Dedo cívico acusador
Dominado por partidos políticos más obsesionados por el poder y los privilegios que por el bien común, el Estado español, despilfarrador, ineficaz, corrupto y enfermo de una grave obesidad mórbida, se niega a adelgazar, a pesar de que todos los epecialistas le recetan una dieta radical en tiempos de crisis.
Acostumbrados a disponer de dinero abundante y fácil durante los tiempos de bonanza, cuando los impuestos del consumo y del ladrillo llenaban las arcas públicas hasta rebosar, ahora, ante la escasez de ingresos propia de la crisis económica, los políticos prefieren esquilmar al ciudadano con impuestos y sanciones, antes de someter al Estado al la dieta de adelgazamiento que le recomiendan al unísono los expertos y las grandes instituciones económicas mundiales.
Las administraciones están llenas de enchufados y de amiguetes del poder, a los que ahora no pueden pagar porque los ingresos públicos han disminuido. Ante el drama, en lugar de reducir personal como haría cualquier empresa en tiempos de dificultad, los políticos han decidido esquilmar a la ciudadanía a travésde impuestos, multas, tasas y sanciones. Las irregularidades urbanisticas, las obras sin licencia, el tráfico y cualquier infracción menor son ahora objeto de sanción porque los políticos necesitan dinero y no se atreven a incrementar todavía más la ya agobiante presión fiscal, por miedo a perder votos.
Ni siquiera son capaces de renunciar al arbitrario reparto de dinero público entre sus socios, amigos y aliados, una distribución de los fondos públicos que se hace no para beneficiar a la sociedad o para propiciar el bien común sino para ganar apoyos políticos, pagar favores, crear clientelismo y ganar los votos necesarios para seguir en el poder. Las últimas muestras: nombramiento en los últimos meses de más de un centenar de nuevos altos cargos del gobierno y 700.000 euros regalados por Zapatero a la represiva y antidemocrática policía de Nicaragua, mientras se le niegan recursos imprescindibles a la Guardia Civil española.
El Estado en España es un monstruo obeso, enfermo, pesado y sudoroso que necesita una intervención urgente que le achique el estómago en el quirófano. Pero los políticos se niegan a esa terapia porque perderían poder al perder peso y ganar la agilidad que la nación requiere para subsistir en la crisis.
El actual gobierno español es incapaz de aplicar las recetas eficaces exigidas por la brutal crisis que agobia al país. En lugar de estimular la actividad empresarial bajando los impuestos y eliminandos los centenares de obstáculos burocráticos que estrangula a la iniciativa privada española, los políticos socialistas prefieren convertir al gobierno en empresario creador de empleo y riqueza, una opción errónea y suicidad cuya ineficacia ha sido mil veces demostrada a la largo de la historia. Cada vez que el Estado se ha hecho intervencionista y empresario, sólo ha sabido crear pobreza, esclavitud, descontento y violencia. Ahí están para demostrarlos las experiencias del socialismo real en el extinto Imperio Soviético, en Cuba y en cualquier otra tierra sometida a opresores y sátrapas.
Zapatero y su gobierno han multiplicado por cinco el déficit español, convirtiendo nuestro crédito internacional en basura, pero se niegan a ayudar a los ciudadanos y a las empresas creadoras de empleo y riqueza bajando impuestos y sometiéndo al Estado a la dieta de adelgazamiento y austeridad que la crisis exige.
El poder político, decepcionante y alejado de los intereses ciudadanos, demuestra cada día que prefiere arruinar al país antes de renunciar a sus privilegios, a sus legiones de enchufados, flotas de coches oficiales, tarjetas de crédito ilimitadas, gastos de representación, secretarias y sueldos estratosféricos, inmerecidos e injustos a juzgar por los resultados de su gestión de gobierno.
Los ciudadanos españoles, desprovistos de cualquier poder democrático en esta partitocracia degradada, se han convertido en rehenes de sus políticos y no pueden hacer nada para obligarles a que apliquen las recetas correctas ante la crisis e impedir que sus errores arruinen a un país que, gracias al esfuerzo de varias generaciones, llegó a ser próspero y solvente.
