Transparencia es limpieza, claridad, diafanídad. En los países democráticos, desde hace muchos años, tienen una Ley de Transparencia, porque descubrieron que el enemigo número uno de la democracia es la corrupción, la oscuridad, la suciedad administrativa. En España, después de casi cuarenta años de democracia, no se ha querido hablar de esto, de manera que pertenecemos al grupo de países que aún no tienen ley de transparencia.
Cada vez que los ciudadanos han chillado ante la corrupción y la suciedad, los mismos presidentes de Gobierno han evadido el bulto y el Parlamento se ha limitado a nombrar una comisión de esclarecimiento que lo que ha hecho ha sido oscurecer y ocultar aún más la verdad de los hechos, para que el umbral de acción de los parlamentarios siga en la penumbra.
En estos momentos, la falta de transparencia es tal que los ciudadanos han perdido la confianza en los políticos y en los representantes del pueblo, no se creen lo que dicen y España ocupa uno de los lugares de mayor corrupción y de falta de credibilidad del mundo. Por fortuna, los jueces, que también estaban en entredicho, han reaccionado a tiempo.
Por fin, ante estos extremos, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia ha anunciado la implantación de la ley. Hace muchos años que los españoles han querido conocer las tramas que han esquilmado al país. Pero los presidentes de Gobierno y de las comunidades autónomas no han hecho otra cosa que ocultar las argucias y dispendios de sus protegidos.
“Esperamos que el acceso a la información pública y al buen gobierno sea una pieza fundamental en este objetivo, porque creemos que contribuirá de forma determinante a restaurar la confianza en las instituciones y a mejorar la calidad de nuestra democracia. Por eso, hemos desarrollado un trámite de consulta pública sobre el texto de esta nueva norma, para que los ciudadanos puedan conocer de primera mano y participar en primera persona en la elaboración de esta Ley.” Así lo comunicaba, el pasado 5 de junio, la vicepresidenta Soraya de Santa María.
Sin embargo, ya hay algunos políticos que dicen que “todo gobierno necesita cierto umbral de secreto.” Pero no es este el momento, porque los ciudadanos defienden con fuerza que “todos los ciudadanos somos iguales en democracia, que nadie está exento de pasar por el tamiz de la justicia y que todos tenemos que colaborar con los impuestos para resolver los problemas económicos del país, por muy rey, político, científico, eclesiástico o culto que sea.”
Los ciudadanos están deseosos de participar en esta ley con aportaciones, sugerencias y apreciaciones. Asegura la ministra que, en estos quince días, han recibido más de 80.000 visitas en la página web, y más de 3.600 contribuciones. Ya era hora, aunque más vale tarde que nunca. Abogamos por la limpieza, claridad y diafanidad, y esperamos, cuanto antes, la Ley de Transparencia.
JUAN LEIVA
Cada vez que los ciudadanos han chillado ante la corrupción y la suciedad, los mismos presidentes de Gobierno han evadido el bulto y el Parlamento se ha limitado a nombrar una comisión de esclarecimiento que lo que ha hecho ha sido oscurecer y ocultar aún más la verdad de los hechos, para que el umbral de acción de los parlamentarios siga en la penumbra.
En estos momentos, la falta de transparencia es tal que los ciudadanos han perdido la confianza en los políticos y en los representantes del pueblo, no se creen lo que dicen y España ocupa uno de los lugares de mayor corrupción y de falta de credibilidad del mundo. Por fortuna, los jueces, que también estaban en entredicho, han reaccionado a tiempo.
Por fin, ante estos extremos, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia ha anunciado la implantación de la ley. Hace muchos años que los españoles han querido conocer las tramas que han esquilmado al país. Pero los presidentes de Gobierno y de las comunidades autónomas no han hecho otra cosa que ocultar las argucias y dispendios de sus protegidos.
“Esperamos que el acceso a la información pública y al buen gobierno sea una pieza fundamental en este objetivo, porque creemos que contribuirá de forma determinante a restaurar la confianza en las instituciones y a mejorar la calidad de nuestra democracia. Por eso, hemos desarrollado un trámite de consulta pública sobre el texto de esta nueva norma, para que los ciudadanos puedan conocer de primera mano y participar en primera persona en la elaboración de esta Ley.” Así lo comunicaba, el pasado 5 de junio, la vicepresidenta Soraya de Santa María.
Sin embargo, ya hay algunos políticos que dicen que “todo gobierno necesita cierto umbral de secreto.” Pero no es este el momento, porque los ciudadanos defienden con fuerza que “todos los ciudadanos somos iguales en democracia, que nadie está exento de pasar por el tamiz de la justicia y que todos tenemos que colaborar con los impuestos para resolver los problemas económicos del país, por muy rey, político, científico, eclesiástico o culto que sea.”
Los ciudadanos están deseosos de participar en esta ley con aportaciones, sugerencias y apreciaciones. Asegura la ministra que, en estos quince días, han recibido más de 80.000 visitas en la página web, y más de 3.600 contribuciones. Ya era hora, aunque más vale tarde que nunca. Abogamos por la limpieza, claridad y diafanidad, y esperamos, cuanto antes, la Ley de Transparencia.
JUAN LEIVA
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