Los políticos casi nunca pagan por los daños que causan, ni siquiera cuando esos daños son verdaderos estragos que causan dolor e infelicidad a pueblos enteros o que hipotecan la vida de generaciones enteras. Los médicos que causan la muerte tienen que pagar por su error, lo mismo que el arquitecto al que se le cae una casa o el farmacéutico que equivoca la fórmula magistral. El que se equivoca en este mundo es castigado o por lo menos arruina su prestigio y su carrera, pero el político no tiene castigo alguno, a pesar de ser el mas dañino de los humanos, el que es capaz de arruinar a pueblos enteros y destruir naciones.
La deuda pública española bate un nuevo récord y se sitúa en 1,020 billones, el 96,8% del PIB. Es una deuda tan elevada que hipoteca la felicidad y el bienestar de varias generaciones futuras de españoles, pero los políticos que gobiernan y endeudan de manera irresponsable a España no tienen que pagar nada por haber cometido semejante atrocidad. Es evidente que los políticos han aprobado leyes que les benefician y que garantizan su sucia impunidad y su hiriente irresponsabilidad.
Si no hubiera existido otro remedio que endeudarse, pero no ha sido así. España, con un gobierno austero y decente, capaz de renunciar al despilfarro y a parte de sus lujos y privilegios, tendría hoy una deuda sensiblemente inferior.
Al morir Franco, en 1975, España era el país menos endeudado de Europa, junto con Luxemburgo. La democracia llegó sin austeridad, despilfarrando y empeñando sin escrúpulos el futuro.
Cuando los ciudadanos derroten a los canallas y logren imponer una democracia auténtica y decente, sin partidos políticos que antepongan sus propios intereses al bien común y sin políticos que alimenten delitos que hoy no están tipificados pero que resultan indignos, atroces y vergonzosos, como el despilfarro, el cobro de impuestos abusivos, la impunidad, la injusticia y desigualdad fiscal y el endeudamiento público irresponsable, los sátrapas, corruptos y enemigos del ciudadano serán castigados con dureza por una Justicia verdadera, que estará al servicio de la sociedad y del bien común, no al servicio de los poderosos, como ocurre ahora en las democracias degradadas y envilecidas.
Los ciudadanos, impotentes ante tanta injusticia y frente a un diseño tan malvado del Estado, no pueden hacer nada para evitar que el que robe una gallina o un jamón en España, aunque lo haya hecho por hambre, sea mas duramente castigado por la Justicia que quien roba millones de euros, estafa a miles de ciudadanos o se enriquece gracias a su cargo público.
Es tan injusto e indecente el Estado español que un tipo como Zapatero, que estuvo a punto de hundir el país como consecuencia de su insolente ineptitud, en lugar de ser castigado o por lo menos públicamente repudiado, resultó condecorado por el gobierno que heredo sus miserias, se le premió con un puesto generosamente dotado en el Consejo de Estado y hoy deambula por el mundo repartiendo estupideces y desatinos.
Hay miles de políticos españoles culpables de haber cometido errores brutales, como haber despilfarrado decenas de millones en obras que no sirven para nada, de haber cobrado impuestos confiscatorios y opresivos o de haberse enriquecido con dinero que debería haberse empleado en mejorar los servicios públicos, que no solo no han sido castigados ni públicamente criticados, sino que sus respectivos partidos políticos les premian con puestos públicos de lujo, con cargos aforados y con privilegios que en modo alguno merecen.
Pero el elenco de delitos que cometen los políticos sin ser penados es casi interminable: contratos públicos trucados, oposiciones amañadas, subvenciones interesadas, marginación de los adversarios, uso bastardo del dinero públicos, concesiones y pactos inconfesables y un larguísimo etcétera que delitos merecedores de castigo pero que, cuando son cometidos por los que mandan, ni siquiera figuran como faltas en los malditos códigos de leyes desiguales y antidemocráticos vigentes.
