Los partidos políticos se niegan a interrogar a los ciudadanos para conocer sus deseos y opiniones. A pesar de que las nuevas tecnologías les permitirían conocer al instante lo que opina la sociedad, las élites que dominan los partidos políticos no quieren saberlo porque perderían poder y se verían obligados a seguir los criterios mayoritarios de los ciudadanos, que, aunque ya nadie lo recuerde, siguen siendo los soberanos y dueños del poder en democracia.
Esa negativa a practicar la "democracia electrónica", un sistema que haría posible que políticos y ciudadanos sintonizaran, es una de las pruebas más sólidas de que en España (y en otros muchos países) no sólo no existe la democracia auténtica, sino que funciona una conspiración de la clase política para degradar y envilecer el liderazgo y el mismo sistema político, del que los ciudadanos han sido ilegítimamente expulsados.
Los políticos, cada día más poderosos, arrogantes e incontrolados, se llevarían grandes sorpresas y disgustros si interrogaran a los ciudadanos. Lo hacen algunas empresas demoscópicas por cuenta propia o por encargo de fundaciones, asociaciones y empresas, o introduciendo por cuenta propia ciertas preguntas comprometidas en sus cuestionarios "omnibus", pero esas opiniones sondeadas casi nunca salen a la luz porque irritarían al poder político y descubrirían que los políticos y los pueblos están escandalosamente divorciados.
Si esas opiniones ciudadanas se publicaran, el escándalo sería mayúsculo y quedaría al descubierto el andamiaje de la arrogancia y la opresión de un poder político que, sin serlo, se autoproclama "democrático".,
Sabríamos, por ejemplo, que los políticos son considerados como menos fiables y más corruptos que los denigrados banqueros; que los ciudadanos odian la financiación de los partidos y sindicatos con dinero procedente de los impuestos; que la gente no quiere que los políticos presidan o se sienten en los consejos de administración de las cajas de ahorro; que muchos ciudadanos le temen más a la policía que a los ladrones, que los policías, jueces y periodistas, considerados como los grandes aliados de la clase política para degradar la democracia, son cada día mas rechazados por los ciudadanos o que lo que más enfurece a la ciudadanía es que la medicina pública otorgue trato de favor a los políticos y a los millonarios, que disponen de habitaciones especiales y de trato VIP en la mayoría de los hospitales públicos.
En Andalucía descubríamos, por ejemplo, que más del 70 por ciento de los andaluces se muestran críticos con la Junta, a pesar de que muchos de ellos voten socialista en las elecciones autonómicas, y que es casi imposible que Javier Arenas consiga ganar unas elecciones en Andalucía, donde despierta un rechazo tan intenso como sorprendente.
Pero las sorpresas serían todavía mayores y mas contundentes: la democracia sale muy mal parada cuando se la compara con el franquismo, preferido por casi el 50 por ciento de los consultados; al la gente le gustaría ver a muchos políticos en las cárceles, porque creen que demasiado de ellos son corruptos y merecen el presidio.
Tengo amigos en empresas demoscópicas que me filtran resultados sobrecogedores: casi la mitad de los españoles quisiera poder robar "como los políticos" y la imagen de instituciones y sectores como los partidos políticos, los sindicatos, la patronal, la judicatura, el periodismo y los artistas de la Sociedad General de Autores (SGE) salen tan deterioradas de los sondeos que sus datos obligarían a dimisiones en masa de miles de mequetrefes ineptos instalados en el sistema.
Si los políticos quisieran saber en todo momento lo que opinan los ciudadanos, como sería su obligación en democracia, lo tendrían tan facil como practicar sondeos permanentes o abrir páginas de opinión y consulta en Internet. El sistema costaría menos de lo que se gasta el Estado cada año en reparar las casas de los políticos o en mantener los coches oficiales, pero el asunto no interesa al poder, quizás porque al hacerlo quedaría al descubierto el escandaloso divorcio con la ciudadanía y con los sentimientos y deseos de la población de un poder que, sin serlo, se autoproclama "democrático".
Esa negativa a practicar la "democracia electrónica", un sistema que haría posible que políticos y ciudadanos sintonizaran, es una de las pruebas más sólidas de que en España (y en otros muchos países) no sólo no existe la democracia auténtica, sino que funciona una conspiración de la clase política para degradar y envilecer el liderazgo y el mismo sistema político, del que los ciudadanos han sido ilegítimamente expulsados.
Los políticos, cada día más poderosos, arrogantes e incontrolados, se llevarían grandes sorpresas y disgustros si interrogaran a los ciudadanos. Lo hacen algunas empresas demoscópicas por cuenta propia o por encargo de fundaciones, asociaciones y empresas, o introduciendo por cuenta propia ciertas preguntas comprometidas en sus cuestionarios "omnibus", pero esas opiniones sondeadas casi nunca salen a la luz porque irritarían al poder político y descubrirían que los políticos y los pueblos están escandalosamente divorciados.
Si esas opiniones ciudadanas se publicaran, el escándalo sería mayúsculo y quedaría al descubierto el andamiaje de la arrogancia y la opresión de un poder político que, sin serlo, se autoproclama "democrático".,
Sabríamos, por ejemplo, que los políticos son considerados como menos fiables y más corruptos que los denigrados banqueros; que los ciudadanos odian la financiación de los partidos y sindicatos con dinero procedente de los impuestos; que la gente no quiere que los políticos presidan o se sienten en los consejos de administración de las cajas de ahorro; que muchos ciudadanos le temen más a la policía que a los ladrones, que los policías, jueces y periodistas, considerados como los grandes aliados de la clase política para degradar la democracia, son cada día mas rechazados por los ciudadanos o que lo que más enfurece a la ciudadanía es que la medicina pública otorgue trato de favor a los políticos y a los millonarios, que disponen de habitaciones especiales y de trato VIP en la mayoría de los hospitales públicos.
En Andalucía descubríamos, por ejemplo, que más del 70 por ciento de los andaluces se muestran críticos con la Junta, a pesar de que muchos de ellos voten socialista en las elecciones autonómicas, y que es casi imposible que Javier Arenas consiga ganar unas elecciones en Andalucía, donde despierta un rechazo tan intenso como sorprendente.
Pero las sorpresas serían todavía mayores y mas contundentes: la democracia sale muy mal parada cuando se la compara con el franquismo, preferido por casi el 50 por ciento de los consultados; al la gente le gustaría ver a muchos políticos en las cárceles, porque creen que demasiado de ellos son corruptos y merecen el presidio.
Tengo amigos en empresas demoscópicas que me filtran resultados sobrecogedores: casi la mitad de los españoles quisiera poder robar "como los políticos" y la imagen de instituciones y sectores como los partidos políticos, los sindicatos, la patronal, la judicatura, el periodismo y los artistas de la Sociedad General de Autores (SGE) salen tan deterioradas de los sondeos que sus datos obligarían a dimisiones en masa de miles de mequetrefes ineptos instalados en el sistema.
Si los políticos quisieran saber en todo momento lo que opinan los ciudadanos, como sería su obligación en democracia, lo tendrían tan facil como practicar sondeos permanentes o abrir páginas de opinión y consulta en Internet. El sistema costaría menos de lo que se gasta el Estado cada año en reparar las casas de los políticos o en mantener los coches oficiales, pero el asunto no interesa al poder, quizás porque al hacerlo quedaría al descubierto el escandaloso divorcio con la ciudadanía y con los sentimientos y deseos de la población de un poder que, sin serlo, se autoproclama "democrático".
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