No nos lo creemos, pero ¡Ánimo, Montoro!

Este "peronista" es el telonero del Srto. Arenas...cuando le toque al Srto.principal
del sainete tragicómico andaluz, habrá que prepararse tapones para la de sandeces que tendremos que soportar.

Los "creyentes" que vayan cogiendo una silla y no desesperen.

(que algún alma caritativa le haga un dibujito explicativo y sencillito a manoloooooo para que no se asuste.... debe ser el único imbecil que se ha creido lo de montoro)

Por algo se empieza. Si este gobierno es capaz de pedir responsabilidades y hacer que se sancione el robo a los ciudadanos en la gestión de su dinero, llamado despilfarro por los corruptos y sus adláteresr, algo habremos adelantado. Pero como dice el articulista, yo tampoco le creo, señor Montoro. En el Código Penal, además de cárcel para los delitos, cabe también la inhabilitación para cargo público, es una tontería lo de todos a la cárcel. Me ha resultado chocante, no extraño, la reacción de algunos políticos, como Chaves y LLamazares, a la declaración del Ministro Montoro. Creo que ha sido el pánico que les ha ocasionado el que se pueda legislar en ese sentido lo que les ha llevado a manifestarse de forma que se les ha visto "el plumero".

JUNTO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SINDICATOS .PSOE y PP eximieron expresamente a los gestores públicos en 2010 de cualquier responsabilidad penal

Un año y medio en política es un mundo. Pero todavía más si echa mano de las hemerotecas oficiales. Y lo que dice el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados es que tanto el PP como el PSOE eximieron expresamente en 2010 a los gestores públicos de cualquier responsabilidad penal por actos cometidos durante su mandato. En concreto, la reforma del Código Penal -que entró en vigor en diciembre de 2010- exime formalmente a las administraciones públicas de cualquier responsabilidad penal. Esta exención se aplica, igualmente, a los partidos políticos y sindicatos, además de las entidades públicas empresariales.

La polémica sobre este asunto ha saltado tras anunciar ayer el ministro Montoro que el Gobierno tiene intención de incluir en la futura Ley de Transparencia responsabilidades penales para los gestores públicos que eleven el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto. El anterior Gobierno lo evitó, pero también el Grupo Popular. Su portavoz durante los debates de la reforma del Código Penal, Federico Trillo, nunca planteó esta posibilidad. Ni durante el periodo de enmiendas -este es el texto del dictamen- , ni durante el debate de totalidad. La responsabilidad penal de los gestores públicos nunca apareció en las discusiones, y eso que ya era conocido el caso de Islandia, que ha marcado un antes y un después en el tratamiento penal de ese tipo de conductas de los gobernantes.

De hecho, el texto que aparece en el proyecto de ley remitido por el anterior Gobierno a las Cortes no sufrió ni la más mínima modificación durante su tramitación parlamentaria. Ningún grupo se hizo eco de esta posibilidad. Y al final lo publicado en el BOE fue exactamente igual que lo remitido por el Ejecutivo.

En el nuevo Código Penal se dice expresamente que las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas “no serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a los partidos políticos y sindicatos, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general”.

La mala gestión de los políticos

Ayer, sin embargo, hubo polémica tras las declaraciones de Montoro a la Cadena Ser, y de importancia. El Partido Popular, a través de su portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, aseguró que los castigos por mala gestión se aplicarán a los políticos “que asuman gastos que no estén incluidos en la respectiva ley presupuestaria”. Y recordó que esta medida estaba incluida en su programa electoral y que busca erradicar las facturas por una serie de inversiones que no encuentran justificación en las cuentas correspondientes.

El presidente del PSOE, Manuel Chaves, aseguró, por su parte, que en un Estado de derecho como el español, los servidores públicos que cometen un delito ya están sometidos a las leyes, en tanto que las culpabilidades políticas se tienen que dirimir en el Parlamento. El criterio de Chaves es que excederse en el gasto, si eso implica la comisión de un delito, ya está penado por las normas, pero, si no es un delito, se reduce a una culpabilidad política.

Más críticos se manifestaron los líderes del PSC, Pere Navarro, y de ERC, Oriol Junqueras, que ayer instaron al ministro de Hacienda a que, si el Gobierno quiere exigir responsabilidades penales a los gestores públicos, empiece por los políticos de su partido que hayan hecho "un uso inadecuado" de los recursos. “Con esta medida, que nos parece bien, muchos compañeros de su partido tendrán que dar muchas respuestas porque han administrado muy mal muchas comunidades autónomas que todos tenemos en mente", aseguró Navarro. El PSOE además quiere saber, según recoge un argumentario distribuido entre sus dirigentes, si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, comenzará aplicándose a sí mismo este nuevo delito penal por su etapa al frente del Ayuntamiento de Madrid.

No menos expresivo fue el presidente el presidente de Extremadura, José Antonio Monago quien dijo ayer que “si se va a pedir responsabilidad penal a los gobiernos autonómicos que se excedan en el gasto ésta debe aplicarse también ‘retroactivamente’ e incluir a los que estuvieron hasta el pasado mes de mayo”. Monago se preguntó de forma irónica: “¿Aquí hay una amnistía para los que han gastado como si fueran los dueños de la cafetería invitando a todo el mundo y dejando a deber?”

Acabo de escribir un comentario, pero lo hecho con otro ordenador, que me regalaron hace poco y es penoso. Y no sé si habrá llegado.