Los españoles decentes y demócratas no dejan de sorprenderse y no pocos ilusos que votaron al PP creyendo que harían justicia y lucharían contra el abuso y la corrupción, se sienten hoy frustrados e indignados. La "prueba del nueve" de que los dos grandes partidos políticos son más iguales de lo que parece y de que practican un corporativismo cómplice es que el Consejo de Ministros de ayer, viernes, decidió condecorar con el Collar de Isabel la Católica a Zapatero, el gobernante máximo responsable de la ruina de España y de que nuestro país se haya llenado de desprestigio,de desempleados, de pobres y de deudas.
El Consejo de Ministros aprobó varios reales decretos con los que condecora a todos los miembros del Gobierno saliente, concediendo el Collar de la Orden de Isabel la Católica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Al exvicepresidente de Política Territorial Manuel Chaves le ha sido concedida la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, mientras que a los demás miembros del anterior gabinete el Gobierno les ha otorgado la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.
Ante el espectáculo, cualquier ciudadano demócrata se pregunta: ¿por qué condecorarlos en lugar de investigarlos por los estragos que han causado a España? Y la única respuesta es que, por encima de los deseos del pueblo soberano, que quiere que se castiguen a los culpables del desastre de España, está el corporativismo de los partidos políticos, ese "hoy por mi y mañana por ti" que convierte a España en una de las democracias más sucias y degradadas de Occidente.
La Orden de Isabel la Católica tiene como objetivo "premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que redunden en beneficio de la Nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación Española con el resto de la comunidad internacional". En la actualidad depende del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Las distinciones de la Orden de Carlos III tienen como objetivo "recompensar a los ciudadanos que con sus esfuerzos, iniciativas y trabajos hayan prestado servicios eminentes y extraordinarios a la Nación". La Gran Cruz se reserva a quienes hayan sido presidente del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, o el Tribunal Supremo, así como ministros u otras altas autoridades del Estado.
El Consejo de Ministros aprobó varios reales decretos con los que condecora a todos los miembros del Gobierno saliente, concediendo el Collar de la Orden de Isabel la Católica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Al exvicepresidente de Política Territorial Manuel Chaves le ha sido concedida la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, mientras que a los demás miembros del anterior gabinete el Gobierno les ha otorgado la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.
Ante el espectáculo, cualquier ciudadano demócrata se pregunta: ¿por qué condecorarlos en lugar de investigarlos por los estragos que han causado a España? Y la única respuesta es que, por encima de los deseos del pueblo soberano, que quiere que se castiguen a los culpables del desastre de España, está el corporativismo de los partidos políticos, ese "hoy por mi y mañana por ti" que convierte a España en una de las democracias más sucias y degradadas de Occidente.
La Orden de Isabel la Católica tiene como objetivo "premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que redunden en beneficio de la Nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación Española con el resto de la comunidad internacional". En la actualidad depende del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Las distinciones de la Orden de Carlos III tienen como objetivo "recompensar a los ciudadanos que con sus esfuerzos, iniciativas y trabajos hayan prestado servicios eminentes y extraordinarios a la Nación". La Gran Cruz se reserva a quienes hayan sido presidente del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, o el Tribunal Supremo, así como ministros u otras altas autoridades del Estado.
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