Es falso lo que dicen algunos políticos de que la corrupción en España es un reflejo de la sociedad real. Por el contrario, es un problema genuino de una clase política que se nutre de personas sin suficiente solvencia ética y valores. Así lo entiende la organización Transparencia Internacional, que recomienda a España diez medidas para acabar con esa terrible lacra, que según los expertos no sólo ensucia la vida política y económica y deteriora los servicios y prestaciones del Estado en España, sino que también empobrece al país, deteriora la convivencia y hace perder a la nación muchos miles de millones de euros cada año.
Las medidas que acabarían con la corrupción, coincidentes en parte, aunque menos drásticas e intensas que las que propone este medio "Voto en Blanco" desde sus orígenes, son las siguientes:
1. Promover la despolitización de los órganos constitucionales y disminuir de forma significativa lo que considera un “excesivo y desequilibrado poder de los partidos políticos en relación con la sociedad y los ciudadanos”.
2. Reducir el número de aforados –señala que ningún país en Europa tiene tantos aforados como España–, así como las características del aforamiento, limitándolo exclusivamente a las actividades y actuaciones relacionadas con el correspondiente cargo público.
3. Eliminar la posibilidad de conceder indultos por corrupción.
4. Disminución sensible del clientelismo político, disminuyéndose a tal efecto la enorme cantidad de cargos de libre designación existentes en este país.
5. Mejorar diversas disposiciones legales en el ámbito sancionador, incluyéndose a tal efecto la figura del delito por enriquecimiento ilícito, así como el desarrollo de un régimen específico de infracciones y sanciones en la Ley de Transparencia.
6. Aprobación urgente del Reglamento de la Ley de Transparencia, todavía pendiente tres años después de haberse publicado la Ley.
7. Publicación de una Ley de protección a los denunciantes: Para que los ciudadanos se sientan protegidos legalmente cuando conozcan hechos y deseen formular denuncias por fraude y corrupción.
8. Regulación de los lobbies. Es necesario que se regulen desde un punto de vista legal los lobbies, se propicie su transparencia social, y se establezca obligatoriamente la creación de Registros de grupos de interés en las distintas instituciones públicas y parlamentarias.
9.Transparencia de las formaciones políticas: Es necesario que aumente la transparencia financiera de los Partidos y de las entidades perimétricas de los mismos (Fundaciones, etc.), siguiendo de esta forma las recomendaciones del GRECO (Grupo de países del Consejo de Europa contra la Corrupción).
10. Por último, reclama que en la educación se introduzcan conceptos y materias relacionados con la ética, los valores, la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción.
Las recomendaciones propuestas renuncian a aplicar el principio de "A grandes males, grandes remedios", lo que las hace "débiles", aunque positivas para reducir esa corrupción "made in Spain" que asombra y asquea a la comunidad internacional. Faltan, por ejemplo, prohibir la financiación de los partidos políticos y sindicatos con el dinero de los impuestos y endurecer los castigos a los corruptos en el código penal, introduciendo la figura de "prisión perpetua" para aquellos políticos ladrones que se nieguen a devolver el botín. Faltan también la reducción de los mandatos políticos a un máximo de ocho años y la urgente reducción del poder de los partidos y del tamaño del Estado, regulados y asumidos como mandatos constitucionales, la penalización del despilfarro y del endeudamiento alocado y un cambio radical en la representación, hasta conseguir que los diputados y senadores representen a sus electores por distrito, único camino para que la ciudadanía sea la representada, no los partidos políticos, como ocurre en la actualidad.
Francisco Rubiales
Las medidas que acabarían con la corrupción, coincidentes en parte, aunque menos drásticas e intensas que las que propone este medio "Voto en Blanco" desde sus orígenes, son las siguientes:
1. Promover la despolitización de los órganos constitucionales y disminuir de forma significativa lo que considera un “excesivo y desequilibrado poder de los partidos políticos en relación con la sociedad y los ciudadanos”.
2. Reducir el número de aforados –señala que ningún país en Europa tiene tantos aforados como España–, así como las características del aforamiento, limitándolo exclusivamente a las actividades y actuaciones relacionadas con el correspondiente cargo público.
3. Eliminar la posibilidad de conceder indultos por corrupción.
4. Disminución sensible del clientelismo político, disminuyéndose a tal efecto la enorme cantidad de cargos de libre designación existentes en este país.
5. Mejorar diversas disposiciones legales en el ámbito sancionador, incluyéndose a tal efecto la figura del delito por enriquecimiento ilícito, así como el desarrollo de un régimen específico de infracciones y sanciones en la Ley de Transparencia.
6. Aprobación urgente del Reglamento de la Ley de Transparencia, todavía pendiente tres años después de haberse publicado la Ley.
7. Publicación de una Ley de protección a los denunciantes: Para que los ciudadanos se sientan protegidos legalmente cuando conozcan hechos y deseen formular denuncias por fraude y corrupción.
8. Regulación de los lobbies. Es necesario que se regulen desde un punto de vista legal los lobbies, se propicie su transparencia social, y se establezca obligatoriamente la creación de Registros de grupos de interés en las distintas instituciones públicas y parlamentarias.
9.Transparencia de las formaciones políticas: Es necesario que aumente la transparencia financiera de los Partidos y de las entidades perimétricas de los mismos (Fundaciones, etc.), siguiendo de esta forma las recomendaciones del GRECO (Grupo de países del Consejo de Europa contra la Corrupción).
10. Por último, reclama que en la educación se introduzcan conceptos y materias relacionados con la ética, los valores, la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción.
Las recomendaciones propuestas renuncian a aplicar el principio de "A grandes males, grandes remedios", lo que las hace "débiles", aunque positivas para reducir esa corrupción "made in Spain" que asombra y asquea a la comunidad internacional. Faltan, por ejemplo, prohibir la financiación de los partidos políticos y sindicatos con el dinero de los impuestos y endurecer los castigos a los corruptos en el código penal, introduciendo la figura de "prisión perpetua" para aquellos políticos ladrones que se nieguen a devolver el botín. Faltan también la reducción de los mandatos políticos a un máximo de ocho años y la urgente reducción del poder de los partidos y del tamaño del Estado, regulados y asumidos como mandatos constitucionales, la penalización del despilfarro y del endeudamiento alocado y un cambio radical en la representación, hasta conseguir que los diputados y senadores representen a sus electores por distrito, único camino para que la ciudadanía sea la representada, no los partidos políticos, como ocurre en la actualidad.
Francisco Rubiales
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