La línea aérea Spanair ha quebrado de manera sorpresiva y paralizando sus operaciones sin tacto y con un profunda desprecio por sus clientes, dejando en tierra a unos 22.771 pasajeros, a los que se ha estafado sin consideración, despreciándoles y causándoles daños de todo tipo, sin que las instituciones públicas competentes, con la Generalitat de Cataluña al frente, hayan hecho nada por impedirlo. Una vez más queda patente que el poder político en España no sólo no es ejemplar ni garantía alguna de defensa del bien común, sino que muchas veces se convierte en cómplice de las peores prácticas y de las mas inhumanas y degradantes actuaciones algunas de ellas contrarias a los derechos humanos básicos.
Al ojear la prensa española no se aprecia una crítica solvente ni un sólo reproche a la Generalitat y a otras instituciones públicas con competencias y poder en la línea aérea clausurada y con responsabilidad en la defensa de los ciudadanos, ni siquiera un reproche al gobierno catalán, obligado por su condición de autoridad representante del pueblo a evitar que los 22.771 pasajeros dejados en tierra hayan sido despreciados, vejados y humillados por una empresa con notable presencia y apoyo público.
El presidente catalán, Artur Mas asegura que la Generalitat ha hecho «todo lo que ha podido y más» para salvar a Spanair. Ha recordado que desde el Gobierno catalán advirtieron a la aerolínea, desde el inicio, que su colaboración no podía convertirse en un «pozo sin fondo». Pero Mas no ha reconocido su responsabilidad en el cierre por sorpresa, ni el no haber hecho nada para evitar que los pasajeros hayan sido vejados y maltratados.
Menos mal que el socialista Rubalcaba, que no tiene nada que perder porque ya no está en el gobierno, ha considerado "intolerable" la forma en que la compañía aérea Spanair ha cesado su actividad "de la noche a la mañana" dejando "a la gente en los aeropuertos".
Por su parte, el gobierno de Rajoy amenaza a la compañía con imponerle una sanción de 9 millones de euros, pero sin criticar el comportamiento de la Generalitat catalana, seguramente porque necesita los votos de CIU para sacar adelante sus propuestas y planes de gobierno.
Para colmo de males y para demostrar que el comportamiento contrario a la dignidad humana exhibido por la Generalitat no es una excepción, la ministra de Fomento ha salido ante las cámaras para afirmar con un insoportable descaro la mentira de que el comportamiento del gobierno catalán en el desastre de la línea aérea ha sido el correcto.
Pues no, no lo ha sido. ¿Quien tiene en democracia la responsabilidad y el deber de evitar los abusos y los daños a los ciudadanos? El poder político y las instituciones de gobierno, ausentes una vez más cuando el ciudadano las necesitaba. La verdad pura y dura es que el comportamiento exhibido con los pasajeros ha sido brutal, arrogante y cargado de indignidad. La presencia del gobierno catalán en la compañía, a la que también sostenía con abundantes subvenciones y apoyos públicos, deberían haber evitado el desastre y haber impedido que esos más de 20.000 ciudadanos hayan sido dejados en tierra sin previo aviso, causándoles desazón, perjuicios y daños incalculables en sus vidas.
El drama de Spanair demuestra que en España el ciudadano no vale nada y que muchas veces el poder arrogante ni siquiera respeta sus derechos fundamentales.
Ese nulo respeto al ciudadano y esa brutal y deleznable arrogancia del poder son los verdaderos problemas de España, la causa de la crisis, de la corrupción y del abuso, la esencia de nuestro desprestigio y de la infelicidad de los ciudadanos. Al dado de esos problemas, el declive económico y la crisis son puras anécdotas.
Al ojear la prensa española no se aprecia una crítica solvente ni un sólo reproche a la Generalitat y a otras instituciones públicas con competencias y poder en la línea aérea clausurada y con responsabilidad en la defensa de los ciudadanos, ni siquiera un reproche al gobierno catalán, obligado por su condición de autoridad representante del pueblo a evitar que los 22.771 pasajeros dejados en tierra hayan sido despreciados, vejados y humillados por una empresa con notable presencia y apoyo público.
El presidente catalán, Artur Mas asegura que la Generalitat ha hecho «todo lo que ha podido y más» para salvar a Spanair. Ha recordado que desde el Gobierno catalán advirtieron a la aerolínea, desde el inicio, que su colaboración no podía convertirse en un «pozo sin fondo». Pero Mas no ha reconocido su responsabilidad en el cierre por sorpresa, ni el no haber hecho nada para evitar que los pasajeros hayan sido vejados y maltratados.
Menos mal que el socialista Rubalcaba, que no tiene nada que perder porque ya no está en el gobierno, ha considerado "intolerable" la forma en que la compañía aérea Spanair ha cesado su actividad "de la noche a la mañana" dejando "a la gente en los aeropuertos".
Por su parte, el gobierno de Rajoy amenaza a la compañía con imponerle una sanción de 9 millones de euros, pero sin criticar el comportamiento de la Generalitat catalana, seguramente porque necesita los votos de CIU para sacar adelante sus propuestas y planes de gobierno.
Para colmo de males y para demostrar que el comportamiento contrario a la dignidad humana exhibido por la Generalitat no es una excepción, la ministra de Fomento ha salido ante las cámaras para afirmar con un insoportable descaro la mentira de que el comportamiento del gobierno catalán en el desastre de la línea aérea ha sido el correcto.
Pues no, no lo ha sido. ¿Quien tiene en democracia la responsabilidad y el deber de evitar los abusos y los daños a los ciudadanos? El poder político y las instituciones de gobierno, ausentes una vez más cuando el ciudadano las necesitaba. La verdad pura y dura es que el comportamiento exhibido con los pasajeros ha sido brutal, arrogante y cargado de indignidad. La presencia del gobierno catalán en la compañía, a la que también sostenía con abundantes subvenciones y apoyos públicos, deberían haber evitado el desastre y haber impedido que esos más de 20.000 ciudadanos hayan sido dejados en tierra sin previo aviso, causándoles desazón, perjuicios y daños incalculables en sus vidas.
El drama de Spanair demuestra que en España el ciudadano no vale nada y que muchas veces el poder arrogante ni siquiera respeta sus derechos fundamentales.
Ese nulo respeto al ciudadano y esa brutal y deleznable arrogancia del poder son los verdaderos problemas de España, la causa de la crisis, de la corrupción y del abuso, la esencia de nuestro desprestigio y de la infelicidad de los ciudadanos. Al dado de esos problemas, el declive económico y la crisis son puras anécdotas.
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