El reciente pacto de Zapatero con nacionalistas vascos y canarios para mantenerse en la Moncloa no sólo rompe el principio constitucional de la igualdad de los pueblos de España, sino que también viola la esencia de la democracia y de la ética política al utilizar las arcas públicas para comprar votos, en beneficio propio, sin otro fin que mantenerse en el poder. Lo que ha hecho Zapatero con el dinero español a lo largo de todo su mandato justifica una masiva rebelión ciudadana contra el pésimo gobierno que está arrasando nuestro país.
Uno de los riesgos mayores de la España actual, con un Zapatero en declive, casi momificado y desesperado porque el poder se le escapa de las manos, es que el PSOE utilice masivamente dinero público para ganar votos y evitar la derrota que se cierne sobre Zapatero en las elecciones generales de 2012.
El catalán Montilla, que experimenta un desgaste similar y al que las encuestas señalan como perdedor en las próximas elecciones, ya ha abierto el camino de uso abusivo de las arcas públicas al prometer una paga a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, si él se mantiene al frente de la Generalitat.
El ejemplo de despilfarro y de utilización irregular y arbitraria del dinero público que ofreció Zapatero en la campaña electoral de 2008 fue sobrecogedor. Aquel derroche de dinero público para ganar votos constituyó un auténtico delito contra la democracia y la decencia política, aunque en España ese delito no esté tipificado en sus deficiente legislación. Si alguien todavía duda de la degeneración de la democracia española y del insólito nivel de corrupción alcanzado por la política, que analice lo que sucedió en aquella campaña electoral y contemple con indignación cómo el gobierno, en lugar de utilizar los fondos públicos para nutrir las reservas o para garantizar nuestras pensiones futuras, reforzando la caja de la seguridad social, los utilizó, sin escrúpulos y con descaro, para ganar votos.
El PSOE es cómplice de los desmanes de Zapatero al no impedirle que desarrolle su política antidemocrática y contra los intereses de España y de su ciudadanía. Ya en el año 2008 puso las arcas las arcas públicas al servicio de sus estrategias electorales. La imparable subasta de dádivas que protagonizó Zapatero representó, según numerosos expertos, un gasto seis veces superior al superávit de 2008.
El gobierno no sólo es democráticamente frívolo y temerario al emplear los recursos públicos en función de intereses electoralistas, sino que, al hacerlo, también viola el espíritu de la ley y daña la ya postrada economía española.
Una inquietante reflexión para los ciudadanos españoles: ¿Puede considerarse democrático, justo y legítimo un Estado cuyas leyes permiten a sus políticos llevar a la nación hasta la ruina y el desastre sin otro motivo que lograr la victoria electoral?
Sin embargo, todo lo que está ocurriendo en España es legal porque nuestras leyes, escasamente democráticas, convierten al poder político en prácticamente impune.
Nuestras leyes requieren una reforma urgente que permita inhabilitar y condenar abusos y corrupciones que hoy gozan de una lamentable patente de corso.
Uno de los riesgos mayores de la España actual, con un Zapatero en declive, casi momificado y desesperado porque el poder se le escapa de las manos, es que el PSOE utilice masivamente dinero público para ganar votos y evitar la derrota que se cierne sobre Zapatero en las elecciones generales de 2012.
El catalán Montilla, que experimenta un desgaste similar y al que las encuestas señalan como perdedor en las próximas elecciones, ya ha abierto el camino de uso abusivo de las arcas públicas al prometer una paga a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, si él se mantiene al frente de la Generalitat.
El ejemplo de despilfarro y de utilización irregular y arbitraria del dinero público que ofreció Zapatero en la campaña electoral de 2008 fue sobrecogedor. Aquel derroche de dinero público para ganar votos constituyó un auténtico delito contra la democracia y la decencia política, aunque en España ese delito no esté tipificado en sus deficiente legislación. Si alguien todavía duda de la degeneración de la democracia española y del insólito nivel de corrupción alcanzado por la política, que analice lo que sucedió en aquella campaña electoral y contemple con indignación cómo el gobierno, en lugar de utilizar los fondos públicos para nutrir las reservas o para garantizar nuestras pensiones futuras, reforzando la caja de la seguridad social, los utilizó, sin escrúpulos y con descaro, para ganar votos.
El PSOE es cómplice de los desmanes de Zapatero al no impedirle que desarrolle su política antidemocrática y contra los intereses de España y de su ciudadanía. Ya en el año 2008 puso las arcas las arcas públicas al servicio de sus estrategias electorales. La imparable subasta de dádivas que protagonizó Zapatero representó, según numerosos expertos, un gasto seis veces superior al superávit de 2008.
El gobierno no sólo es democráticamente frívolo y temerario al emplear los recursos públicos en función de intereses electoralistas, sino que, al hacerlo, también viola el espíritu de la ley y daña la ya postrada economía española.
Una inquietante reflexión para los ciudadanos españoles: ¿Puede considerarse democrático, justo y legítimo un Estado cuyas leyes permiten a sus políticos llevar a la nación hasta la ruina y el desastre sin otro motivo que lograr la victoria electoral?
Sin embargo, todo lo que está ocurriendo en España es legal porque nuestras leyes, escasamente democráticas, convierten al poder político en prácticamente impune.
Nuestras leyes requieren una reforma urgente que permita inhabilitar y condenar abusos y corrupciones que hoy gozan de una lamentable patente de corso.
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