mubarak compareciendo ante la Justicia ha servido para avivar el debate y para que los medios libres de Internet planteen la necesidad de sentar a Zapatero ante la Justicia española para sentar un precedente y lanzar así una advertencia a otros políticos ineptos, mentirosos y sin escrúpulos del futuro.
La impunidad de los políticos es una indecencia antidemocrática e inmoral que mancha y deslegitima el sistema. Si hubieran tenido que responder de sus actos, habrían gobernado mejor, habrían otorgado prioridad al bien común, habrían viglado a las entidades financieras, habrían gastado menos y habrían evitado la actual crisis, que no es otra cosa que el resultado de tener a canallas impunes al frente de muchos gobiernos.
Sobre las impunidades que los políticos se han autoadjudicado, de espaldas al pueblo, debe prevalecer el viejo y sabio principio de que el que rompe paga o aquel que afirma que quien tiene más poder tiene más responsabilidad.
Mientras que esas impunidades no sean suprimidas y los políticos, como los demás ciudadanos, tengan que cumplir la ley, el sistema, al que llaman democracia, no será otra cosa que una pocilga al servicio de los poderosos y de los sátrapas.
Es cierto que los que gobiernan debe contar con cierta tolerancia a la hora de juzgar los resultados de sus decisiones, pero siempre que esas decisiones hayan sido tomadas con buena voluntad, en busca del bien común y como respuesta a necesidades y demandas ciudadanas. El caso de Zapatero nada tiene que ver con esas premisas porque sus decisiones han sido sectarias e interesadas, más consecuencia de sus caprichos y de sus propios intereses que del bien general.
El Estatuto de Cataluña, cuando fue impulsado por el propio Zapatero, ni siqiuiera era una demanda popular, ya que únicamente respondía al deseo del 5 por ciento de los catalanes. Zapatero impulsó ese estatuto insolidario y desigual, además de inconstitucional y soberanista, sólo para fortalecer su alianza con los nacionalistas catalanes, cuyos votos necesitaba para mantenerse en el poder. Si eso no es un delito político por el que hay que responder ante la ley y los ciudadanos, que venga Dios y lo vea. Delitos políticos de similar naturaleza, aunque legalizados en una democracia tan sucia e indecente como la española, fueron otras actuaciones de Zapatero como su compra de votos y apoyos con dinero público, sus mentiras permanente, que violaban el derecho de los ciudadanos a conocer siempre la verdad, su negación de la existencia de la crisis, con el consiguiente retraso de medidas que eran vitales, sin otro motivo que engañar al pueblo para ganar las elecciones de 2008 y su truculenta y tramposa negociación con ETA, realizada en secreto, amparada por la mentira y realizada al margen y en contra de la opinión pública.
No menos graves han sido su endeudamiento atroz, su despilfarro hiriente y su afán por legislar en contra de la voluntad popular, actuaciones que, aunque legales, son de una vileza antidemocrático merecedora de castigo.
Zapatero ha sido y sigue siendo un drama para España, un mal gobernante que ha llevado al país hasta la postración, la pobreza, el sufrimiento y el fracaso. Durante su mandato, la arbitrariedad y la corrupción han minado los cimientos del Estado y corrompido el sistema. Su balance como dirigente es estremecedor y la España que deja como herencia es un país derrotado, empobrecido, triste, sin esperanza, sin confianza, dividido y con sus instituciones en un preocupante nivel de desprestigio.
Cualquier ciudadano que en la vida hubiera causado a España la milésima parte de los daños que ha causado Zapatero estaría pudriéndose en la cárcel. Si eso es así, ¿por qué Zapatero, en lugar de pagar por sus daños y arbitrariedades, va a gozar de un retiro de lujo, pagado con el dinero público que él ha despilfarrado, formando parte de un Consejo de Estado que debería estar integrado por personas respetables y disfrutando de privilegios hasta la hora de su muerte, sin pagar por ninguno de sus abusos y aberraciones?
La España actual, empobrecida, envilecida y prostituida por sus gobernantes, necesita castigar a Zapatero y lograr que ese castigo, ejemplar, sirva de cimiento para que podamos construir una nueva España, con políticos bajo control, con partidos que se financien con sus propios fondos, con un Estado dominado por el ética, sin chorizos y sinvergüenzas en el poder y con las leyes de la democracia vigentes.
La lucha por conseguir que Zapatero sea castigado debería ser prioritaria para todo español demócrata y decente, para todo ciudadano que ame a su país. Permitir que un personaje como Zapatero, tan dañino o más que el felón rey Fernando VII, se escape sin castigo y con premio tras sus fechorías es una vergüenza nacional y una humillación para el país entero y cada uno de sus ciudadanos.