Cuanto mas corrupto es el Estado, menos aplica la ley y mas cobardía acumula
Es evidente que en un Estado democrático y de derecho no se pueden ilegalizar las ideas, pero los estados deben blindarse con leyes apropiadas para que cuando esos enemigos del Estado, de la Constitución y de la unidad lleguen al poder no puedan destruir los derechos, las libertades y el mismo Estado que les acoge.
Aunque parece claro que el Estado español no está suficientemente protegido contra los que quieren destruirlo desde dentro, esa percepción no es del todo correcta porque la legislación tiene leyes y recursos para evitar que una parte decida por el todo y para que unos enemigos del Estado consigan romperlo o desarbolarlo, eliminando derechos, libertades y dañando la convivencia.
Lo que en España falla no es tanto la ley como la voluntad política para aplicar las leyes y movilizar las defensas existentes. La clase política española, maniatada por pactos inconfesables entre partidos y complicidades en torno a corrupciones y abusos, prefiere siempre pactar antes que abrir el capítulo de la confrontación.
El adoctrinamiento y la propagación del odio nacionalista a España debieron haber sido frenados en Cataluña, con la ley en l mano, hace mucho tiempo, pero los dos grandes partidos políticos nacionales, el PP y el PSOE, no lo hicieron y prefirieron sellar pactos mafiosos con l nacionalismo catalán, permitiéndole gobernar con impunidad y practicando todo tipo de abusos corruptos, a cambio de los votos que necesitaban para gobernar en España.
El actual drama catalán, orientado hacia una ruptura del Estado, es la obra cumbre de miserables como Jordi Pujol, Artur Mas y sus nacionalistas taimados y corruptos, pero también lo es de mandatarios frívolos y ajenos a la ley como Felipe González, Aznar, Zapatero y el mismo Rajoy.
Muchos de los protagonistas del proceso independentista catalán y algunos responsables del Estado español pueden estar violando la ley, lo que traerá consecuencias en el futuro, cuando la Justicia funcione y tenga dignidad suficiente para castigar los delitos del poder, a unos por promover la ruptura ilegal y a otros por permitirla sin hacer cumplir la ley.
Esa cobardía política es la que ha permitido que en España se aprueben estatutos autonómicos que afectan a todos los españoles y que violan la Constitución, sin que los gobiernos hayan reaccionado para impedir las hirientes diferencias impuestas entre españoles de una región y de otra o la destrucción práctica de la unidad de mercado, de fiscalidad, de sanidad y de otros capítulos que violan el mandato constitucional de la igualdad de todos los españoles.
En Alemania existe una institución común que vela por el cumplimiento de la Constitución, pero en España, para cuidar la carta magna, solo existe un Tribunal Constitucional que está profundamente desprestigiado y desacreditado por su politización y dependencia de los grandes partidos políticos y del gobierno, que tienen la osadía antidemocrática de designar a sus magistrados.
Otra pregunta que salta a la actualidad en España es si la democracia y el nacionalismo con compatibles. La democracia puede albergar partidos nacionalistas en su seno y sería impensable que los ilegalizara, pero no cabe duda de que el nacionalismo, cuando alcanza el poder, colisiona con la democracia y la debilita y deteriora, porque la democracia es incluyente e integradora, mientras que el nacionalismo es excluyente, diferenciador y desintegrador.
La democracia francesa es mucho mas exigente e intolerante con el nacionalismo que la española y, sin embargo, nadie puede defender que la democracia española sea superior a la francesa.
La dos grandes diferencias entre España y las demás democracias de su entorno son las siguientes: la primera es que la democracia española está mas degradada y alejada de la ortodoxia, pareciéndose mas a una oligocracia de partidos que a una verdadera democracia, y la segunda es que la clase política española es de peor calidad, mas corrupta, cobarde e incapaz de aplicar las leyes y defender los principios y valores, incluso aquellos que son básicos y sostienen la fortaleza y legitimidad del Estado.
Aunque parece claro que el Estado español no está suficientemente protegido contra los que quieren destruirlo desde dentro, esa percepción no es del todo correcta porque la legislación tiene leyes y recursos para evitar que una parte decida por el todo y para que unos enemigos del Estado consigan romperlo o desarbolarlo, eliminando derechos, libertades y dañando la convivencia.
Lo que en España falla no es tanto la ley como la voluntad política para aplicar las leyes y movilizar las defensas existentes. La clase política española, maniatada por pactos inconfesables entre partidos y complicidades en torno a corrupciones y abusos, prefiere siempre pactar antes que abrir el capítulo de la confrontación.
El adoctrinamiento y la propagación del odio nacionalista a España debieron haber sido frenados en Cataluña, con la ley en l mano, hace mucho tiempo, pero los dos grandes partidos políticos nacionales, el PP y el PSOE, no lo hicieron y prefirieron sellar pactos mafiosos con l nacionalismo catalán, permitiéndole gobernar con impunidad y practicando todo tipo de abusos corruptos, a cambio de los votos que necesitaban para gobernar en España.
El actual drama catalán, orientado hacia una ruptura del Estado, es la obra cumbre de miserables como Jordi Pujol, Artur Mas y sus nacionalistas taimados y corruptos, pero también lo es de mandatarios frívolos y ajenos a la ley como Felipe González, Aznar, Zapatero y el mismo Rajoy.
Muchos de los protagonistas del proceso independentista catalán y algunos responsables del Estado español pueden estar violando la ley, lo que traerá consecuencias en el futuro, cuando la Justicia funcione y tenga dignidad suficiente para castigar los delitos del poder, a unos por promover la ruptura ilegal y a otros por permitirla sin hacer cumplir la ley.
Esa cobardía política es la que ha permitido que en España se aprueben estatutos autonómicos que afectan a todos los españoles y que violan la Constitución, sin que los gobiernos hayan reaccionado para impedir las hirientes diferencias impuestas entre españoles de una región y de otra o la destrucción práctica de la unidad de mercado, de fiscalidad, de sanidad y de otros capítulos que violan el mandato constitucional de la igualdad de todos los españoles.
En Alemania existe una institución común que vela por el cumplimiento de la Constitución, pero en España, para cuidar la carta magna, solo existe un Tribunal Constitucional que está profundamente desprestigiado y desacreditado por su politización y dependencia de los grandes partidos políticos y del gobierno, que tienen la osadía antidemocrática de designar a sus magistrados.
Otra pregunta que salta a la actualidad en España es si la democracia y el nacionalismo con compatibles. La democracia puede albergar partidos nacionalistas en su seno y sería impensable que los ilegalizara, pero no cabe duda de que el nacionalismo, cuando alcanza el poder, colisiona con la democracia y la debilita y deteriora, porque la democracia es incluyente e integradora, mientras que el nacionalismo es excluyente, diferenciador y desintegrador.
La democracia francesa es mucho mas exigente e intolerante con el nacionalismo que la española y, sin embargo, nadie puede defender que la democracia española sea superior a la francesa.
La dos grandes diferencias entre España y las demás democracias de su entorno son las siguientes: la primera es que la democracia española está mas degradada y alejada de la ortodoxia, pareciéndose mas a una oligocracia de partidos que a una verdadera democracia, y la segunda es que la clase política española es de peor calidad, mas corrupta, cobarde e incapaz de aplicar las leyes y defender los principios y valores, incluso aquellos que son básicos y sostienen la fortaleza y legitimidad del Estado.
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