Ojalá los políticos podridos, como ocurrió en la Italia de finales del pasado siglo, tengan que correr y esconderse. Los jueces italianos intervinieron y acabaron con partidos carcomidos por la corrupción, como eran la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Partido Comunista, ninguno de los cuales existe ya hoy, partidos destrozados por la corrupción y la traición a la patria, ajenos a la democracia, al bien común y a la ciudadanía.
En España, durante décadas, los políticos han logrado maniatar a la Justicia y han disfrutado de una suerte de impunidad obscena que exasperaba a la ciudadanía. Pero la crisis económica, la explosión e indignación popular el 11 M, el nacimiento de nuevos partidos, la rebelión de muchos ciudadanos y el hartazgo de una nación cuyos ciudadanos señalan a los políticos en las encuestas, con asco, como uno de los grandes problema del país, están cambiando las cosas y empujando a los jueces y fiscales a limpiar la pocilga.
Los políticos españoles han consentido o impulsado muchas barbaridades y obscenidades políticas
y humanas, entre ellas el saqueo de las cajas de ahorros, el crecimiento desordenado de un Estado insostenible, que tiene más políticos a sueldo que Alemania, Francia e Inglaterra juntos, las subidas brutales e innecesarias de impuestos, el despilfarro, el endeudamiento del país por muchas generaciones, las estafas bancarias y de otro tipo, en las que se expolió a ciudadanos sin que el Estado les defendiera, como era su deber, la supresión de controles al poder, creándose una impunidad camuflada que clama al cielo, y el auge del independentismo, obra en la que la clase política ha tenido un protagonismo nefasto e indecente.
Todo eso se hizo sin castigo, con una impunidad insultante que convirtió a España en una democracia degenerada y en una pocilga moral.
Muchos jueces quieren acabar con las numerosas miserias y violaciones de la ley encubiertas y consentidas por la bajeza de ciertos políticos. Una de ellas es aquello de "Por imperativo legal", frase exculpatoria que nunca debió permitirse, mediante la cual los nacionalistas y los enemigos de España prometían la Constitución, sin acatarla, todo un esperpento indigno detrás del cual se esconden la miseria, la cobardía y la bajeza.
Otra de las grandes miserias de la política española es haber puesto en vigor una ley electoral que viola la Constitución y consagra la desigualdad de los españoles. La ley electoral prima y premia a unas regiones y pueblos sobre otras y hace que un diputado cueste hasta seis veces menos votos si se obtiene en unas zonas que en otras, En nacionalismo de Cataluña y el País Vasco son los grandes beneficiados por esa diferencia anticonstitucional que dinamita el principio, sagrado en democracia, de "un hombre, un voto". Gracias a esa diferencia contraria a la Constitución, el nacionalismo enemigo de España ha tenido y tiene mucho más poder e influencia del que le correspondería si la ley electoral fuera justa y equilibrada.
Otra concesión brutalmente contraria a la Constitución es permitir que se presenten a las elecciones y gobiernen partidos políticos que reconocen trabajar por la independencia y destrucción de la España unida, partidos separatistas e independentistas que, según el artículo 2 del Título Preliminar de su Constitución, nunca deberían ser votados porque deberían ser precintados y prohibidos. El artículo establece algo parecido a una prohibición de los partidos que no respeten la unidad, pero nadie hasta ahora lo ha invocado para ilegalizar formaciones políticas. El texto dice "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".
Lo mismo puede decirse de partidos dominantes en la política española, el PSOE y el PP, precisamente los más fuertes de España y los que, junto con los nacionalistas, han gobernado, merecedores, quizás también, de un precinto judicial, si la ley se aplicara con rigor y decencia. Se trata de partidos que, por el número de delincuentes en sus filas, procesados, investigados, encarcelados y bajo sospecha, son verdaderas asociaciones delictivas, con más delitos que ETA acumulados, aunque quizás no tan graves.
Es más que evidente que el espíritu de la Constitución no permite que los partidos políticos saqueen, roben, estafen, mientan, incumplan sus promesas electorales, malgobiernen, antepongan sus intereses al bien común y, además, gobiernen España.
El golpe de Estado catalán debe actuar como una campana estridente que despierte a los jueces. Los partidos que han gobernado España son, evidentemente, los que han permitido que el nacionalismo se torne independentista y golpista, realizando, durante décadas, aberraciones y agresiones inadmisibles contra la Contitución y los derechos humanos, todo ello con el consentimiento y quizás hasta con el aliento, de los dos grandes partidos que han gobernado España, que han permitido el adoctrinamiento de los niños, la corrupción más atroz, la siembra de odio, el desacato a los tribunales, la burla a las leyes, el acoso a los que amaban a España y muchas más brutalidades y barbaridades. El hecho de que todas esas canalladas las hayan permitido los grandes partidos españoles a cambio de votos para mantenerse en el poder no suaviza el crimen, sino que lo agranda y lo envilece.
Ha llegado la hora de los jueces y de las escobas. España no puede seguir tolerando que gentuza como Puigdemont y sus secuaces gobiernen una de sus regiones más importantes, ni que el poder del Estado esté en manos de partidos que tienen un espeluznante déficit de ética y democracia.
La ciudadanía cumplidora, preocupada, vigilante, consciente y democrática es, junto a jueces, fiscales y las fuerzas armadas, la esperanza última para la regeneración de España, ya que es obvio que la regeneración nunca podrá surgir de partidos que se han acostumbrado a convivir con la corrupción y el abuso. Prestemos nuestro apoyo, como demócratas y como militantes de la regeneración, a los jueces españoles que quieren iniciar la esperanzadora ruta de la limpieza. Junto a ellos y a la milicia, somos la última reserva de energía limpia.
