“Imaginaba a los hombres como en efecto son, como insectos que se van devorando unos a otros, sobre un pequeño átomo de barro”.
François-Marie Arouet, “Voltaire”
Coincidiendo con la decisión que adoptó el pasado martes la mayoría de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, todos los miembros, sin excepción, de la Sala de Gobierno (pido disculpas al amable, atento, dilecto, discreto y selecto lector por la iteración) del Tribunal Supremo (TS) dictaminaron este pretérito y postrero jueves la improcedencia manifiesta de que el presidente del tribunal susodicho y, asimismo, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, fuera citado para que acudiera ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja a explicar qué criterios toman en consideración los jueces a la hora de aplicar las leyes que tienen que ver con el cumplimiento de las penas impuestas por delitos de terrorismo.
La comparecencia es palmariamente improcedente por la sencilla razón de que los jueces son independientes (si la citación, cursada por el presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, fue tramitada, previa solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, dónde estaba el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que no les advirtió a sus conmilitones y correligionarios del absurdo catastófrico en el que tal petición podría acabar, coronar, derivar o devenir, porque, si no marro, en el supuesto de que Hernando compareciera -pues, aunque don Francisco José ya le ha contestado a don Manuel, la decisión de este último aún está en el aire-, se escenificaría un esperpento de aúpa, órdago o proporciones colosales, ya que sólo podría decirles a los parlamentarios que no podía decirles nada al respecto) en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
Acabo de leer la misiva que Hernando le remitió ayer a Marín, en la que, razonadamente (para muestra basta y sobra con un botón: ”Tanto un deber de prudencia como el mandato de imparcialidad me impiden anticipar mi criterio sobre aspectos que pudieran merecer un posterior pronunciamiento judicial”), le pide que reconsidere su convocatoria para la próxima semana.
En la modesta opinión de “Otramotro”, un diletante en cuestiones de Derecho, don Francisco José obvió/olvidó suministrarle a don Manuel este argumento irrefutable, definitivo, que ambos, por razón de sus respectivos cargos, están obligados a frenar las sinrazones o los disparates cómicos en curso, que, una vez cursados, tanto daño infligen a la, amén de menoscabada, menos mala de las formas de gobierno algunos comportamientos (in)coherentes, (in)congruentes, (in)consecuentes y determinados procedimientos democráticos.
Aquí, como colofón, vienen pintipados, como alianzas a los anulares, dos sentencias que aprendí de boca de mi señor, señero y piadoso padre, Eusebio: “Juzgar por necesidad, fallar por obligación” y “Quien elude la ocasión ingrata evita el peligro”.
Ángel Sáez García
François-Marie Arouet, “Voltaire”
Coincidiendo con la decisión que adoptó el pasado martes la mayoría de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, todos los miembros, sin excepción, de la Sala de Gobierno (pido disculpas al amable, atento, dilecto, discreto y selecto lector por la iteración) del Tribunal Supremo (TS) dictaminaron este pretérito y postrero jueves la improcedencia manifiesta de que el presidente del tribunal susodicho y, asimismo, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, fuera citado para que acudiera ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja a explicar qué criterios toman en consideración los jueces a la hora de aplicar las leyes que tienen que ver con el cumplimiento de las penas impuestas por delitos de terrorismo.
La comparecencia es palmariamente improcedente por la sencilla razón de que los jueces son independientes (si la citación, cursada por el presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, fue tramitada, previa solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, dónde estaba el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que no les advirtió a sus conmilitones y correligionarios del absurdo catastófrico en el que tal petición podría acabar, coronar, derivar o devenir, porque, si no marro, en el supuesto de que Hernando compareciera -pues, aunque don Francisco José ya le ha contestado a don Manuel, la decisión de este último aún está en el aire-, se escenificaría un esperpento de aúpa, órdago o proporciones colosales, ya que sólo podría decirles a los parlamentarios que no podía decirles nada al respecto) en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
Acabo de leer la misiva que Hernando le remitió ayer a Marín, en la que, razonadamente (para muestra basta y sobra con un botón: ”Tanto un deber de prudencia como el mandato de imparcialidad me impiden anticipar mi criterio sobre aspectos que pudieran merecer un posterior pronunciamiento judicial”), le pide que reconsidere su convocatoria para la próxima semana.
En la modesta opinión de “Otramotro”, un diletante en cuestiones de Derecho, don Francisco José obvió/olvidó suministrarle a don Manuel este argumento irrefutable, definitivo, que ambos, por razón de sus respectivos cargos, están obligados a frenar las sinrazones o los disparates cómicos en curso, que, una vez cursados, tanto daño infligen a la, amén de menoscabada, menos mala de las formas de gobierno algunos comportamientos (in)coherentes, (in)congruentes, (in)consecuentes y determinados procedimientos democráticos.
Aquí, como colofón, vienen pintipados, como alianzas a los anulares, dos sentencias que aprendí de boca de mi señor, señero y piadoso padre, Eusebio: “Juzgar por necesidad, fallar por obligación” y “Quien elude la ocasión ingrata evita el peligro”.
Ángel Sáez García