El desempleo es un crimen horrendo que priva a quien lo sufre de su derecho constitucional a trabajar, de ingresos económicos suficientes para vivir con dignidad, que acorta la vida, produce un estrés demoledor, humilla y convierte a sus víctimas en seres derrotados y socialmente mercados. El desahucio es un crimen todavía más grave porque acorrala a las familias, las deja sin hogar y empuja a sus victimas hacia la desesperación. Un Estado como el español, que ha creado más de cinco millones de ciudadanos sin empleo y que permite, sin inmutarse, un ritmo infernal de desahucios, es un Estado criminal. Y si el Estado es criminal, sus gestores, los políticos, también lo son. Los políticos gobernantes, gestores del Estado, después de haber recibido del ciudadano el poder y los privilegios para decidir y conducir la nación, deben responder de sus actos y pagar por los deleznables crímenes que se cometen bajo su mandato directo. Pero ellos eluden la responsabilidad, ocultan sus fechorías y, aunque parezca increíble, siguen moviendose por los actos públicos, las calles y plazas de España con la cabeza alta, como si nu estuvieran marcados por el crimen.
Criminal es aquel que es responsable de un crimen, esté tipificado o no en los códigos. Aunque un gobierno legalice el asesinato, si ese gobierno mata, es criminal. Los gobiernos que asesinan a sus ciudadanos, aunque los señale previamente como terroristas, son criminales, al igual que si los arruina, les arrebata sus viviendas y les lleva a la desesperación y el suicidio, si les hace infelices y si convierte la vida de los administrados en un suplicio.
A veces, no son necesarios los cadáveres para cometer crímenes. En España, dejar a 5.000.000 de personas sin su derecho constitucional a trabajar no está tipificado como delito, pero es un crimen de la peor clase, generador de dolor y de todo tipo de traumas, un crimen que acorta la vida y priva a los que lo padecen de otros derechos fundamentales, el derecho a ser feliz y el derecho a vivir con dignidad. No hace falta que aparezcan cadáveres para acusar de "criminal" a nuestra política, aunque cadáveres también hay porque la tasa de suicidios por desesperación y angustia se ha disparado en nuestro país. Del mismo modo, dejar sin hogar a cientos de miles de familias, que, a pesar de haber perdido sus hogares, siguen manteniendo con los bancos deudas que les esclavizan por toda la vida, es también un crimen de gran bajeza, digno del mayor castigo.
El dirigente popular andaluz Javier Arenas apunta al corazón del drama cuando afirma que un político que deja a su país esquilmado y sin recursos, además de responsabilidad política debería responder penalmente de lo que ha hecho. Desgraciadamente, las opiniones de un político valen poco y menos todavía cuando está en campaña, pero al menos Arenas parece conocer que la demanda de que los políticos corruptos y despilfarradores sean juzgados y encarcelados se ha convertido ya en un verdadero clamor ciudadano, un clamor que, por desgracia, ignoran la mayoría de nuestros políticos, arrogantes, alienados, divorciados del pueblo, de la democracia y de la decencia.
Pero el haber dejado sin trabajo y sin dignidad a más de cinco millones de españoles no es el único crimen de la clase política española. Hay otros que también merecen la la repugnancia, el rechazo de los ciudadanos y la condena de sus autores. El robo en España de dinero público, recaudado mediante impuestos que en España son abusivos, es otro crimen de enorme alcance, digno de condena y repudio. Miles de políticos se han enriquecido en el poder sin que hayan tenido que pagar por ese delito, que es especialmente grave en un país cada día más lleno de pobres y desamparados. El no pagar las facturas es también un delito grave, éste claramente tipificado por la ley, que las administraciones públicas y los políticos han practicado con insultante impunidad en esta España injusta y desquiciada. La desigualdad ante la ley, que se aplica con rigor para el adversario y con blandura para el amigo, es otro crimen sucio y deleznable que en España está al orden del día, junto con contratos públicos otorgados injustamente por la administración, oposiciones trucadas para que los puestos públicos los ganen los amigos del poder, el cobro de comisiones y un sinfin de corrupciones, cohechos, malversaciones, arbitrariedades, irregularidades y abusos de poder, muchos de los cuales han causado dolor e, incluso, daño físico y moral irreparable a muchas bvíctimas, deben también colocarse en el terrible "debe" de la clase política española.
Son tantos los delitos, tipificados o no, que acumulan algunos grandes partidos políticos españoles que si existiera en España una Justicia independiente y rigurosa serían sentados en el banquillo para ser juzgados como asociaciones de malhechores.
No hacen falta cadáveres para que existan criminales. Aquellos que en Andalucía han utilizado el dinero público destinado a combatir el desempleo en enriquecer a los amigos del poder son auténticos criminales, al menos ante la democracia y la conciencia ciudadana. Y como tales deben ser tratados por la ciudadanía y con esa etiqueta deben pasar a la Historia, aunque su desvergonzada, injusta y obscena impunidad les evite ir a la cárcel.
Criminal es aquel que es responsable de un crimen, esté tipificado o no en los códigos. Aunque un gobierno legalice el asesinato, si ese gobierno mata, es criminal. Los gobiernos que asesinan a sus ciudadanos, aunque los señale previamente como terroristas, son criminales, al igual que si los arruina, les arrebata sus viviendas y les lleva a la desesperación y el suicidio, si les hace infelices y si convierte la vida de los administrados en un suplicio.
A veces, no son necesarios los cadáveres para cometer crímenes. En España, dejar a 5.000.000 de personas sin su derecho constitucional a trabajar no está tipificado como delito, pero es un crimen de la peor clase, generador de dolor y de todo tipo de traumas, un crimen que acorta la vida y priva a los que lo padecen de otros derechos fundamentales, el derecho a ser feliz y el derecho a vivir con dignidad. No hace falta que aparezcan cadáveres para acusar de "criminal" a nuestra política, aunque cadáveres también hay porque la tasa de suicidios por desesperación y angustia se ha disparado en nuestro país. Del mismo modo, dejar sin hogar a cientos de miles de familias, que, a pesar de haber perdido sus hogares, siguen manteniendo con los bancos deudas que les esclavizan por toda la vida, es también un crimen de gran bajeza, digno del mayor castigo.
El dirigente popular andaluz Javier Arenas apunta al corazón del drama cuando afirma que un político que deja a su país esquilmado y sin recursos, además de responsabilidad política debería responder penalmente de lo que ha hecho. Desgraciadamente, las opiniones de un político valen poco y menos todavía cuando está en campaña, pero al menos Arenas parece conocer que la demanda de que los políticos corruptos y despilfarradores sean juzgados y encarcelados se ha convertido ya en un verdadero clamor ciudadano, un clamor que, por desgracia, ignoran la mayoría de nuestros políticos, arrogantes, alienados, divorciados del pueblo, de la democracia y de la decencia.
Pero el haber dejado sin trabajo y sin dignidad a más de cinco millones de españoles no es el único crimen de la clase política española. Hay otros que también merecen la la repugnancia, el rechazo de los ciudadanos y la condena de sus autores. El robo en España de dinero público, recaudado mediante impuestos que en España son abusivos, es otro crimen de enorme alcance, digno de condena y repudio. Miles de políticos se han enriquecido en el poder sin que hayan tenido que pagar por ese delito, que es especialmente grave en un país cada día más lleno de pobres y desamparados. El no pagar las facturas es también un delito grave, éste claramente tipificado por la ley, que las administraciones públicas y los políticos han practicado con insultante impunidad en esta España injusta y desquiciada. La desigualdad ante la ley, que se aplica con rigor para el adversario y con blandura para el amigo, es otro crimen sucio y deleznable que en España está al orden del día, junto con contratos públicos otorgados injustamente por la administración, oposiciones trucadas para que los puestos públicos los ganen los amigos del poder, el cobro de comisiones y un sinfin de corrupciones, cohechos, malversaciones, arbitrariedades, irregularidades y abusos de poder, muchos de los cuales han causado dolor e, incluso, daño físico y moral irreparable a muchas bvíctimas, deben también colocarse en el terrible "debe" de la clase política española.
Son tantos los delitos, tipificados o no, que acumulan algunos grandes partidos políticos españoles que si existiera en España una Justicia independiente y rigurosa serían sentados en el banquillo para ser juzgados como asociaciones de malhechores.
No hacen falta cadáveres para que existan criminales. Aquellos que en Andalucía han utilizado el dinero público destinado a combatir el desempleo en enriquecer a los amigos del poder son auténticos criminales, al menos ante la democracia y la conciencia ciudadana. Y como tales deben ser tratados por la ciudadanía y con esa etiqueta deben pasar a la Historia, aunque su desvergonzada, injusta y obscena impunidad les evite ir a la cárcel.