Francisco Rubiales
En España, durante décadas, los políticos han logrado maniatar a la Justicia y han disfrutado de una suerte de impunidad obscena que exasperaba a la ciudadanía. Pero la crisis económica, la explosión e indignación popular el 11 M, el nacimiento de nuevos partidos, la rebelión de muchos ciudadanos y el hartazgo de una nación cuyos ciudadanos señalan a los políticos en las encuestas, con asco, como uno de los grandes problema del país, están cambiando las cosas y empujando a los jueces y fiscales a limpiar la pocilga.
Los políticos españoles han consentido o impulsado muchas barbaridades y obscenidades políticas
y humanas, entre ellas el saqueo de las cajas de ahorros, el crecimiento desordenado de un Estado insostenible, que tiene más políticos a sueldo que Alemania, Francia e Inglaterra juntos, las subidas brutales e innecesarias de impuestos, el despilfarro, el endeudamiento del país por muchas generaciones, las estafas bancarias y de otro tipo, en las que se expolió a ciudadanos sin que el Estado les defendiera, como era su deber, la supresión de controles al poder, creándose una impunidad camuflada que clama al cielo, y el auge del independentismo, obra en la que la clase política ha tenido un protagonismo nefasto e indecente.
Todo eso se hizo sin castigo, con una impunidad insultante que convirtió a España en una democracia degenerada y en una pocilga moral.
Muchos jueces quieren acabar con las numerosas miserias y violaciones de la ley encubiertas y consentidas por la bajeza de ciertos políticos. Una de ellas es aquello de "Por imperativo legal", frase exculpatoria que nunca debió permitirse, mediante la cual los nacionalistas y los enemigos de España prometían la Constitución, sin acatarla, todo un esperpento indigno detrás del cual se esconden la miseria, la cobardía y la bajeza.
Otra de las grandes miserias de la política española es haber puesto en vigor una ley electoral que viola la Constitución y consagra la desigualdad de los españoles. La ley electoral prima y premia a unas regiones y pueblos sobre otras y hace que un diputado cueste hasta seis veces menos votos si se obtiene en unas zonas que en otras, En nacionalismo de Cataluña y el País Vasco son los grandes beneficiados por esa diferencia anticonstitucional que dinamita el principio, sagrado en democracia, de "un hombre, un voto". Gracias a esa diferencia contraria a la Constitución, el nacionalismo enemigo de España ha tenido y tiene mucho más poder e influencia del que le correspondería si la ley electoral fuera justa y equilibrada.
Otra concesión brutalmente contraria a la Constitución es permitir que se presenten a las elecciones y gobiernen partidos políticos que reconocen trabajar por la independencia y destrucción de la España unida, partidos separatistas e independentistas que, según el artículo 2 del Título Preliminar de su Constitución, nunca deberían ser votados porque deberían ser precintados y prohibidos. El artículo establece algo parecido a una prohibición de los partidos que no respeten la unidad, pero nadie hasta ahora lo ha invocado para ilegalizar formaciones políticas. El texto dice "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".
Lo mismo puede decirse de partidos dominantes en la política española, el PSOE y el PP, precisamente los más fuertes de España y los que, junto con los nacionalistas, han gobernado, merecedores, quizás también, de un precinto judicial, si la ley se aplicara con rigor y decencia. Se trata de partidos que, por el número de delincuentes en sus filas, procesados, investigados, encarcelados y bajo sospecha, son verdaderas asociaciones delictivas, con más delitos que ETA acumulados, aunque quizás no tan graves.
Es más que evidente que el espíritu de la Constitución no permite que los partidos políticos saqueen, roben, estafen, mientan, incumplan sus promesas electorales, malgobiernen, antepongan sus intereses al bien común y, además, gobiernen España.
El golpe de Estado catalán debe actuar como una campana estridente que despierte a los jueces. Los partidos que han gobernado España son, evidentemente, los que han permitido que el nacionalismo se torne independentista y golpista, realizando, durante décadas, aberraciones y agresiones inadmisibles contra la Contitución y los derechos humanos, todo ello con el consentimiento y quizás hasta con el aliento, de los dos grandes partidos que han gobernado España, que han permitido el adoctrinamiento de los niños, la corrupción más atroz, la siembra de odio, el desacato a los tribunales, la burla a las leyes, el acoso a los que amaban a España y muchas más brutalidades y barbaridades. El hecho de que todas esas canalladas las hayan permitido los grandes partidos españoles a cambio de votos para mantenerse en el poder no suaviza el crimen, sino que lo agranda y lo envilece.
Ha llegado la hora de los jueces y de las escobas. España no puede seguir tolerando que gentuza como Puigdemont y sus secuaces gobiernen una de sus regiones más importantes, ni que el poder del Estado esté en manos de partidos que tienen un espeluznante déficit de ética y democracia.
La ciudadanía cumplidora, preocupada, vigilante, consciente y democrática es, junto a jueces, fiscales y las fuerzas armadas, la esperanza última para la regeneración de España, ya que es obvio que la regeneración nunca podrá surgir de partidos que se han acostumbrado a convivir con la corrupción y el abuso. Prestemos nuestro apoyo, como demócratas y como militantes de la regeneración, a los jueces españoles que quieren iniciar la esperanzadora ruta de la limpieza. Junto a ellos y a la milicia, somos la última reserva de energía limpia.
Francisco Rubiales