Las reformas a la terrible Ley Sinde impuestas por el PP y CIU son positivas porque introducen en el proceso la figura clave del juez, pero insuficientes porque esa ley sigue siendo intervencionista, represiva e indigna de un país democrático.
Tras haber anunciado en Sevilla, a bombo y platillo, su disposición a iniciar la ruta de la regeneración, el Partido Popular ha perdido mucha credibilidad con su apoyo inesperado a una ley que apenas ha sufrido un maquillaje, que no altera su esencia intervencionista y lesiva para las libertades.
La introducción de la figura del juez acerca sólo algunos centímetros al Estado de Derecho una ley que, en su redacción original, hecha por el PSOE, era claramente totalitaria y lesiva para la libertad y los derechos fundamentales. Pero la intervención del juez será marginal y no decisiva porque el núcleo de la decisión continúa en manos del gobierno.
A pesar de todas sus limitaciones, lo peor es que los tres partidos políticos que han pactado la ley (PSOE, PP y CIU) eluden el gran desafío de adaptar los derechos de autor a una sociedad más justa, moderna y avanzada.
Del PSOE no puede espararse mucho porque su concepción intervencionista y estatalista de la política le lleva a redactar una ley con tufo totalitario e inasumible para los ciudadanos libres, pero la propuesta defendida por el Partidio Popular y CIU ha sido, lamentablemente, decepcionante. Los tres partidos han demostrado carecer de la osadía, inteligencia e imaginación que se necesitan para afrontar los grandes problemas de la sociedad y siguen pensando con neurunas decimonónicas.
Los derechos de autor no pueden mantenerse como están hoy porque de ese modo la cultura sólo queda al alcance de las élites con dinero. Vender libros, discos y películas a más de 20 euros lel ejemplar es limitar el acceso a la cultura a las élites y marginar a los millones de ciudadanos que, con una economía precaria, se ven obligados a practicar la piratería para acceder a esos productos. Desde esta óptica, la Ley Sinde estimula la piratería en lugar de combatirla. La reforma necesaria tiene que cambiar los conceptos de la propiedad intelectual y permitir que un libro o un disco pueda ser descargado legalmente por muchos millones de personas, pagando un precio peuqeño y al alcance de todos, de varios céntimos, lo que permitirá no sólo el libre acceso a los soportes culturales, sino también más recaudación, más popularidad y mayor éxito para los autores.
Pero la SGAE y sus casi "socios" del PSOE son incapaces de mover un dedo en la dirección que señala la modernidad, al igual que tampoco lo han hecho los tambien anquilosados y trasnochados PP y CIU.
Tras haber anunciado en Sevilla, a bombo y platillo, su disposición a iniciar la ruta de la regeneración, el Partido Popular ha perdido mucha credibilidad con su apoyo inesperado a una ley que apenas ha sufrido un maquillaje, que no altera su esencia intervencionista y lesiva para las libertades.
La introducción de la figura del juez acerca sólo algunos centímetros al Estado de Derecho una ley que, en su redacción original, hecha por el PSOE, era claramente totalitaria y lesiva para la libertad y los derechos fundamentales. Pero la intervención del juez será marginal y no decisiva porque el núcleo de la decisión continúa en manos del gobierno.
A pesar de todas sus limitaciones, lo peor es que los tres partidos políticos que han pactado la ley (PSOE, PP y CIU) eluden el gran desafío de adaptar los derechos de autor a una sociedad más justa, moderna y avanzada.
Del PSOE no puede espararse mucho porque su concepción intervencionista y estatalista de la política le lleva a redactar una ley con tufo totalitario e inasumible para los ciudadanos libres, pero la propuesta defendida por el Partidio Popular y CIU ha sido, lamentablemente, decepcionante. Los tres partidos han demostrado carecer de la osadía, inteligencia e imaginación que se necesitan para afrontar los grandes problemas de la sociedad y siguen pensando con neurunas decimonónicas.
Los derechos de autor no pueden mantenerse como están hoy porque de ese modo la cultura sólo queda al alcance de las élites con dinero. Vender libros, discos y películas a más de 20 euros lel ejemplar es limitar el acceso a la cultura a las élites y marginar a los millones de ciudadanos que, con una economía precaria, se ven obligados a practicar la piratería para acceder a esos productos. Desde esta óptica, la Ley Sinde estimula la piratería en lugar de combatirla. La reforma necesaria tiene que cambiar los conceptos de la propiedad intelectual y permitir que un libro o un disco pueda ser descargado legalmente por muchos millones de personas, pagando un precio peuqeño y al alcance de todos, de varios céntimos, lo que permitirá no sólo el libre acceso a los soportes culturales, sino también más recaudación, más popularidad y mayor éxito para los autores.
Pero la SGAE y sus casi "socios" del PSOE son incapaces de mover un dedo en la dirección que señala la modernidad, al igual que tampoco lo han hecho los tambien anquilosados y trasnochados PP y CIU.
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