Rajoy ha presentado una ridícula y decepcionante reforma del Estado que ignora las grandes demandas de los ciudadanos y que solo servirá para ahorrar 8.000 millones de euros, cuando podría y debería ahorrar cientos de miles de millones en un país arruinado por el inmenso costo de su gigantesco e inútil aparato administrativo y político.
En la reforma no figura ni una sola de las grandes demandas y reivindicaciones de los ciudadanos, ni desaparecen ninguno de los antidemocráticos privilegios y ventajas que hacen de la clase política española una turba de sátrapas impunes y sin controles cívicos.
La reforma consiste en una serie de medidas administrativas periféricas y de segundo orden, como la de centralizar los servicios de meteorológicos y la elaboración de presupuestos ministeriales con base cero, pero no reduce ni limita la contratación libre de personal por parte de la administración, principal demanda ciudadana, horrorizada ante la existencia de casi medio millón de enchufados que cobran del Estado, sin otro mérito que el de ser amigos del poder o gente con carné de partido.
La reforma, que según Rajoy «Marca un antes y un después en la buena dirección», tampoco menciona ninguno de los cambios que el pueblo español está pidiendo a gritos: el fin de la impunidad práctica de los políticos, la eliminación de la financiación con dinero público de los partidos políticos, sindicatos y patronal, el castigo de los corruptos y la obligación de devolver el dinero que roban y una reforma profunda del poder Judicial que cree una justicia independiente, libre de jueces parciales al servicio de los partidos políticos y sin el obsceno nombramiento de magistrados por parte de los partidos.
La reforma no se atreve a limitar el número de diputados, senadores, consejeros y ministros, pero si habla de unificar las 4.800 cuentas bancarias que tiene hoy la administración del Estado. Puras medidas periféricas cargadas de desprecio al deseo ciudadano y de frustración democrática.
El mayor ridículo de la reforma presentado por Rajoy está en los 8.000 millones de euros que ahorrará a un Estado que gasta mas de 400.000 millones cada año, una masa injusta y exuberante de dinero que el Estado no puede recaudar, a pesar de los enormes impuestos que asfixian al ciudadano, y que consigue endeudando peligrosamente a la nación en los mercados mundiales. Ahorrar 8.000 millones cuando podrían ahorrarse, según los expertos, hasta 300.000 millones, es de risa.
La reforma no garantiza que las miles de instituciones y empresas públicas innecesarias, utilizadas por los políticos como centros para colocar a sus amigos, sean eliminadas, ni suprime el inútil Senado, ni las obsoletas diputaciones provinciales, ni limita el número de parlamentarios y consejeros en las autonomías, cada una de ellas dotadas de pequeñas "cortes" de lujo donde se practica también el amiguismo, el clientelismo, el nepotismo, la ostentación, el despilfarro y otras diversas facetas del abuso de poder habitualmente presentes en la falsa democracia española.
Gran parte de las 217 medidas presentadas son responsabilidad de las comunidades autónomas y no serán obligatorias, lo que permite vaticinar que la mayoría de ellas serán brindis al sol y nuevos engaños a la ciudadanía. Ante el escándalo despilfarrador de las "embajadas" autonómicas esparcidas por todo el mundo, Rajoy no las suprime sino que propone la idea de que se instalen dentro de la embajada del Estado español.
Una reforma seria habría comenzado por suprimir el lujo y el despilfarro duplicado, triplicado y varias veces inútil reinante en las distintas administraciones públicas españolas, sobre todo eliminando gran parte de la inmensa legión de políticos contratados, una carga injusta e innecesaria que convierte al Estado en un insostenible océano de enchufados, cuyo número en España es mayor que el existente en Alemania, Gran Bretaña y Francia juntas.
En la reforma no figura ni una sola de las grandes demandas y reivindicaciones de los ciudadanos, ni desaparecen ninguno de los antidemocráticos privilegios y ventajas que hacen de la clase política española una turba de sátrapas impunes y sin controles cívicos.
La reforma consiste en una serie de medidas administrativas periféricas y de segundo orden, como la de centralizar los servicios de meteorológicos y la elaboración de presupuestos ministeriales con base cero, pero no reduce ni limita la contratación libre de personal por parte de la administración, principal demanda ciudadana, horrorizada ante la existencia de casi medio millón de enchufados que cobran del Estado, sin otro mérito que el de ser amigos del poder o gente con carné de partido.
La reforma, que según Rajoy «Marca un antes y un después en la buena dirección», tampoco menciona ninguno de los cambios que el pueblo español está pidiendo a gritos: el fin de la impunidad práctica de los políticos, la eliminación de la financiación con dinero público de los partidos políticos, sindicatos y patronal, el castigo de los corruptos y la obligación de devolver el dinero que roban y una reforma profunda del poder Judicial que cree una justicia independiente, libre de jueces parciales al servicio de los partidos políticos y sin el obsceno nombramiento de magistrados por parte de los partidos.
La reforma no se atreve a limitar el número de diputados, senadores, consejeros y ministros, pero si habla de unificar las 4.800 cuentas bancarias que tiene hoy la administración del Estado. Puras medidas periféricas cargadas de desprecio al deseo ciudadano y de frustración democrática.
El mayor ridículo de la reforma presentado por Rajoy está en los 8.000 millones de euros que ahorrará a un Estado que gasta mas de 400.000 millones cada año, una masa injusta y exuberante de dinero que el Estado no puede recaudar, a pesar de los enormes impuestos que asfixian al ciudadano, y que consigue endeudando peligrosamente a la nación en los mercados mundiales. Ahorrar 8.000 millones cuando podrían ahorrarse, según los expertos, hasta 300.000 millones, es de risa.
La reforma no garantiza que las miles de instituciones y empresas públicas innecesarias, utilizadas por los políticos como centros para colocar a sus amigos, sean eliminadas, ni suprime el inútil Senado, ni las obsoletas diputaciones provinciales, ni limita el número de parlamentarios y consejeros en las autonomías, cada una de ellas dotadas de pequeñas "cortes" de lujo donde se practica también el amiguismo, el clientelismo, el nepotismo, la ostentación, el despilfarro y otras diversas facetas del abuso de poder habitualmente presentes en la falsa democracia española.
Gran parte de las 217 medidas presentadas son responsabilidad de las comunidades autónomas y no serán obligatorias, lo que permite vaticinar que la mayoría de ellas serán brindis al sol y nuevos engaños a la ciudadanía. Ante el escándalo despilfarrador de las "embajadas" autonómicas esparcidas por todo el mundo, Rajoy no las suprime sino que propone la idea de que se instalen dentro de la embajada del Estado español.
Una reforma seria habría comenzado por suprimir el lujo y el despilfarro duplicado, triplicado y varias veces inútil reinante en las distintas administraciones públicas españolas, sobre todo eliminando gran parte de la inmensa legión de políticos contratados, una carga injusta e innecesaria que convierte al Estado en un insostenible océano de enchufados, cuyo número en España es mayor que el existente en Alemania, Gran Bretaña y Francia juntas.
Inicio
Enviar
Versión para Imprimir
Comentarios: