Es fácil vocear y encajar una serie de aspectos que resulten agradables por mostrar su lado mas grato y liviano en la concepción de la ley adaptada a nuestros intereses y sazonarla con palabras receptivas como derechos y libertad, cuando realmente exigen intereses y poder, con el objetivo de atajar eludiendo algunos deberes legales y desheredando a millones de personas que solo reclaman sus derechos, al margen de coincidir o no con una ideología o confesión.
Es fácil vocear y convencer, acusando de enemigos del derecho y de la libertad, a los que exigen y recuerdan la parte desagradable que corresponde a los deberes legales y constitucionales.
La democracia, y todas sus prebendas en derechos, deberes y libertades, ha de ser escrita y suscrita por la ciudadanía y flanqueada por unas leyes justas. Cualquier régimen político pasa por una constitución y por unos códigos legales que regulen y permitan la convivencia. Especialmente en democracia, y cuanto más democracia sea más aún, la ley ha de ser inflexible y por igual para todos. La ley injusta o la debilidad en su aplicación, es el orín que irremisiblemente la corroerá y transformará en un vertedero donde se rebozan los poderes en una anarquía que la rechaza y desprecia.
Nadie. Absolutamente nadie, y muchísimo menos desde instituciones del Estado, puede incurrir en desobediencia civil incumpliendo, de forma sistemática y desafiante, la legalidad vigente, a la vez que se acusa de fascistas, u otras lindezas peores, a sus propias víctimas que los sufren y padecen, a los que los denuncian, o a los que reclaman retomar nuevamente dicha legalidad para desde ahí estudiar las posibilidades de cambios favorables a todos.
Fascismo, nazismo, bananerismo, totalitarismo, hamponería, etc., es hacer un uso fraudulento de las instituciones , violentando la constitución y las más básicas leyes y normas democráticas, perturbando y obstruyendo el derecho y libertades de grandes bolsas ciudadanas, creando cortinas de humo acusando a la constitución, al PP, a la Iglesia y a otros, -dando por sentado que esas instituciones no tienen derechos democráticos- de ser lo que son ellos y lo que practican, descaradamente a la luz, con total impunidad, por omisión, dejación y desamparo del Estado. Desde este montón de injusticias y totalitarismo nazi, se reclama “justicia y modernidad”.
La constitución ni es blindada, ni intocable, ni muchísimo menos arma política. Pero mientras esté vigente, el Jefe del Estado, el T.C. y el gobierno tienen derecho y obligación de observar su mas riguroso y escrupuloso cumplimiento, articulando para ello, si fuera necesario, los diversos mecanismo dispuestos para ello. Cualquier cambio constitucional o legal ha de seguir sus procedimientos establecidos. Pero ha de iniciarse desde la legalidad del Estado. Es decir todos los españoles deben estar en absoluta igualdad de amparo y garantías democráticas, legales y constitucionales, vivan donde vivan y gobierne quién gobierne, obligando a retroceder a los ventajistas que han tomado “justicia y ley” por su cuenta. Si para ello es necesario retirar competencias, habrá que retirar competencias.
No se puede permitir reformar la constitución, ni ningún estatuto, cediendo desde el chantaje de flagrante delito de incumplimiento de la legalidad actual. No se puede reformar una constitución, o estatuto, en un Estado democrático, mejorando y aumentando las competencias a regiones cuyos gobiernos son manifiestamente antidemocráticos e incumple les leyes y la sustituye por el más despreciable de los radicalismos discriminatorios y excluyentes, sobre cientos de miles de ciudadanos españoles. No se puede reformar una constitución, o estatuto, bajo los auspicios de un gobierno cuya estabilidad depende del chantaje permanente de esa forma de gobierno. Del olvido institucional de millones de víctimas permitiendo el escarnio de homanajes públicos a sus agresores. No se puede reformar una constitución, o estatuto, con un gobierno que transmite la sensación de que el Estado premia y cede privilegios a los que le presionan y amenazan desde instituciones o desde el crimen organizado.
Previamente, cualquier iniciativa al respecto, ha de pasar necesariamente por el claro y firme posicionamiento, del gobierno, del lado de la ley y de la constitución, -persiguiendo y castigando su incumplimiento, y amparando firmemente a sus víctimas-, y a su medio natural de neutralidad y equidad con el conjunto ciudadano, de la misma forma firme, clara y transparente. Cualquier decisión reformista en base a intereses bastardos, debe ser considerada ilegítima, por tanto ilegal, y rechazada por el Jefe del Estado, T.C., la oposición, la ciudadanía, servicios judiciales y diferentes organizaciones publicas y sociales.
