La historia reciente demuestra que la codicia y el abuso dominan la política española.
Antes tuvieron que devolver lo robado con las participaciones preferentes, con la venta trucada de acciones (salida a bolsa de Bankia) y las clausulas suelo que se aplicaban ilegalmente a las hipotecas. Ahora tendrán que devolver lo que han robado con el impuesto de plusvalías y pronto, con toda seguridad, serán obligados a devolver los miles de millones robados con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el más aberrante, injusto y anticonstitucional de los impuestos vigentes en España.
La afición de los políticos españoles al robo y al abuso es espantosa e indigna de todo liderazgo en democracia. La clave de ese expolio continuado al ciudadano por parte de quienes dicen representarlo, además de la falta de ética y decencia que les lleva a enriquecerse personalmente en política, es que han construido un Estado tan grueso, costoso y lleno de parásitos que es casi imposible de financiar. Pero, a pesar de que el diagnóstico está claro y hasta la Unión Europea les pide que reduzcan ese monstruo público, que tiene más políticos a sueldo que Francia, Alemania e Inglaterra juntas, nuestros políticos se niegan a hacerlo y siguen metiendo las manos, impúdicamente, en los bolsillos del contribuyente, olvidando ese sano principio económico, archidemostrado, de que el dinero, donde produce más riqueza es en las manos de los ciudadanos.
A juzgar por las sentencias y por la experiencia acumulada en las últimas décadas, la España de los políticos es una tierra de golfos y saqueadores, con miles de condenados, otros miles de imputados, muchos miles que hacen cola ante los tribunales en espera de ser juzgados y decenas de miles de sospechosos que son incapaces de justificar sus abultados patrimonios, acumulados a la sombra de cargos públicos.
La obra más repugnante de la clase política española sigue siendo el saqueo de las cajas de ahorros, un gigantesco robo perpetrado a raíz de aquella ley de Fuentes Quintana que permitió a los políticos sentarse en los consejos de administración de las cajas y dominarlas. A partir de ese momento, los políticos empezaron a desvalijar las cajas, hasta dejarlas secas.
Pero hay una larga lista de abusos, arbitrariedades y prácticas de los políticos españoles, todavía vigentes, que tarde o temprano serán condenadas por los tribunales.
Entre esas prácticas sucias e injustas destaca el cobro de impuesto de sucesiones y donaciones, que es injusto, brutal, anticonstitucional y cruel, gracias al cual se viola la voluntad de los muertos, se expolia a los vivos y se pulveriza el principio constitucional de la igualdad ante las leyes, ya que heredar en Sevilla, Córdoba o Gijón equivale a pagar cien veces más impuestos que en Madrid y mil veces más que en Canarias.
Pero hay otras muchas brutalidades e injusticias, como la sobrevaloración de los inmuebles y bienes que aplican las administraciones para cobrar más impuestos, el abuso en el valor catastral, la concesión de contratos públicos trucados a los amigos, la concesión arbitraria de subvenciones, la colocación de familiares y amigos en las administraciones públicas, el cobro de comisiones ilegales, la opacidad que domina los actos públicos y decenas de suciedades más que convierten la política española en un lodazal que debe ser limpiado a fondo, no con jabón, sino con lejía y ácido.
Francisco Rubiales
Antes tuvieron que devolver lo robado con las participaciones preferentes, con la venta trucada de acciones (salida a bolsa de Bankia) y las clausulas suelo que se aplicaban ilegalmente a las hipotecas. Ahora tendrán que devolver lo que han robado con el impuesto de plusvalías y pronto, con toda seguridad, serán obligados a devolver los miles de millones robados con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el más aberrante, injusto y anticonstitucional de los impuestos vigentes en España.
La afición de los políticos españoles al robo y al abuso es espantosa e indigna de todo liderazgo en democracia. La clave de ese expolio continuado al ciudadano por parte de quienes dicen representarlo, además de la falta de ética y decencia que les lleva a enriquecerse personalmente en política, es que han construido un Estado tan grueso, costoso y lleno de parásitos que es casi imposible de financiar. Pero, a pesar de que el diagnóstico está claro y hasta la Unión Europea les pide que reduzcan ese monstruo público, que tiene más políticos a sueldo que Francia, Alemania e Inglaterra juntas, nuestros políticos se niegan a hacerlo y siguen metiendo las manos, impúdicamente, en los bolsillos del contribuyente, olvidando ese sano principio económico, archidemostrado, de que el dinero, donde produce más riqueza es en las manos de los ciudadanos.
A juzgar por las sentencias y por la experiencia acumulada en las últimas décadas, la España de los políticos es una tierra de golfos y saqueadores, con miles de condenados, otros miles de imputados, muchos miles que hacen cola ante los tribunales en espera de ser juzgados y decenas de miles de sospechosos que son incapaces de justificar sus abultados patrimonios, acumulados a la sombra de cargos públicos.
La obra más repugnante de la clase política española sigue siendo el saqueo de las cajas de ahorros, un gigantesco robo perpetrado a raíz de aquella ley de Fuentes Quintana que permitió a los políticos sentarse en los consejos de administración de las cajas y dominarlas. A partir de ese momento, los políticos empezaron a desvalijar las cajas, hasta dejarlas secas.
Pero hay una larga lista de abusos, arbitrariedades y prácticas de los políticos españoles, todavía vigentes, que tarde o temprano serán condenadas por los tribunales.
Entre esas prácticas sucias e injustas destaca el cobro de impuesto de sucesiones y donaciones, que es injusto, brutal, anticonstitucional y cruel, gracias al cual se viola la voluntad de los muertos, se expolia a los vivos y se pulveriza el principio constitucional de la igualdad ante las leyes, ya que heredar en Sevilla, Córdoba o Gijón equivale a pagar cien veces más impuestos que en Madrid y mil veces más que en Canarias.
Pero hay otras muchas brutalidades e injusticias, como la sobrevaloración de los inmuebles y bienes que aplican las administraciones para cobrar más impuestos, el abuso en el valor catastral, la concesión de contratos públicos trucados a los amigos, la concesión arbitraria de subvenciones, la colocación de familiares y amigos en las administraciones públicas, el cobro de comisiones ilegales, la opacidad que domina los actos públicos y decenas de suciedades más que convierten la política española en un lodazal que debe ser limpiado a fondo, no con jabón, sino con lejía y ácido.
Francisco Rubiales