chapuzas a domicilio
El gobierno que preside Mariano Rajoy, impulsado por un afán recaudatorio enfermizo y desatado y por sus compromisos internacionales para reducir drásticamente el déficit, está a punto de cometer un error fatal que puede significar el zarpazo definitivo y letal a la ya débil economía española: al acabar con la "Economía Sumergida", el único reducto que funciona y crea riqueza en España, eliminará también los ingresos de millones de familias que subsisten sin caer en la desesperación gracias a chapuzas y acuerdos laborales precarios y clandestinos.
Medidas como incrementar el número de inspectores de hacienda y de trabajo para perseguir la economía que no cotiza y castigar a esa legión de trabajadores clandestinos que se mueve por el subsuelo de España merecen una reflexión previa porque podrían reporesentar un error de consecuencias fatales, sobre todo si se realizan antes de emprender otras tareas mucho más urgentes, necesarias y justas, como son recaudar mas entre las grandes empresas y fortunas, reducir el incosteable e improductivo aparato de las administraciones públicas, deshacerse de televisiones públicas ruinosas, privatizar empresas y servicios que el Estado gestiona mal y suprimir de una vez las subvenciones injustas y abusivas que reciben los partidos políticos, los sindicatos, la patronal y miles de ONGs e instituciones adscritas a los partidos políticos que no aportan nada al bien común.
Ante la paralización general de la economía y el hundimiento de la recaudación, el gobierno de Rajoy está a punto de cometer otro error fatal al arremeter contra esa economía sumergida que funciona, antes de reformar el verdadero núcleo del problema de España, que es la existencia de un Estado tan obeso, costoso e insostenible que no hay economía capaz de financiarlo en estos tiempos de crisis.
Acabar con esa legión de fontaneros, electricistas, albañiles, carpinteros, jardineros, empleados del hogar y chapuceros de todo tipo, que trabajan mucho y cobran poco, sin facturar ni cotizar a la seguridad social, puede parecer una medida correcta y saludable, pero en realidad significa liquidar el único reducto de la economía española que goza de una relativa salud y que funciona en estos tiempos de crisis, gracias al cual subsisten millones de familias desempleadas y sin ingresos, que, sin esa salida, no tendrían otra opción que el grito desesperado en las calles de España.
El gobierno de Rajoy debería convencerse de una verdad tan dura y amarga como real: la peor losa de plomo que aplasta la economía española no es la economía sumergida, sino el Estado, enfermo de obesidad, atiborrado de privilegios, lento, ineficiente, torpe, injusto, depredador e incapaz de financiarse si no es metiendo la mano en el bolsillo, una y otra vez, a sus ya acosados y empobrecidos ciudadanos.
Medidas como incrementar el número de inspectores de hacienda y de trabajo para perseguir la economía que no cotiza y castigar a esa legión de trabajadores clandestinos que se mueve por el subsuelo de España merecen una reflexión previa porque podrían reporesentar un error de consecuencias fatales, sobre todo si se realizan antes de emprender otras tareas mucho más urgentes, necesarias y justas, como son recaudar mas entre las grandes empresas y fortunas, reducir el incosteable e improductivo aparato de las administraciones públicas, deshacerse de televisiones públicas ruinosas, privatizar empresas y servicios que el Estado gestiona mal y suprimir de una vez las subvenciones injustas y abusivas que reciben los partidos políticos, los sindicatos, la patronal y miles de ONGs e instituciones adscritas a los partidos políticos que no aportan nada al bien común.
Ante la paralización general de la economía y el hundimiento de la recaudación, el gobierno de Rajoy está a punto de cometer otro error fatal al arremeter contra esa economía sumergida que funciona, antes de reformar el verdadero núcleo del problema de España, que es la existencia de un Estado tan obeso, costoso e insostenible que no hay economía capaz de financiarlo en estos tiempos de crisis.
Acabar con esa legión de fontaneros, electricistas, albañiles, carpinteros, jardineros, empleados del hogar y chapuceros de todo tipo, que trabajan mucho y cobran poco, sin facturar ni cotizar a la seguridad social, puede parecer una medida correcta y saludable, pero en realidad significa liquidar el único reducto de la economía española que goza de una relativa salud y que funciona en estos tiempos de crisis, gracias al cual subsisten millones de familias desempleadas y sin ingresos, que, sin esa salida, no tendrían otra opción que el grito desesperado en las calles de España.
El gobierno de Rajoy debería convencerse de una verdad tan dura y amarga como real: la peor losa de plomo que aplasta la economía española no es la economía sumergida, sino el Estado, enfermo de obesidad, atiborrado de privilegios, lento, ineficiente, torpe, injusto, depredador e incapaz de financiarse si no es metiendo la mano en el bolsillo, una y otra vez, a sus ya acosados y empobrecidos ciudadanos.
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