Tomar atajos y tomarse, cada uno, los cambios por su mano, supone la anarquía. Si nos creamos problemas, de convivencia, con un Estado regulado con leyes e instituciones ¿Cuánto tiempo seremos capaces de aguantar una anarquía?
Clandestino
Es fácil vocear y convencer, acusando de enemigos del derecho y de la libertad, a los que exigen y recuerdan la parte desagradable que corresponde a los deberes legales y constitucionales.
La democracia, y todas sus prebendas en derechos, deberes y libertades, ha de ser escrita y suscrita por la ciudadanía y flanqueada por unas leyes justas. Cualquier régimen político pasa por una constitución y por unos códigos legales que regulen y permitan la convivencia. Especialmente en democracia, y cuanto más democracia sea más aún, la ley ha de ser inflexible y por igual para todos. La ley injusta o la debilidad en su aplicación, es el orín que irremisiblemente la corroerá y transformará en un vertedero donde se rebozan los poderes en una anarquía que la rechaza y desprecia.
Nadie. Absolutamente nadie, y muchísimo menos desde instituciones del Estado, puede incurrir en desobediencia civil incumpliendo, de forma sistemática y desafiante, la legalidad vigente, a la vez que se acusa de fascistas, u otras lindezas peores, a sus propias víctimas que los sufren y padecen, a los que los denuncian, o a los que reclaman retomar nuevamente dicha legalidad para desde ahí estudiar las posibilidades de cambios favorables a todos.
Fascismo, nazismo, bananerismo, totalitarismo, hamponería, etc., es hacer un uso fraudulento de las instituciones , violentando la constitución y las más básicas leyes y normas democráticas, perturbando y obstruyendo el derecho y libertades de grandes bolsas ciudadanas, creando cortinas de humo acusando a la constitución, al PP, a la Iglesia y a otros, -dando por sentado que esas instituciones no tienen derechos democráticos- de ser lo que son ellos y lo que practican, descaradamente a la luz, con total impunidad, por omisión, dejación y desamparo del Estado. Desde este montón de injusticias y totalitarismo nazi, se reclama “justicia y modernidad”.
La constitución ni es blindada, ni intocable, ni muchísimo menos arma política. Pero mientras esté vigente, el Jefe del Estado, el T.C. y el gobierno tienen derecho y obligación de observar su mas riguroso y escrupuloso cumplimiento, articulando para ello, si fuera necesario, los diversos mecanismo dispuestos para ello. Cualquier cambio constitucional o legal ha de seguir sus procedimientos establecidos. Pero ha de iniciarse desde la legalidad del Estado. Es decir todos los españoles deben estar en absoluta igualdad de amparo y garantías democráticas, legales y constitucionales, vivan donde vivan y gobierne quién gobierne, obligando a retroceder a los ventajistas que han tomado “justicia y ley” por su cuenta. Si para ello es necesario retirar competencias, habrá que retirar competencias.
No se puede permitir reformar la constitución, ni ningún estatuto, cediendo desde el chantaje de flagrante delito de incumplimiento de la legalidad actual. No se puede reformar una constitución, o estatuto, en un Estado democrático, mejorando y aumentando las competencias a regiones cuyos gobiernos son manifiestamente antidemocráticos e incumple les leyes y la sustituye por el más despreciable de los radicalismos discriminatorios y excluyentes, sobre cientos de miles de ciudadanos españoles. No se puede reformar una constitución, o estatuto, bajo los auspicios de un gobierno cuya estabilidad depende del chantaje permanente de esa forma de gobierno. Del olvido institucional de millones de víctimas permitiendo el escarnio de homanajes públicos a sus agresores. No se puede reformar una constitución, o estatuto, con un gobierno que transmite la sensación de que el Estado premia y cede privilegios a los que le presionan y amenazan desde instituciones o desde el crimen organizado.
Previamente, cualquier iniciativa al respecto, ha de pasar necesariamente por el claro y firme posicionamiento, del gobierno, del lado de la ley y de la constitución, -persiguiendo y castigando su incumplimiento, y amparando firmemente a sus víctimas-, y a su medio natural de neutralidad y equidad con el conjunto ciudadano, de la misma forma firme, clara y transparente. Cualquier decisión reformista en base a intereses bastardos, debe ser considerada ilegítima, por tanto ilegal, y rechazada por el Jefe del Estado, T.C., la oposición, la ciudadanía, servicios judiciales y diferentes organizaciones publicas y sociales.
Tomar atajos y tomarse, cada uno, los cambios por su mano, supone la anarquía. Si nos creamos problemas, de convivencia, con un Estado regulado con leyes e instituciones ¿Cuánto tiempo seremos capaces de aguantar una anarquía?
Clandestino
Inicio
Enviar
Versión para Imprimir
Comentarios: