"Sabemos demasiado"

Yo tambien he tenido la oportunidad de hablar con algunos de esos prejubilados privilegiados que están cobrando lo que no se puede pagar, los prejubilaron por miles pagandoles miles de millones que ahora son insostenibles para los ciudadanos.

Alguno me ha contado lo que todos imaginamos, desde como se daban algunos créditos que se sabia de antemano que no se iban a devolver, a muchas de las operaciones que tenían más de interés político que de económico para la Caja. Algunos de los asuntos que me contaba no es que rocen lo delictivo es que están contemplados en el Código Penal.

Sencillamente, la conclusión que uno saca es que hay que tirar a la basura lo antes posible la Constitución pues es una farsa, porque ni todos los españoles somos iguales ante la ley ni la ley es igual para todos. Esta es la prueba de ello, han vaciado las Cajas mediante el saqueo, el robo y el expolio a manos llenas incluso con maletines cargados de dinero en favor de algunos políticos, indemnizaciones que aún no sabemos y que la justicia no se digna a entrar en los ordenadores, muchos seguramente manipulados para alterar operaciones que han sido autenticos robos.

Era el dinero de los depositantes lo que ha desaparecido y lo que nos tiene que poner el BCE y que acabaremos pagando los ciudadanos. No lo podemos consentir, han de pagarlo y devolverlo los causantes porque ese dinero no se evapora, está en paraisos fiscales o a nombre de familiares y testaferros. Ha sido el mayor robo de la historia de España y si estos prejubilados de oro que han tenido responsabilidades no colaboran son cómplices y hay que ir a buscarlos judicialmente. No podemos ni seguir pagando esas pensiones ni dejar que los consejeros políticos y sindicalistas se vayan con el botin haciendono pagar a nosotros.

Tanto el CNI, las Brigadas de Información de la Polìcia y de la Guardia Civil ya tenian que estar interrogando a toda esta banda organizada que a lo largo de los años han ido acumulando un botin producto del saqueo de los depositos de las Cajas. Al igual que ha ido haciendo el electricista de la catedral de Santiago que llego a acumular mas de 1 milllon de euros y ya ha sido detenido y encerrado, lo mismo se deberian hacer con estos y no dilatar un proceso que puede durar de 5 a 10 años. En estos casos, la justicia ha de ser eficaz y eso quiere decir rápida para que los ciudadanos no tengamos otro peso que soportar y un ejemplo del que tomar nota, porque al final en este país va a resultar mas ventajoso robar que quedarse en casa.

Y si tienen que caer todos , que caigan, como si tienen que precintar los partidos políticos, se precintan y se cierran y se mete en la cárcel a sus responsables ¿Pero esto que es? ¿Es que acaso algunas personas y organizaciones son inmunes e impunes a la ley? Aqui se debe investigar urgentemente porque ya nos está costando dinero todo este asunto y otros del régimen de corrupción que vivimos. Cada reforma, cada recorte, cada ERE, cada despido, cada cierre de empresa, cada persona en una cola de Caritas o comiendo de un contenedor es el resultado del saqueo a las arcas del Estado, de las Cajas de Ahorro y de todas las instituciones donde han estado estos señores ¿Como que no hay que llegar hasta el final? El Fiscal ya tenia que estar encerrando gente, al igual que se hizo con Rumasa que notardaron en aparecer los coches policiales en las puertas de sus bancos o con Mario Conde al que se le montó un proceso judicial y político con comisión de investigación incluida, esa misma que ahora niegan.

No creo de ningún modo que deba quedar las cosas como están, aquí la JUSTICIA si es que existe tiene el deber de investigar todo lo que aya que investigar sea quien sea desde el primero hasta el último, este saqueo no debe quedar impune de ninguna manera, esto tiene que saberlo todo el pueblo español.

Los tribunales se llenan de casos para depurar su responsabilidad en los escándalospor la venta de preferentes y acciones, las indemnizaciones y los agujeros contables.


Un sinfín de banqueros están siendo investigados por la Justicia. Se ha abierto la veda contra ellos, en procesos similares a los llevados a cabo en Islandia, ReinoUnido o Estados Unidos. La admisión a trámite de la querella de UPyD contra los exadministradores de BFA y Bankia es el último episodio de un relato que se promete largo y complejo. Los inversores particulares, distintas asociaciones, el propio Estado y algunos partidos políticos han tomado la iniciativa, con sus denuncias, para depurar las presuntas responsabilidades sobre el escándalo de las antiguas cajas de ahorros.

