Víctimas de los partidos políticos

Pocas reformas son tan urgentes en esta España políticamente enferma como la Ley de Partidos Políticos y la Ley Electoral, bodrios antidemocráticos que han convertido a los partidos políticos en el peor enemigo de la auténtica democracia y en maquinarias de poder blindadas al servicio de las élites, que no pueden ser controladas ni por los ciudadanos, ni por los militantes, ni por el mismo sistema.

Sin embargo, a pesar de que existe un consenso casi pleno entre los demócratas y los pensadores independientes de que los partidos políticos son hoy el gran obstáculo que impide la decencia política en España, ninguno de los grandes partidos españoles ha incluído reformas del sistema en sus plataformas electorales, ni las reivindica en el presente. Desgraciadamente, las castas profesionales que controlan los partidos son ajenas a la verdadera democracia y se sienten plenamente a gusto insertadas en sus oligárquicas y opresivas maquinarias de poder.

Militar en un partido debería ser un acto de responsabilidad sujeto a obligaciones y derechos, pero hoy no es así porque las élites que gobiernan los partidos no sólo desconfian de los políticos adversarios, sino también de los ciudadanos independientes y de sus propios militantes honrados, que quieren participar y opinar con ilusión, hasta el punto de que los marginan y les impiden el acceso al poder, convertido en un coto cerrado en el que sólo penetran ya los que se someten a la dictadura del "jefe" y practican una sumisión que se disfraza de "lealtad".

Los militantes responsables y dignos que denuncian el abuso y la corrupción son laminados de manera sistemática por el aparato. Ha ocurrido cientos de veces en la política española. (recuerden el caso de Alonso Puerta, en Madrid). En Estepona, ciudad de la Costa del Sol envuelta en un oscuro y estremecedor escándalo de corrupción, dos militantes socialistas que denunciaron la corrupción fueron castigados por el PSOE, mientras que y el alcalde socialista, detenido por liderar la impresentable movida corrupta, fue mantenido en su puesto por su partido y repitió como cabeza de lista en las últimas elecciones porque las encuestas revelaban que era "caballo ganador". También ocurre en Benidor, donde un transfuga que fue expulsado del PSOE repetirá en 2011 como candidato socialista.

No es cierto que tangamos los partidos que nos merecemos, ni que el tiempo mejorará esa antidemocracia vomitiva que domina la política española porque lo que ha ocurrido en los 30 años de democracia es que esos partidos se han blindado cada día más contra el cambio honrado y las ideas limpias, reforzando los rasgos que convierten al partido en una maquinaria totalitaria, corrupta y ávida de poder.

Los partidos nacieron para facilitar la participación de los ciudadanos en la democracia, pero han realizado el trabajo opuesto y hoy ya son el mayor obstáculo para la participación ciudadana y para que la sociedad pueda construir una auténtica democracia ciudadana y participativa.

La democracia termina hoy en la puerta de los partidos políticos, en cuyo interior se incrementan a diario el verticalismo y una dictadura de las élites que impide el debate franco y la libertad de expresión, hasta el punto de que la única manera de prosperar es decir ciempre "si" al jefe.

Los partidos políticos son demasiado importantes para dejarlos en manos de los políticos. Con ellos al mando, ya sabemos lo que ocurre: erradican cualquier atisbo de democracia y avanzan a paso de oca hacia la dictadura interna.

Hay que transformarlos con urgencia para posibilitar una democracia de ciudadanos. Son instituciones de carácter público y, como tales, deben ser controladas por el ciudadano. La participación política es un derecho inalienable del ciudadano que éste no puede ejercer porque los actuales partidos se lo impiden.

Una nueva ley electoral y una nueva ley de partidos son imprescindibles para curar las graves enfermedades que padece la democracia española, cada día con menos prestigio en el mundo y más despreciada por sus propios ciudadanos.

Quizás el atentado peor contra la democracia es el que ampara la Ley Electoral española, que impide nada menos que el derecho ciudadano a votar libremente, la esencia de la democracia. En España, quien elege en realidad es el partido, cuyas élites hacen esas listas de candidatos cerradas y bloqueadas ante las que el elector solo puiede decir "sí" y "no". Los partidos, de hecho, han arrebatado al ciudadano su inalienable derecho a elegir a sus representantes.

Pero el verdadero drama no es la maldad antidemocrática del sistema, sino el hecho de que ninguno de los grandes partidos políticos españoles esté interesado hoy en cambiar una situación que les beneficia y les otorga un poder inmenso.

El PSOE hace mucho que se transformó en una maquina de poder sin alma y sin otra ideología que el pragmatismo que conduce al poder, pero en otros partidos, donde las élites imitan la sucia ruta del socialismo, todavía hay esperanzas de cambio. Muchas voces se alzan, dentro del Partido Pupular, para que incorpore reformas que fortalezcan la democracia, pero Rajoy y su guardia pretoriana se cierran a cualquier reforma que limte su poder o que amplie el papel del ciudadano en democracia.

Las nuevas leyes deberían garantizar, en primer lugar, la democracia interna, hoy inexistente. En unas organizaciones donde se opera de manera totalitaria y sumisa, jamás podrán prepararse líderes que gestionen una democracia libre de ciudadanos. Cuando llegan al poder son, necesariamente, mequetrefes arrogantes, cargados de rasgos totalitarios, que se creen con el derecho a imponer su voluntad y sus privilegios a los ciudadanos.

En los partidfos democráticos, los candidatos deben ser elegidos, necesariamente, en primarias, en votaciones secretas, para erradicar las camarillas blindadas que hoy consideran suyos esos partidos y los controlan al margen de la militanci, de la ciudadanía y de los intereses de la nación. El "dedo" que elige y consagra al dirigente y al sucesor debe ser erradicado por ser un comportamiento arbitrario, indecente y claramente totalitario.