El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de dar al gobierno un severo correctivo al declara ilegal y abusiva la. Roma que obligaba a la Guardia Civil de Tráfico a poner un mínimo de multas bajo la amenaza de perder complementos de sueldo. Se trata de una norma perversa e indecente que convierte al guardia en verdugo y al al conductor en víctima indefensa.
El tribunal madrileño anula el Resumen de Actividades Individuales de los agentes de la Guardia Civil que tiene en cuenta las multas de tráfico. Este sistema, integrado en el año 2010, llega a su fin tras las numerosas denuncias interpuestas por diversas asociaciones con el objetivo de anular la peligrosa competitividad entre los agentes.
La norma anulada, según la cual se premiaba al guardia que mas multaba, era, a todas luces, un abuso indecente y antidemocrático que convierte a la autoridad no en amigo o aliado del ciudadano, como es preceptivo en democracia, sino en enemigo.
La sentencia es fruto del recurso presentado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). El colectivo de agentes AUGC solicitaba la anulación del RAI (que incentivaba por poner multas a los agentes de la Guardia Civil), impuesto por la dirección general, sin que previamente hubiese sido informado ni el Consejo del Instituto Armado ni las asociaciones profesionales.
Un gobierno que es capaz de dictar ese tipo de normas, movido solo por afán recaudatorio, es un gobierno sin dignidad, decencia ni espíritu democrático, que desprecia al ciudadano, al que está obligado a servir en democracia, que ha alterado los valores y que antepone con suma facilidad sus propios intereses al interés general y al bien común.
La norma anulada es también una muestra mas de la degradación de la política española y del profundo deterioro de la clase dirigente, convertida en una de las peores del mundo y en la mas divorciada y rechazada por sus ciudadanos en toda Europa.
El tribunal madrileño anula el Resumen de Actividades Individuales de los agentes de la Guardia Civil que tiene en cuenta las multas de tráfico. Este sistema, integrado en el año 2010, llega a su fin tras las numerosas denuncias interpuestas por diversas asociaciones con el objetivo de anular la peligrosa competitividad entre los agentes.
La norma anulada, según la cual se premiaba al guardia que mas multaba, era, a todas luces, un abuso indecente y antidemocrático que convierte a la autoridad no en amigo o aliado del ciudadano, como es preceptivo en democracia, sino en enemigo.
La sentencia es fruto del recurso presentado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). El colectivo de agentes AUGC solicitaba la anulación del RAI (que incentivaba por poner multas a los agentes de la Guardia Civil), impuesto por la dirección general, sin que previamente hubiese sido informado ni el Consejo del Instituto Armado ni las asociaciones profesionales.
Un gobierno que es capaz de dictar ese tipo de normas, movido solo por afán recaudatorio, es un gobierno sin dignidad, decencia ni espíritu democrático, que desprecia al ciudadano, al que está obligado a servir en democracia, que ha alterado los valores y que antepone con suma facilidad sus propios intereses al interés general y al bien común.
La norma anulada es también una muestra mas de la degradación de la política española y del profundo deterioro de la clase dirigente, convertida en una de las peores del mundo y en la mas divorciada y rechazada por sus ciudadanos en toda Europa.