Un ejemplo concreto: con el dinero para la formación que ha sido malversado en Andalucía se podían haber abierto decenas de hospitales y escuelas o subido las pensiones de todos los andaluces amenazados por la pobreza.
Esta es la España actual, un país convertido en injusto y deplorable por su clase dirigente, que necesita un cambio urgente y drático hacia lo digno y lo decente.
La deuda pública española bate un nuevo récord y se sitúa en 1,020 billones, el 96,8% del PIB. Es una deuda tan elevada que hipoteca la felicidad y el bienestar de varias generaciones futuras de españoles, pero los políticos que gobiernan y endeudan de manera irresponsable a España no tienen que pagar nada por haber cometido semejante atrocidad. Es evidente que los políticos han aprobado leyes que les benefician y que garantizan su sucia impunidad y su hiriente irresponsabilidad.
Si no hubiera existido otro remedio que endeudarse, pero no ha sido así. España, con un gobierno austero y decente, capaz de renunciar al despilfarro y a parte de sus lujos y privilegios, tendría hoy una deuda sensiblemente inferior.
Al morir Franco, en 1975, España era el país menos endeudado de Europa, junto con Luxemburgo. La democracia llegó sin austeridad, despilfarrando y empeñando sin escrúpulos el futuro.
Cuando los ciudadanos derroten a los canallas y logren imponer una democracia auténtica y decente, sin partidos políticos que antepongan sus propios intereses al bien común y sin políticos que alimenten delitos que hoy no están tipificados pero que resultan indignos, atroces y vergonzosos, como el despilfarro, el cobro de impuestos abusivos, la impunidad, la injusticia y desigualdad fiscal y el endeudamiento público irresponsable, los sátrapas, corruptos y enemigos del ciudadano serán castigados con dureza por una Justicia verdadera, que estará al servicio de la sociedad y del bien común, no al servicio de los poderosos, como ocurre ahora en las democracias degradadas y envilecidas.
Los ciudadanos, impotentes ante tanta injusticia y frente a un diseño tan malvado del Estado, no pueden hacer nada para evitar que el que robe una gallina o un jamón en España, aunque lo haya hecho por hambre, sea mas duramente castigado por la Justicia que quien roba millones de euros, estafa a miles de ciudadanos o se enriquece gracias a su cargo público.
Es tan injusto e indecente el Estado español que un tipo como Zapatero, que estuvo a punto de hundir el país como consecuencia de su insolente ineptitud, en lugar de ser castigado o por lo menos públicamente repudiado, resultó condecorado por el gobierno que heredo sus miserias, se le premió con un puesto generosamente dotado en el Consejo de Estado y hoy deambula por el mundo repartiendo estupideces y desatinos.
Hay miles de políticos españoles culpables de haber cometido errores brutales, como haber despilfarrado decenas de millones en obras que no sirven para nada, de haber cobrado impuestos confiscatorios y opresivos o de haberse enriquecido con dinero que debería haberse empleado en mejorar los servicios públicos, que no solo no han sido castigados ni públicamente criticados, sino que sus respectivos partidos políticos les premian con puestos públicos de lujo, con cargos aforados y con privilegios que en modo alguno merecen.
Pero el elenco de delitos que cometen los políticos sin ser penados es casi interminable: contratos públicos trucados, oposiciones amañadas, subvenciones interesadas, marginación de los adversarios, uso bastardo del dinero públicos, concesiones y pactos inconfesables y un larguísimo etcétera que delitos merecedores de castigo pero que, cuando son cometidos por los que mandan, ni siquiera figuran como faltas en los malditos códigos de leyes desiguales y antidemocráticos vigentes.
Un ejemplo concreto: con el dinero para la formación que ha sido malversado en Andalucía se podían haber abierto decenas de hospitales y escuelas o subido las pensiones de todos los andaluces amenazados por la pobreza.
Esta es la España actual, un país convertido en injusto y deplorable por su clase dirigente, que necesita un cambio urgente y drático hacia lo digno y lo decente.
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