El gobierno sigue mintiendo. Acaba de decir que los presupuestos del año 1014, recién aprobados, serán "los de la recuperación", pero es mentira porque subiendo los impuestos, bajando los sueldos, limitando las pensiones y sin adelgazar el monstruoso Estado español, el que consume tantos recursos que no deja nada para la prosperidad ciudadana, no puedo haber recuperación sino más depresión, sufrimiento, injusticia y destrucción de empleo y de actividad económica.
Los presupuestos aprobados mantienen todos los desequilibrios, injusticias, arbitrariedades y abusos típicos de la política económica de Rajoy: no reduce drásticamente el gasto de los gobiernos autonómicos, inciden mas en incrementar los ingresos que en reducir el gasto público, que sigue siendo escandalosamente alto y mantienen los impuestos elevados, los mas altos de toda Europa, proporcionalmente, congelados los salarios de los funcionarios y vigentes las subidas temporales de IRPF y Sociedades, lo que supone mantener viva una presión fiscal que muchos ciudadanos y empresas ya no pueden resistir y que provoca desempleo, quiebras empresariales, ruina, emigración, suicidios y huidas masivas hacia la economía clandestina.
Cualquier demócrata sabe que el dinero debe estar en el bolsillo del ciudadano para que la economía se active y la sociedad sea mas justa, pero el PP lo acapara todo y quiere que el poco dinero que existe esté en las manos del gobierno, que es incapaz de ahorrar, que prefiere freír al ciudadano con impuestos injustos y abusivos antes de cerrar una sola televisión pública, adelgazar el Estado, cerrar empresas públicas sin utilidad o suprimir lo que los ciudadanos reclaman a gritos: la financiación pública, con el dinero de los impuestos, de los partidos políticos y los sindicatos.
Es sorprendente, pero la crisis ha demostrado que el partido mas representativo de la derecha española no tiene un sus venas un gramo de liberalismo y que su sangre está contaminada por virus de la izquierda como el intervencionismo, el estatalismo y el desprecio al ciudadano como individuo libre.
En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros del viernes 27 de septiembre, la vicepresidenta Soraya Saez de Santamaría, flanqueada por los ministros Montoro y de Guindos, dijo que los presupuestos del año 2014 serían "los de la recuperación", una falsedad manifiesta destinada a engañar de nuevo a los ciudadanos. Incluso dijeron que en la segunda mitad de 2014 se crearía empleo, un vaticinio aventurado y sin fundamento que mas que optimista parece tramposo.
La realidad de España es muy diferente a la que el gobierno está proyectando: el tejido industrial sigue destruyéndose y miles de empresas continúan desapareciendo, abrumadas por los impuestos, por la burocracia y por la falta de demanda. Se siguen destruyendo empleos, aunque el ritmo es menor, sobre todo porque la gente ya no confía en lo público y ni siquiera se apunta al INEM y porque decenas de miles de españoles se marchan al extranjero en busca de trabajo. Si las cifras del paro no suben como antes es porque ya queda muy poco por destruirse y porque millones de españoles se han zambullido en la economía sumergida, único espacio donde pueden sobrevivir sin ser aplastados por los impuestos que cobran los políticos.
El gobierno de Rajoy parece empeñado en acabar con la crisis empobreciendo drásticamente a los españoles, a los que les ha restado capacidad adquisitiva tras bajarle los sueldos, limitarle las pensiones y aumentarle los impuestos. El sector público es la gran decepción y el núcleo de la injusticia española, ya que ni se ha reducido sustancialmente, ni ha dejado de despilfarrar, ni ha bajado su frenético ritmo de endeudamiento, ni ha eliminado los grandes gastos, como son las administraciones duplicadas y triplicadas, las empresas públicas inútiles, los cientos de miles de políticos contratados sin ser necesario, sólo para premiarlos por tener en el bolsillo un carné de partido, sin suprimir la financiación pública de los partidos políticos y sindicatos, sin reducir privilegios y sin eliminar esa corrupción institucional y pública que, según los expertos, espanta la inversión extranjera, genera inseguridad jurídica y nos cuesta por lo menos entre dos y tres puntos del PIB cada año.
La crisis ha tenido quizás una sola ventaja: ha puesto en evidencia la profunda inmoralidad e injusticia del poder político en España, ajeno a la democracia, elitista, arrogante, mentiroso e incapaz de luchar contra una corrupción que se ha hecho fuerte en la política y en las instituciones y que permite que los que se han enriquecido con el poder y han saqueado las cajas de ahorros y parte de la Hacienda pública sigan en sus hogares, sin ser perseguidos y sin tener que devolver lo robado. Tras la crisis, es difícil convencer a los españoles que la clase política que gobierna España merece respeto y debe seguir controlando los destinos del pueblo al que ha arruinado, engañado y empobrecido.
