La extrema urgencia de moralizar a la clase política y adelgazar el Estado español

Los impuestos son brutales en España, desproporcionados, injustos y muchas veces confiscatorios. La gente se pregunta para que necesitan tanto dinero los políticos y, lógicamente, al no entenderlo, piensan que lo roban a manos llenas, lo que contribuye a desprestigiar a la casta y a distanciar al ciudadano de sus gobernantes. Pero nadie piensa en la causa principal, que es un Estado tan grueso, hipertrofiado y costoso que es casi imposible de financiar y que, para mantenerlo, la clase política exprime de manera abusiva al ciudadano y a las empresas, generando pobreza, rechazo y malestar generalizado.

Los servicios que presta el Estado español al ciudadano son inferiores en cantidad y calidad a los que presta cualquier otro Estado de nuestro entorno europeo y sin embargo los españoles pagamos mas impuestos, además de soportar el saqueo de todos los estamentos políticos y estatales con capacidad de exprimir al ciudadano: ayuntamientos, comunidades autónomas, tráfico, empresas eléctricas...

El gran problema de España es la baja calidad de su clase política, que se ha podrido porque ha atravesado demasiadas veces esa línea roja que nunca debe sobrepasarse en democracia, cuando los partidos y sus políticos profesionales anteponen sus propios intereses al bien común. Esa es la razón de que, en lugar de adelgazar el Estado, suprimir asesores y jubilar a los mas de trescientos mil políticos que sobran, prefieran, con vileza y suciedad, esquilmar a la ciudadanía metiéndoles las manos en el bolsillo hasta extenuarlos y empobrecerlos.

El principal causante del desempleo masivo en España es el Estado, que convierte en un calvario la vida de los emprendedores, que son los únicos capaces de generar empleo y riqueza. Mientras los políticos coquetean y benefician a las grandes empresas, a las que eximen de pagar muchos impuestos, esquilman a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales han tenido que cerrar abrumadas por la presión fiscal del Estado depredador.

El Estado, con su insaciable voracidad recaudadora, es también el culpable del espectacular auge de la economía sumergida y del fraude fiscal porque millones de ciudadanos, ante la imposibilidad de soportar las cargas injustas y abusivas que les impone el poder, prefieren defraudar a Hacienda y sumergir su actividad productiva para ahorrarse esos odiosos impuestos.

El grado de injusticia que impone en España el Estado corrupto es de escándalo. El abuso de poder y la injusticia institucionalizada es el mayor escándalo del país, pero apenas se menciona en los medios y sus protagonistas, en lugar de pudrirse entre rejas, desfilan brillando y exhibiendo poder por las pantallas de la televisión y las ondas de la radio.

Los políticos españoles se han ganado a pulso el desprecio y el rechazo de los ciudadanos, despojando así de legitimidad la falsa democracia, al preferir recortar servicios vitales como la sanidad, la educación y la protección a los mas débiles, antes que renunciar a sus privilegios, reducir sus plantillas de enchufados con carné de militantes, reducir las legiones de asesores que pueblan el sector público o eliminar las miles de empresas públicas, observatorios, e instituciones innecesarias creadas por los políticos sin otros fines que burlar los controles presupuestarios y colocar y beneficiar a sus amigos.

Si España dejara de ser una pocilga gestionada por políticos desalmados, seria la envidia de Europa y un país libre de crisis y de desprestigio.