Acostumbrados a disponer de dinero abundante y fácil durante los tiempos de bonanza, cuando los impuestos del consumo y del ladrillo llenaban las arcas públicas hasta rebosar, ahora, ante la escasez de ingresos propia de la crisis económica, los políticos prefieren esquilmar al ciudadano con impuestos y sanciones, antes de someter al Estado al la dieta de adelgazamiento que le recomiendan al unísono los expertos y las grandes instituciones económicas mundiales.
Las administraciones están llenas de enchufados y de amiguetes del poder, a los que ahora no pueden pagar porque los ingresos públicos han disminuido. Ante el drama, en lugar de reducir personal como haría cualquier empresa en tiempos de dificultad, los políticos han decidido esquilmar a la ciudadanía a travésde impuestos, multas, tasas y sanciones. Las irregularidades urbanisticas, las obras sin licencia, el tráfico y cualquier infracción menor son ahora objeto de sanción porque los políticos necesitan dinero y no se atreven a incrementar todavía más la ya agobiante presión fiscal, por miedo a perder votos.
Ni siquiera son capaces de renunciar al arbitrario reparto de dinero público entre sus socios, amigos y aliados, una distribución de los fondos públicos que se hace no para beneficiar a la sociedad o para propiciar el bien común sino para ganar apoyos políticos, pagar favores, crear clientelismo y ganar los votos necesarios para seguir en el poder. Las últimas muestras: nombramiento en los últimos meses de más de un centenar de nuevos altos cargos del gobierno y 700.000 euros regalados por Zapatero a la represiva y antidemocrática policía de Nicaragua, mientras se le niegan recursos imprescindibles a la Guardia Civil española.
El Estado en España es un monstruo obeso, enfermo, pesado y sudoroso que necesita una intervención urgente que le achique el estómago en el quirófano. Pero los políticos se niegan a esa terapia porque perderían poder al perder peso y ganar la agilidad que la nación requiere para subsistir en la crisis.
El actual gobierno español es incapaz de aplicar las recetas eficaces exigidas por la brutal crisis que agobia al país. En lugar de estimular la actividad empresarial bajando los impuestos y eliminandos los centenares de obstáculos burocráticos que estrangula a la iniciativa privada española, los políticos socialistas prefieren convertir al gobierno en empresario creador de empleo y riqueza, una opción errónea y suicidad cuya ineficacia ha sido mil veces demostrada a la largo de la historia. Cada vez que el Estado se ha hecho intervencionista y empresario, sólo ha sabido crear pobreza, esclavitud, descontento y violencia. Ahí están para demostrarlos las experiencias del socialismo real en el extinto Imperio Soviético, en Cuba y en cualquier otra tierra sometida a opresores y sátrapas.
Zapatero y su gobierno han multiplicado por cinco el déficit español, convirtiendo nuestro crédito internacional en basura, pero se niegan a ayudar a los ciudadanos y a las empresas creadoras de empleo y riqueza bajando impuestos y sometiéndo al Estado a la dieta de adelgazamiento y austeridad que la crisis exige.
El poder político, decepcionante y alejado de los intereses ciudadanos, demuestra cada día que prefiere arruinar al país antes de renunciar a sus privilegios, a sus legiones de enchufados, flotas de coches oficiales, tarjetas de crédito ilimitadas, gastos de representación, secretarias y sueldos estratosféricos, inmerecidos e injustos a juzgar por los resultados de su gestión de gobierno.
Los ciudadanos españoles, desprovistos de cualquier poder democrático en esta partitocracia degradada, se han convertido en rehenes de sus políticos y no pueden hacer nada para obligarles a que apliquen las recetas correctas ante la crisis e impedir que sus errores arruinen a un país que, gracias al esfuerzo de varias generaciones, llegó a ser próspero y solvente.