La realidad supera a la ficción y causa espanto, hasta el punto de que cabe afirmar que, para regenerarse, no sería suficiente para España ni una nueva Constitución ni una nueva ley electoral, ni un código penal más severo, ni precintar todos los partidos políticos, sino un exorcismo en toda regla, practicado por una patrulla de expertos en expulsar a los diablos de este país.
La fórmula impuesta por Europa para liquidar el Banco Popar es una salvajada contraria al derecho romano y las leyes y costumbres comunes vigentes en el mundo civilizado porque despoja a los accionistas de todos sus derechos y les roba con todas las bendiciones de una democracia de la que ya no queda ni la sombra.
Ha sido un ataque feroz y despiadado contra las viejas leyes, realizado contra unos accionistas españoles y contra un banco español, quizás porque España carece de peso internacional y porque su gobierno es incapaz de poner el grito en el cielo para defender a sus ciudadanos expoliados.
Jamás se habrían atrevido a hacer lo mismo con un banco alemán o francés.
En el futuro veremos con claridad todo el inmenso alcance de la vileza y la brutalidad cometidas contra el banco, contra España y contra 300.000 accionistas a los que se ha aplastado y expoliado.
El expolio tiene muchos autores, pero no por eso deja de ser indecente y rastrero: el Banco Central Europeo, que ha expropiado a los accionistas y les ha hecho pagar la factura de errores y fallos de los que los principales responsables son los banqueros de la autoridad monetaria y bancaria europea, que diseñaron y practicaron esos famosos "tests de estrés" que el Popular superó y que convencieron a los accionistas y usuarios del banco de que la entidad era solvente.
Las víctimas están indignadas y se sienten robadas por las autoridades que tenían obligación de cuidar sus derechos. Algunos despachos de abogados han emprendido ya las primeras acciones judiciales en la Audiencia Nacional contra el último consejo de administración del Banco Popular. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha anunciado que presentará una querella en este sentido. En toda España los damnificados se asocian y muchos abogados promueven demandas colectivas de afectados.
Los hechos son dramáticos y claman al cielo porque están cargados de oprobio, injusticia y abuso de poder. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tenía la obbligación de informar que el Mecanismo Único de Resolución (MUR) entró en vigor el 1 de enero de 2016 y con anterioridad, el 30 de noviembre de 2015, se creó el Fondo Único de Resolución (FUR). La afectación a los accionistas de entidades bancarias era máxima ya que el (MUR) tiene por objeto garantizar la resolución ordenada de los bancos en graves dificultades sin recurrir al dinero de los contribuyentes. La CNMV es la institución que debe de velar que el mercado financiero no sea una selva, sin embargo, lo dejó en el “ya se enterarán”. Es obvio que los accionistas, sobre todo los pequeños ahorradores, han sido estafados y saqueados, como también lo es que los inútiles e incompetentes mecanismos reguladores españoles, desde el Banco de España a la C.N.M.V y otros, incluyendo a los ministerios de Hacienda y Economía, deberían haber vigilado, detectado la ruina del banco y defendido los intereses de sus accionistas y usuarios, pero que no hicieron otra cosa que contemplar como el edificio centenario del banco del Opus Dei se hundía.
Los directivos del Banco y su Consejo de Administración, que no sólo condujeron al banco hasta su ruina, sino que lo hicieron cobrando cantidades estratosféricas de dinero, al ritmo, en algunos casos de casi 50.000 euros diarios.
Pero hay más responsables, incluyendo a los ciudadanos, por permitir con gran cobardía ser una y otra vez estafados, el gobierno mismo, por su incapacidad de defender a los españoles, y el sistema financiero en pleno, por no reaccionar cuando una de sus columnas saltaba por los aires.
Hay conclusiones inmediatas que se abren paso con fuerza: el Banco de España debe cerrar, pues solo sirve para pagar sueldos a gente sin poder, capacidad o actividad, y el gobierno de España debería dimitir por haber sido indecentemente pasivo ante la catástrofe, por haberse dejado ningunear y por permitir que le arrebaten una soberanía nacional que, según la Constitución, no es de ellos y sigue residiendo en el burlado y engañado pueblo español.
¿Cómo solucionar el inmenso drama de España, un país tan podrido e ineficaz que da pena y miedo?
Lo digo con dolor, pero no hay otra solución que un gran exorcismo. Hay que pedir al papa Francisco que nos envíe una legion de expertos en liquidar demonios para que expulsen de esta pobre nación a todos sus peores diablos, hoy quizás más desatados y más dueños de España que nunca antes, desde los demonios del mal gobierno a los de la corrupción, desde los demonios de la cobardía a los del la insolidaridad y el victimismo, sin olvidar a los mentirosos, engañadores, rompedores de la unidad nacional, nacionalistas, hipócritas, violadores de la Constitución, sátrapas, ladrones de impuestos, explotadores, saqueadores y corruptos de todos los colores e ideas.