Tres son las vertientes principales de todas las denuncias presentadas hasta ahora. La primera, es la posible ocultación del agujero patrimonial a través de artimañas contables que han obligado a las entidades a solicitar cuantiosas ayudas públicas para sobrevivir. La segunda, la entrega de indemnizaciones y pensiones millonarias a pesar de una gestión que, en la mayor parte de los casos, es ruinosa teniendo en cuenta los resultados. Y la tercera, con un perjuicio social importante, en las prácticas empleadas para vender productos (participaciones preferentes y acciones), en los que los clientes están atrapados en la actualidad con sustanciales pérdidas para sus bolsillos.

¿Quiénes están en el punto de mira? No todas las entidades se tienen que enfrentar al veredicto de la Justicia. Además de BFA-Bankia y sus antiguos consejeros, están siendo analizados con lupa por los tribunales Novagalicia, CatalunyaCaixa, Banco Valencia, CAM, Caja España, Caixa Penedés y CCM, al igual que sus principales exgestores.

Los pasillos de las audiencias y juzgados provinciales y de la Audiencia Nacional estarán, previsiblemente, repletos en los próximos meses de exdirectivos financieros, que tendrán que acudir a dar explicaciones y enfrentarse a eventuales sentencias.

CCM, el inicio de todo
Quienes han pisado ya la moqueta de estos tribunales han sido los diferentes jefes de la antigua CCM. Su paso fue amargo, ya que tanto el expresidente, Juan Pedro Hernández, como el número dos, Ildefonso Ortega, fueron sancionados por la Audiencia Nacional con cinco años de inhabilitación y una multa económicade 155.000 euros y 150.000 euros, respectivamente. La Audiencia ratificó la propuesta del Banco de España, que conllevó penas para otros miembros del consejo de administración. Este proceso se inició tras la intervención de la caja manchega. El calvario para sus antiguos responsables no ha acabado. Se enfrentan ahora a otro caso, iniciado por parte del órgano rector de la entidad. Los representantes del PP en el consejo de CCM denunciaron ante la Audiencia Nacional a Moltó y Ortega por su nefasta gestión. El grupo tuvo que ser rescatado, con unas ayudas superiores a los 5.000 millones y adjudicado a Cajastur.

El caso de la manchega ha sido el preludio de lo que en la actualidad está sucediendo. El más relevante, por su magnitud y perjuicio social, es el de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y su filial Bankia.

Bankia, la magnitud del caso
La entidad y su exadministradores tendrán que hacer frente a un aluvión de querellas por distintas causas. Los delitos de los que se les acusa son diferentes: desde falsedad documental hasta de apropiación indebida de fondos.

A esta denuncia admitida a trámite por la Audiencia Nacional, hay que sumar otras cuatro, que están en proceso de análisis por la Fiscalía y el juez. Adicae, Aemec, el 15-M y Manos Limpias pretenden sacar las vergüenzas, no sólo de gestión realizada por la anterior cúpula, la liderada, por Rodrigo Rato, sino de la previa, la desarrollada por los presidentes de las cajas fundadoras, como Miguel Blesa, de Caja Madrid. Alguna de ellas, como la interpuesta por Manos Limpias, va más allá y abre el abanico de responsables del fiasco al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Las causas contra BFA-Bankia contienen todas las vertientes y los, por ahora, 33 inculpados por la Audiencia Nacional, se enfrentan a penas de prisión de hasta 15 años por cinco presuntos delitos. La investigación, para la cual el tribunal número 4 de este organismo ha reclamada una multitud de información, va dirigida a esclarecer los siguientes puntos: el súbito deterioro patrimonial de Bankia, por el que necesitará, a priori, 23.500 millones de recursos del Estado; la salida a bolsa de la entidad y las consecuencias para sus accionistas, entre los que se encuentran 400.000 ahorradores; la venta de las participaciones preferentes por importe de 4.000 millones; las indemnizaciones pagadas a sus ex directivos, al igual que los créditos concedidos a consejeros y familiares; y comoanexo, la caída de Banco de Valencia, que estuvo controlado por BFA-Bankia, cuya participación del 40 por ciento fue heredada de la levantina Bancaja.

Con respecto al Banco de Valencia existe otra denuncia, presentada por el propio Frob (accionista mayoritario) contra la excúpula por su gestión al frente de la entidad (Olivas, Antonio Tirado, Domingo Parra, Celestino Aznar y Agnés Noguera). Un juzgado de Valencia también estudia la querella contra ellos interpuesta por accionistas minoritarios, que han perdido gran parte de su inversión tras la intervención.

