España ha de resucitar a Montesquieu y alejar a toda la clase política del sistema judicial. Ahora que termina esta legislatura y comienza una etapa nueva, es oportuno clamar por la supresión de las viejas insuficiencias, las carencias e inconvenientes del funcionamiento de la Justicia en España, para reparar el daño y hacer efectiva su independencia; hay que desterrar ciertas normas y estructuras procedentes del s. XIX.
La Ley ha de ser igual para todos, si no, se pierde la confianza en la Institución; más del 80º% de los españoles no confían en la Justicia, sólo un 17% defiende su actual status; ven que la justicia es lenta e injusta, que no es imparcial, rápida y eficaz, por lo que se ríen y se mofan de ella; comprueban que algunos jueces y fiscales están politizados, que las altas instituciones judiciales dependen de los partidos y sensibles leyes penales andan lejos del sentir popular. No se cuestiona la actuación y formación de los jueces y del personal de justicia, su competencia y profesionalidad, en general, son intachables, es el sistema el que no cumple sus cometidos constitucionales; el problema que más les irrita es la politización, asquea la sumisión de los políticos a quien los nombra.
El Estado de Derecho exige ineludibles y profundas reformas, para poder progresar y evolucionar socialmente; la necesidad de una justicia moderna y renovada concita, con diferentes tonos, una gran unanimidad en el pueblo, que espera de sus leyes y jueces atención imparcial y solícita y mejor dotación de medios; es perentorio que el Congreso, Senado y los partidos políticos se alejen y se desentiendan de nombrar y elegir magistrados, fiscales y órganos jurisdiccionales; la organización, procedimientos y penas han de estar sometidos únicamente al imperio de la Ley; la gente rechaza intensamente la politización. Hay que vitalizar el antiguo modo de elección del Consejo General del Poder Judicial y del Fiscal Gral del Estado, cuya decisión debe depender de jueces y fiscales respectivamente; y blindar la figura del Fiscal G. del E. en su libre actuación. El T. Constitucional es innecesario, se cree que sólo actúa por intereses políticos y que tarda en exceso en decidir sus asuntos; es preciso suprimirlo, con el Supremo basta, sólo habrá que reforzar su papel jurisdiccional.
Requiere ello voluntad política para firmar un gran acuerdo que además de independencia dote a la justicia de medios humanos y materiales necesarios para normalizar el servicio y corregir el sistema; no se pueden seguir soportando esos casos lamentables y dolorosos de burla e ineficacia, que aún nos irritan, cuya contestación social se ha hecho evidente desagrado en la apreciación popular. La pena, además de la reinserción, es principalmente un castigo con un objetivo preventivo. La Ley del menor exige su reforma, pues es absolutamente injusta; hay que juzgar el delito por su gravedad y no por la edad del infractor. El pueblo quiere un derecho que asista al ciudadano, y no ver aplicar sólo los derechos de los imputados; quiere leyes que protejan a las víctimas. Seguramente, el gran problema está en la legislación y los legisladores.
C. Mudarra
La Ley ha de ser igual para todos, si no, se pierde la confianza en la Institución; más del 80º% de los españoles no confían en la Justicia, sólo un 17% defiende su actual status; ven que la justicia es lenta e injusta, que no es imparcial, rápida y eficaz, por lo que se ríen y se mofan de ella; comprueban que algunos jueces y fiscales están politizados, que las altas instituciones judiciales dependen de los partidos y sensibles leyes penales andan lejos del sentir popular. No se cuestiona la actuación y formación de los jueces y del personal de justicia, su competencia y profesionalidad, en general, son intachables, es el sistema el que no cumple sus cometidos constitucionales; el problema que más les irrita es la politización, asquea la sumisión de los políticos a quien los nombra.
El Estado de Derecho exige ineludibles y profundas reformas, para poder progresar y evolucionar socialmente; la necesidad de una justicia moderna y renovada concita, con diferentes tonos, una gran unanimidad en el pueblo, que espera de sus leyes y jueces atención imparcial y solícita y mejor dotación de medios; es perentorio que el Congreso, Senado y los partidos políticos se alejen y se desentiendan de nombrar y elegir magistrados, fiscales y órganos jurisdiccionales; la organización, procedimientos y penas han de estar sometidos únicamente al imperio de la Ley; la gente rechaza intensamente la politización. Hay que vitalizar el antiguo modo de elección del Consejo General del Poder Judicial y del Fiscal Gral del Estado, cuya decisión debe depender de jueces y fiscales respectivamente; y blindar la figura del Fiscal G. del E. en su libre actuación. El T. Constitucional es innecesario, se cree que sólo actúa por intereses políticos y que tarda en exceso en decidir sus asuntos; es preciso suprimirlo, con el Supremo basta, sólo habrá que reforzar su papel jurisdiccional.
Requiere ello voluntad política para firmar un gran acuerdo que además de independencia dote a la justicia de medios humanos y materiales necesarios para normalizar el servicio y corregir el sistema; no se pueden seguir soportando esos casos lamentables y dolorosos de burla e ineficacia, que aún nos irritan, cuya contestación social se ha hecho evidente desagrado en la apreciación popular. La pena, además de la reinserción, es principalmente un castigo con un objetivo preventivo. La Ley del menor exige su reforma, pues es absolutamente injusta; hay que juzgar el delito por su gravedad y no por la edad del infractor. El pueblo quiere un derecho que asista al ciudadano, y no ver aplicar sólo los derechos de los imputados; quiere leyes que protejan a las víctimas. Seguramente, el gran problema está en la legislación y los legisladores.
C. Mudarra
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