¡¡¡ Ab insidiis diaboli, libera nos, Domine !!!
Francisco Rubiales
La fórmula impuesta por Europa para liquidar el Banco Popar es una salvajada contraria al derecho romano y las leyes y costumbres comunes vigentes en el mundo civilizado porque despoja a los accionistas de todos sus derechos y les roba con todas las bendiciones de una democracia de la que ya no queda ni la sombra.
Ha sido un ataque feroz y despiadado contra las viejas leyes, realizado contra unos accionistas españoles y contra un banco español, quizás porque España carece de peso internacional y porque su gobierno es incapaz de poner el grito en el cielo para defender a sus ciudadanos expoliados.
Jamás se habrían atrevido a hacer lo mismo con un banco alemán o francés.
En el futuro veremos con claridad todo el inmenso alcance de la vileza y la brutalidad cometidas contra el banco, contra España y contra 300.000 accionistas a los que se ha aplastado y expoliado.
El expolio tiene muchos autores, pero no por eso deja de ser indecente y rastrero: el Banco Central Europeo, que ha expropiado a los accionistas y les ha hecho pagar la factura de errores y fallos de los que los principales responsables son los banqueros de la autoridad monetaria y bancaria europea, que diseñaron y practicaron esos famosos "tests de estrés" que el Popular superó y que convencieron a los accionistas y usuarios del banco de que la entidad era solvente.
Las víctimas están indignadas y se sienten robadas por las autoridades que tenían obligación de cuidar sus derechos. Algunos despachos de abogados han emprendido ya las primeras acciones judiciales en la Audiencia Nacional contra el último consejo de administración del Banco Popular. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha anunciado que presentará una querella en este sentido. En toda España los damnificados se asocian y muchos abogados promueven demandas colectivas de afectados.
Los hechos son dramáticos y claman al cielo porque están cargados de oprobio, injusticia y abuso de poder. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tenía la obbligación de informar que el Mecanismo Único de Resolución (MUR) entró en vigor el 1 de enero de 2016 y con anterioridad, el 30 de noviembre de 2015, se creó el Fondo Único de Resolución (FUR). La afectación a los accionistas de entidades bancarias era máxima ya que el (MUR) tiene por objeto garantizar la resolución ordenada de los bancos en graves dificultades sin recurrir al dinero de los contribuyentes. La CNMV es la institución que debe de velar que el mercado financiero no sea una selva, sin embargo, lo dejó en el “ya se enterarán”. Es obvio que los accionistas, sobre todo los pequeños ahorradores, han sido estafados y saqueados, como también lo es que los inútiles e incompetentes mecanismos reguladores españoles, desde el Banco de España a la C.N.M.V y otros, incluyendo a los ministerios de Hacienda y Economía, deberían haber vigilado, detectado la ruina del banco y defendido los intereses de sus accionistas y usuarios, pero que no hicieron otra cosa que contemplar como el edificio centenario del banco del Opus Dei se hundía.
Los directivos del Banco y su Consejo de Administración, que no sólo condujeron al banco hasta su ruina, sino que lo hicieron cobrando cantidades estratosféricas de dinero, al ritmo, en algunos casos de casi 50.000 euros diarios.
Pero hay más responsables, incluyendo a los ciudadanos, por permitir con gran cobardía ser una y otra vez estafados, el gobierno mismo, por su incapacidad de defender a los españoles, y el sistema financiero en pleno, por no reaccionar cuando una de sus columnas saltaba por los aires.
Hay conclusiones inmediatas que se abren paso con fuerza: el Banco de España debe cerrar, pues solo sirve para pagar sueldos a gente sin poder, capacidad o actividad, y el gobierno de España debería dimitir por haber sido indecentemente pasivo ante la catástrofe, por haberse dejado ningunear y por permitir que le arrebaten una soberanía nacional que, según la Constitución, no es de ellos y sigue residiendo en el burlado y engañado pueblo español.
¿Cómo solucionar el inmenso drama de España, un país tan podrido e ineficaz que da pena y miedo?
Lo digo con dolor, pero no hay otra solución que un gran exorcismo. Hay que pedir al papa Francisco que nos envíe una legion de expertos en liquidar demonios para que expulsen de esta pobre nación a todos sus peores diablos, hoy quizás más desatados y más dueños de España que nunca antes, desde los demonios del mal gobierno a los de la corrupción, desde los demonios de la cobardía a los del la insolidaridad y el victimismo, sin olvidar a los mentirosos, engañadores, rompedores de la unidad nacional, nacionalistas, hipócritas, violadores de la Constitución, sátrapas, ladrones de impuestos, explotadores, saqueadores y corruptos de todos los colores e ideas.
¡¡¡ Ab insidiis diaboli, libera nos, Domine !!!
Francisco Rubiales