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La crisis económica está liquidando el tejido productivo, fabrica parados de manera inmisericorde y tiene de rodillas a multitud de empresarios, pero no afecta al sector público español, que sigue creciendo a pesar de ser uno de los más gruesos e irracionales del planeta. El empleo en el sector público, lejos de verse afectado por la recesión, continúa creciendo a buen ritmo. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el número de asalariados del sector público creció un 4% en 2008 respecto del año anterior, con un perfil claramente ascendente.
Es la tasa de aumento más elevada desde el año 2003, pero por entonces la economía crecía por encima del 3%, mientras que ahora se hunde y se endeuda peligrosamente. Y lo que es aún más llamativo, por primera vez, el número de empleados públicos del conjunto de las administraciones (incluidas las empresas públicas) ha roto la barrera de los tres millones de funcionarios. Nada menos que 3.029.500 asalariados trabajan ya para el Estado en sus diferentes facetas, aunque en esa cifra no están incluídos muchos empleados encubiertos, enchufados, amiguetes del poder, asesores y personal variopinto con contratos de confianza o pagados por terceros. Los expertos calculan que el número real de los que cobran en España de las distintas administraciones públicas supera los 3.3 millones de personas.
En términos relativos y sin contar los muchos empleos públicos camuflados, esto significa que al acabar el último trimestre del año pasado, el 18,6% del total de asalariados que hay en el país, lo hacía para alguna de las administraciones públicas. Se trata del nivel más elevado desde el 18,9% alcanzado en el primer trimestre del año 2005.
Son dartos escandalosos que contrastan con lo que está ocurriendo en el sector privado, donde la enorme depresión económica está aniquilando cientos de miles de puestos de trabajo. Mientras que el sector privado destruyó 684.600 empleos en el último año, el número de asalariados que trabaja para las administraciones públicas ha crecido en 116.200, lo que da idea de la insensates de un gobierno que parece querer convertir a España en un país de funcionarios y empleados públicos, incapaces de producir nada, sin posibilidad alguna de creación de riqueza.
Desde el año 2000, el sector público ha creado 517.200 puestos de trabajo y en los últimos 30 años, los empleados públicos se han triplicado.
Excluyendo a Ceuta y Melilla, donde el empleo público es mayor por sus condiciones específicas de fuerte presencia militar y funcionarial, Extremadura es, con diferencia, la comunidad autónoma donde el peso del empleo público es mayor. Nada menos que el 32,5% de los asalariados trabaja para alguna de las administraciones o empresas públicas existentes en Extremadura. Le sigue a gran distancia Castilla-La Mancha, con el 23,6% de los trabajadores públicos, Castilla y León (22,2%), Asturias (21,8%) y Andalucía (21,6%). El predominio de empleos públicos masivos en regiones donde mandan los socialistas es bastante notorio.
La lógica funciona y queda claro que las regiones más prósperas son aquellas en las que el empleo público pesa menos. Empleo público y prosperidad son dos conceptos aparentemente contradictorios. Las que tienen menos empleo público son Cataluña (13,7% de todos los asalariados), Comunidad Valenciana (14,5%) y Navarra (16,3%).
La norma de que menos empleo público equivale a prosperidad se cumple en todas las regiones de España, menos en Madrid, donde, a pesar de ser la más rica y emprendedora de las regiones de España, el peso del funcionariado es elevado, por ser la capital política y administrativa de la nación.
Es la tasa de aumento más elevada desde el año 2003, pero por entonces la economía crecía por encima del 3%, mientras que ahora se hunde y se endeuda peligrosamente. Y lo que es aún más llamativo, por primera vez, el número de empleados públicos del conjunto de las administraciones (incluidas las empresas públicas) ha roto la barrera de los tres millones de funcionarios. Nada menos que 3.029.500 asalariados trabajan ya para el Estado en sus diferentes facetas, aunque en esa cifra no están incluídos muchos empleados encubiertos, enchufados, amiguetes del poder, asesores y personal variopinto con contratos de confianza o pagados por terceros. Los expertos calculan que el número real de los que cobran en España de las distintas administraciones públicas supera los 3.3 millones de personas.
En términos relativos y sin contar los muchos empleos públicos camuflados, esto significa que al acabar el último trimestre del año pasado, el 18,6% del total de asalariados que hay en el país, lo hacía para alguna de las administraciones públicas. Se trata del nivel más elevado desde el 18,9% alcanzado en el primer trimestre del año 2005.
Son dartos escandalosos que contrastan con lo que está ocurriendo en el sector privado, donde la enorme depresión económica está aniquilando cientos de miles de puestos de trabajo. Mientras que el sector privado destruyó 684.600 empleos en el último año, el número de asalariados que trabaja para las administraciones públicas ha crecido en 116.200, lo que da idea de la insensates de un gobierno que parece querer convertir a España en un país de funcionarios y empleados públicos, incapaces de producir nada, sin posibilidad alguna de creación de riqueza.
Desde el año 2000, el sector público ha creado 517.200 puestos de trabajo y en los últimos 30 años, los empleados públicos se han triplicado.
Excluyendo a Ceuta y Melilla, donde el empleo público es mayor por sus condiciones específicas de fuerte presencia militar y funcionarial, Extremadura es, con diferencia, la comunidad autónoma donde el peso del empleo público es mayor. Nada menos que el 32,5% de los asalariados trabaja para alguna de las administraciones o empresas públicas existentes en Extremadura. Le sigue a gran distancia Castilla-La Mancha, con el 23,6% de los trabajadores públicos, Castilla y León (22,2%), Asturias (21,8%) y Andalucía (21,6%). El predominio de empleos públicos masivos en regiones donde mandan los socialistas es bastante notorio.
La lógica funciona y queda claro que las regiones más prósperas son aquellas en las que el empleo público pesa menos. Empleo público y prosperidad son dos conceptos aparentemente contradictorios. Las que tienen menos empleo público son Cataluña (13,7% de todos los asalariados), Comunidad Valenciana (14,5%) y Navarra (16,3%).
La norma de que menos empleo público equivale a prosperidad se cumple en todas las regiones de España, menos en Madrid, donde, a pesar de ser la más rica y emprendedora de las regiones de España, el peso del funcionariado es elevado, por ser la capital política y administrativa de la nación.