Los presupuestos aprobados mantienen todos los desequilibrios, injusticias, arbitrariedades y abusos típicos de la política económica de Rajoy: no reduce drásticamente el gasto de los gobiernos autonómicos, inciden mas en incrementar los ingresos que en reducir el gasto público, que sigue siendo escandalosamente alto y mantienen los impuestos elevados, los mas altos de toda Europa, proporcionalmente, congelados los salarios de los funcionarios y vigentes las subidas temporales de IRPF y Sociedades, lo que supone mantener viva una presión fiscal que muchos ciudadanos y empresas ya no pueden resistir y que provoca desempleo, quiebras empresariales, ruina, emigración, suicidios y huidas masivas hacia la economía clandestina.
Cualquier demócrata sabe que el dinero debe estar en el bolsillo del ciudadano para que la economía se active y la sociedad sea mas justa, pero el PP lo acapara todo y quiere que el poco dinero que existe esté en las manos del gobierno, que es incapaz de ahorrar, que prefiere freír al ciudadano con impuestos injustos y abusivos antes de cerrar una sola televisión pública, adelgazar el Estado, cerrar empresas públicas sin utilidad o suprimir lo que los ciudadanos reclaman a gritos: la financiación pública, con el dinero de los impuestos, de los partidos políticos y los sindicatos.
Es sorprendente, pero la crisis ha demostrado que el partido mas representativo de la derecha española no tiene un sus venas un gramo de liberalismo y que su sangre está contaminada por virus de la izquierda como el intervencionismo, el estatalismo y el desprecio al ciudadano como individuo libre.
En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros del viernes 27 de septiembre, la vicepresidenta Soraya Saez de Santamaría, flanqueada por los ministros Montoro y de Guindos, dijo que los presupuestos del año 2014 serían "los de la recuperación", una falsedad manifiesta destinada a engañar de nuevo a los ciudadanos. Incluso dijeron que en la segunda mitad de 2014 se crearía empleo, un vaticinio aventurado y sin fundamento que mas que optimista parece tramposo.
La realidad de España es muy diferente a la que el gobierno está proyectando: el tejido industrial sigue destruyéndose y miles de empresas continúan desapareciendo, abrumadas por los impuestos, por la burocracia y por la falta de demanda. Se siguen destruyendo empleos, aunque el ritmo es menor, sobre todo porque la gente ya no confía en lo público y ni siquiera se apunta al INEM y porque decenas de miles de españoles se marchan al extranjero en busca de trabajo. Si las cifras del paro no suben como antes es porque ya queda muy poco por destruirse y porque millones de españoles se han zambullido en la economía sumergida, único espacio donde pueden sobrevivir sin ser aplastados por los impuestos que cobran los políticos.
El gobierno de Rajoy parece empeñado en acabar con la crisis empobreciendo drásticamente a los españoles, a los que les ha restado capacidad adquisitiva tras bajarle los sueldos, limitarle las pensiones y aumentarle los impuestos. El sector público es la gran decepción y el núcleo de la injusticia española, ya que ni se ha reducido sustancialmente, ni ha dejado de despilfarrar, ni ha bajado su frenético ritmo de endeudamiento, ni ha eliminado los grandes gastos, como son las administraciones duplicadas y triplicadas, las empresas públicas inútiles, los cientos de miles de políticos contratados sin ser necesario, sólo para premiarlos por tener en el bolsillo un carné de partido, sin suprimir la financiación pública de los partidos políticos y sindicatos, sin reducir privilegios y sin eliminar esa corrupción institucional y pública que, según los expertos, espanta la inversión extranjera, genera inseguridad jurídica y nos cuesta por lo menos entre dos y tres puntos del PIB cada año.
La crisis ha tenido quizás una sola ventaja: ha puesto en evidencia la profunda inmoralidad e injusticia del poder político en España, ajeno a la democracia, elitista, arrogante, mentiroso e incapaz de luchar contra una corrupción que se ha hecho fuerte en la política y en las instituciones y que permite que los que se han enriquecido con el poder y han saqueado las cajas de ahorros y parte de la Hacienda pública sigan en sus hogares, sin ser perseguidos y sin tener que devolver lo robado. Tras la crisis, es difícil convencer a los españoles que la clase política que gobierna España merece respeto y debe seguir controlando los destinos del pueblo al que ha arruinado, engañado y empobrecido.
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