Los miles de chorizos y sinvergüenzas que se han amparado en la política para delinquir están de luto al conocer que el gobierno de Rajoy ha decidido iniciar la limpieza de la pocilga española retirando a los partidos políticos y a los sindicatos su condición actual de personas jurídicas exentas de responsabilidad penal. El gobierno está dispuesto también a abrir la puerta de la decencia democrática al sacar de las listas electorales no a los imputados, sobre los que aún no pesa indicios de responsabilidad criminal, pero sí a aquellos encausados a los que se va a abrir juicio oral.
La inmunidad de los partidos y sindicatos, con miles de causas abiertas por corrupción y muchas más en proceso de investigación, méritos suficientes acumulados ante la Justicia para ser clausuradas y prohibidas por ser asociaciones de malhechores, clama al cielo y contribuye poderosamente a que España sea uno de los países más injustos, podridos y políticamente corruptos del mundo occidental.
Así lo ha adelantado en el Pleno del Congreso el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que tiene intención de incluir estos cambios en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o bien en el nuevo Código Penal, informa Europa Press.
Muchos ciudadanos, asqueados de la política española y de la baja estofa de la clase política de este país, estamos hoy de fiesta, si es que damos crédito a la promesa de Gallardón, difícil de creer si se tiene en cuenta que su partido, al igual que el PSOE, Izquierda Unida y los nacionalismos con representanción parlamentaria, están infectados de corrupción y esconden en sus filas de militantes y dirigentes a demasiados chorizos y sinvergüenzas encausados, investigados o bajo sospecha porque no pueden justificar su veloz e inexplicable enriquecimiento en la política.
El anuncio se ha formalizado como respuesta a la interpelación planteada por la portavoz nacional de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, quien se ha mostrado satisfecha con los cambios prometidos. "Me ha alegrado la tarde", ha reconocido. La líder de la formación magenta ha recordado que España ocupa el trigesimoprimer puesto en el ránking mundial de la corrupción y ha resaltado la necesidad de adoptar medidas como un pacto para despolitizar la Justicia, restricciones en la presentación de candidatos y también una reforma de la ley electoral.
En concreto, ha lanzado dos propuestas. Por un lado, excluir a los imputados de las listas electorales y de los cargos públicos que ocupen, y por otro, "derogar" los privilegios de los partidos políticos. tales como sacar de la lista de personas jurídicas exentas de responsabilidad penal, un estatus que tienen las instituciones oficiales y que limita la persecución penal a los individuos sin que se pueda actuar contra los órganos ejecutivos y la organización.
Gallardón recogió el guante de ambas propuestas. A su juicio, sólo el Estado, las instituciones de carácter público, pueden tener ese "privilegio" de exención de responsabilidad penal, mientras que los partidos y sindicatos "son entidades de derecho privado y no tiene sentido eximirles".
En cuanto a la exclusión de los imputados, el ministro ha preferido elevar el listón. Según ha explicado, la figura del imputado se implantó como una garantía para la persona citada a declarar y ahora se ha convertido en una "precondena", en lo que se conoce como "la pena del Telediario". Por ello, el Gobierno prefiere buscar una fase judicial "ulterior" a la hora de establecer la inelegibilidad, y en este sentido ha propuesto esperar a la apertura del juicio, oral, que ya implica la existencia de un "indicio racional de criminalidad".
Los pasos anunciados por el ministro de Justicia son importantes y representan un golpe frontal y contundente contra los sinvergüenzas y canallas atrincherados en la política española. Es cierto que faltan algunas medidas para acabar con la lacra de la arbitrariedad, el saqueo y la rapiña, entre otros declarar a los partidos políticos responsables subsidiarios de los delitos que cometan sus cargos y eliminar la injusta financiación de los partidos con dinero público, procedente de los arruinados ciudadanos españoles, otra injusticia que clama al cielo, pero como comienzo de la lucha contra el crimen político en España no está mal.
Brindo para que las promesas se hagan realidad pronto.
La inmunidad de los partidos y sindicatos, con miles de causas abiertas por corrupción y muchas más en proceso de investigación, méritos suficientes acumulados ante la Justicia para ser clausuradas y prohibidas por ser asociaciones de malhechores, clama al cielo y contribuye poderosamente a que España sea uno de los países más injustos, podridos y políticamente corruptos del mundo occidental.
Así lo ha adelantado en el Pleno del Congreso el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que tiene intención de incluir estos cambios en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o bien en el nuevo Código Penal, informa Europa Press.
Muchos ciudadanos, asqueados de la política española y de la baja estofa de la clase política de este país, estamos hoy de fiesta, si es que damos crédito a la promesa de Gallardón, difícil de creer si se tiene en cuenta que su partido, al igual que el PSOE, Izquierda Unida y los nacionalismos con representanción parlamentaria, están infectados de corrupción y esconden en sus filas de militantes y dirigentes a demasiados chorizos y sinvergüenzas encausados, investigados o bajo sospecha porque no pueden justificar su veloz e inexplicable enriquecimiento en la política.
El anuncio se ha formalizado como respuesta a la interpelación planteada por la portavoz nacional de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, quien se ha mostrado satisfecha con los cambios prometidos. "Me ha alegrado la tarde", ha reconocido. La líder de la formación magenta ha recordado que España ocupa el trigesimoprimer puesto en el ránking mundial de la corrupción y ha resaltado la necesidad de adoptar medidas como un pacto para despolitizar la Justicia, restricciones en la presentación de candidatos y también una reforma de la ley electoral.
En concreto, ha lanzado dos propuestas. Por un lado, excluir a los imputados de las listas electorales y de los cargos públicos que ocupen, y por otro, "derogar" los privilegios de los partidos políticos. tales como sacar de la lista de personas jurídicas exentas de responsabilidad penal, un estatus que tienen las instituciones oficiales y que limita la persecución penal a los individuos sin que se pueda actuar contra los órganos ejecutivos y la organización.
Gallardón recogió el guante de ambas propuestas. A su juicio, sólo el Estado, las instituciones de carácter público, pueden tener ese "privilegio" de exención de responsabilidad penal, mientras que los partidos y sindicatos "son entidades de derecho privado y no tiene sentido eximirles".
En cuanto a la exclusión de los imputados, el ministro ha preferido elevar el listón. Según ha explicado, la figura del imputado se implantó como una garantía para la persona citada a declarar y ahora se ha convertido en una "precondena", en lo que se conoce como "la pena del Telediario". Por ello, el Gobierno prefiere buscar una fase judicial "ulterior" a la hora de establecer la inelegibilidad, y en este sentido ha propuesto esperar a la apertura del juicio, oral, que ya implica la existencia de un "indicio racional de criminalidad".
Los pasos anunciados por el ministro de Justicia son importantes y representan un golpe frontal y contundente contra los sinvergüenzas y canallas atrincherados en la política española. Es cierto que faltan algunas medidas para acabar con la lacra de la arbitrariedad, el saqueo y la rapiña, entre otros declarar a los partidos políticos responsables subsidiarios de los delitos que cometan sus cargos y eliminar la injusta financiación de los partidos con dinero público, procedente de los arruinados ciudadanos españoles, otra injusticia que clama al cielo, pero como comienzo de la lucha contra el crimen político en España no está mal.
Brindo para que las promesas se hagan realidad pronto.
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