La investigación de la querella de UPyD a día de hoy es la más adelantada, pero aún está en una fase inicial. Entre las personalidades a las que afecta se encuentran Rato, el exvicepresidente del grupo, José Luis Olivas, el exministro Ángel Acebes, y otros treinta exconsejeros del conglomerado financiero, entre los que está el recién dimitido consejero delegado, Francisco Verdú.

La acusación, en función del avance de las pruebas, no descarta ampliar la lista de implicados, como a otros vocales olvidados -entre ellos, Virgilio Zapatero- y al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.

La acción social en Novagalicia
Como este último, los guardianes de las viejas entidades de ahorros lideran el ranking de las querellas, por su actuación, en muchos casos contaminada por la vinculación política y una cadena de errores en la los reguladores pudieron hacer la vista gorda.

El escándalo de las jubilaciones de oro y las preferentes ha cogido fuerza en Galicia, donde los movimientos sociales han canalizado las protestas. Su fuerza, que no tiene comparación con la de otras regiones, ha provocado que la Fiscalía actúe para determinar la legalidad del reparto de unos 40 millones a seis ex altos directivos y la comercialización de productos de alto riesgo, incluso, a analfabetos. Los afectados por una inversión de casi 1.000 millones han hecho piña y han conseguido que la justicia actúe.

El Ministerio público, tras una demanda colectiva, pidió la semana pasada a Novagalicia que devuelva el dinero a los 43.000 clientes a los que colocó preferentes. La solución, sin embargo, está en manos de Bruselas, quien analiza lasmedidas a adoptar al tratarse de un banco nacionalizado que, además, requiere de nuevas ayudas.

Los anteriores copresidentes de Novacaixagalicia (germen de Novagalicia), Mauro Varela y JulioFernández Gayoso, dimitieron hace diez días de sus cargos ante la admisión a trámite por parte de laAudiencia Nacional contra el esquemade indeminización y pensiones millonarias establecidas en el momento de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova ante su futura salida del grupo resultante.

El Juzgado Central de InstrucciónNúmero 2 de la Audiencia Nacional abrió las diligencias oportunas y la investigación, a propuesta de Anticorrupción contra Gayoso y otros cuatro directivos. Ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez y Javier García de Paredes, además de Gayoso, por presuntos delitos de administración desleal o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida. La Fiscalía también está analizando otra querella contra querella en la que incluye a otros ex altos directivos de las cajas gallegas, como José Luis Méndez y su hijo Yago, por el dinero percibido tras su marcha de la entidad.

El Ministerio público reclama que todas estas cantidades deben ser devueltas tras el estado de situación del grupo, que está nacionalizado desde el pasado mes de octubre.

La Fiscalía general, Anticorrupción y juzgados provinciales están investigando otros casos llamativos en torno a las jubilaciones de oro. Son las correspondientes a la CAM, CatalunyaCaixa, Caja España, Segovia y Caixa Penedés.

Anticorrupción quiere centralizar todos los procesos ante el aluvión de casos,mientras el Congreso de los Diputados debate una normapara obligar la devolución de las indemnización, que superan los 150 millones de euros en total.

La CAM
Algunos procedimientos ya han comenzado, como el de la CAM, donde la exdirectora general, María Dolores Amorós, ha tenido que declarar. En la caja alicantina el reparto de dinero entre sus altos gestores casi 14 millones de euros.

Los exejecutivos de la CAM -Amorós, Modesto Crespo y Roberto López Abad, entre otros- tienen abierto también un expediente en el Banco de España para analizar su gestión enlos últimos años,mientras la Audiencia Nacional investiga si cometieron irregularidades contables. La caja ha necesitado ayudas de 24.000 millones.

Las pesquisas sobre las indemnizaciones y retribuciones fijadas para los directivos afectan también a la cúpula de CatalunyaCaixa, entre los que se encuentra el ex ministro socialista Narcís Serra. En Caixa Penedés cuatro ex gestores se llevaron 20 millones, mientras que en las castellanas algún directivo se prejubiló con casi 6 millones.

Es el caso de Luis Escribano, número dos de Caja Segovia. La actuación de la Justicia, como en otros países, podría suponer el fin de la impunidad de los banqueros en España, que en raras ocasiones se sientan en el banquillo de los acusados.

Cuando el subconsciente traiciona quemalas pasadas juega. Vean como la Sra Cospedal dice lo que piensan todos los políticos "Saquear", en este caso a Castilla La Mancha.