Información y Opinión

Antidemocracia en el Ayuntamiento de Sevilla



Tras los escándalos causados por el despilfarro reiterado del presidente de la Xunta de Galicia al adquirir con dinero público, en tiempos de crisis y de austeridad obligada, uno de los coches más caros del mundo (480.000 euros), y gastar otros cientos de miles de euros en lujosas mesas, sillas, audifonía y suelo para sus despachos oficiales, conocemos otra barbaridad antidemocrática, esta vez ocurrida en Sevilla, hiriente para la ciudadanía de una ciudad asolada por el desempleo y la pobreza, donde la afluencia a los comedores de caridad es ya un fenómeno sobrecogedor y penoso.
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Izquierda Unida, socio del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, ha desviado casi un millón de euros para financiar proyectos políticos en tiranías amigas como Cuba y Nicaragua, a pesar del informe en contra del interventor municipal. Se trata de una nueva actuación antidemocrática del ayuntamiento de una ciudad como Sevilla, azotada por el desempleo y la pobreza, donde las colas en los comedores de Cáritas constituyen ya un fenómeno urbano triste y penoso.

Muchos sevillanos se sentían hoy indignados al conocer por la prensa la injusta, partidista y sectaria actuación de su Ayuntamiento, denunciada por la oposición del Partido Popular. El responsable de esa barbaridad política no es el comunista Antonio Rodrigo Torrijos, primer teniente de Alcalde y líder de IU en el Consistorio, sino Alfredo Sánchez Monteseirín, alcalde socialista, por ser la autoridad máxima y por haber permitido esa actuación, contraria a la opinión pública y a los intereses de los sevillanos.

Los euros "liberados" para amiguetes de ultramar han sido 838.526 y se han destinado a financiar proyectos de la tiranía castrista, de las juventudes comunistas de Colombia y del Partido Sandinista de Nicaragua.

Nada tenemos que objetar a la política de cooperación internacional, pero si objetamos y nos indignamos cuando esa política se diseña con criterios partidistas y sectarios y cuando se destinan fondos al exterior mientras hay decenas de miles de ciudadanos de Sevilla que están perdiendo sus viviendas por falta de pago y que sólo comen porque son acogidos en los comedores de la Iglesia Católica.

La Fiscalía debería actuar de oficio y acusar de "malversación" a los responsables de esa burda política. La acusación se sostiene fácilmente si se tiene en cuenta que ese gasto no es necesario, ni urgente y en que las decisiones políticas adoptadas no sólo son sectarias y arbitrarias sino que marginan a los ciudadanos necesitados de la propia ciudad de Sevilla, que son los que aportan ese dinero con sus impuestos.

Pero, en realidad, la degradación de la política española permite pensar que no ocurrirá nada y que este nuevo abuso de poder, una vez más, quedará impune.

   
Jueves, 5 de Febrero 2009
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