También para los derechos humanos fundamentales, el año 2010 ha sido catastrófico en España. El Departamento de Estado norteamericano puso el dedo en la llaga al señalar a España como uno de los países del mundo donde se violan los derechos humanos fundamentales. En cualquier democracia mundial, esa acusación habría causado dimisiones e investigaciones públicas, pero en la corrupta y podrida democracia española no ha ocurrido nada y la noticia se disolvió en el verano, sin dejar rastro. La violación señalada es la persecución del idioma español en Cataluña y Baleares, donde miles de padres no encuentran un colegio en el que educar a sus hijos en el idioma común de los españoles, donde muchos no pueden acceder a puestos de trabajo por causa de la lengua que hablan y donde comerciantes y empresarios son multados por rotular sus negocios y marcas en castellano. Para vergüenza de los españoles, la marginación del idioma común sigue vigente, a pesar de que hay sentencias inapelables de los tribunales Supremo y Constitucional, unas sentencias que el nuevo gobierno catalán, presidido por Artur Mas, ha decidido ignorar, convirtiéndose en insumiso, con la ayuda del PSOE, un partido que parece dispuesto siempre a arrojar tierra sobre la tumba de España.
Sin embargo, las acusaciones sobre el acoso al idioma, aunque ciertas y graves, son ridículas si se las compara con el enorme mar de abusos, irregularidades y violaciones de derechos que la sociedad española tiene que padecer. Hay muchas otras violaciones no señaladas que convierten a España en una democracia falsa y podrida, que desprecia al ser humano.
Zapatero, ante la evidencia, podría haber asumido la acusación, que es cierta y comprobada, pero ha reaccionado como es habitual en él, mintiendo y prometiendo un informe contrario, que demuestre que los dos idiomas conviven en armonía, en Cataluña y Baleares.
Pero hay miles de ciudadanos españoles con su derechos pisoteados que se han sentido más representados y apoyados por Estados Unidos que por el propio gobierno socialista de Zapatero y que han reaccionado aportando pruebas de violaciones y atropellos ante la embajada de Estados Unidos.
Nosotros queremos contribuir a levantar las alfombras de silencio ignominioso que cubren la lamentable verdad de una España donde los derechos humanos fundamentales son violados frecuentemente por el gobierno. Los grandes medios de comunicación españoles son los que colaboran estrechamente con el gobierno en la ocultación de esa verdad cargada de vergüenza. La clave del silencio mediático que cubre la ignominia del poder está en el dinero y en los favores que el poder político hace llegar a los medios para mantenerlos vivos y para que silencien las vergüenzas del sistema corrupto e injusto que rige los destinos de España.
Además de la violación de los derechos lingüisticos en Cataluña y Baleares, España padece "listas negras" de personas y empresas que sufren represalias por parte de los gobiernos y partidos políticos, por causa de sus ideas. Esas empresas y personas son vetadas a la hora de recibir subvenciones o ser adjudicatarias de contratos públicos. Algunas personas han sido represaliadas, incluso, en sus derechos laborales y otras han sidos vigiladas por las fuerzas de seguridad o sufrido duras inspecciones fiscales, como represalia por sus ideas críticas.
Pero la mayor violación de los derechos humanos que padece la sociedad española es que cinco millones de ciudadanos han sido desposeídos de uno de los derechos fundamentales básicos: el derecho a trabajar. Muchos de esos españoles también han perdido sus viviendas, por causa del desahucio, y tienen que nutrirse en instituciones de caridad.
A esto hay que agregar el comportamiento mentiroso injusto del gobierno, que oculta y tergiversa la verdad, y que, a través de la Fiscalía, aplica una doble vara de medir a la hora de juzgar los comportamientos delictivos. Los adversarios sufren el peso de la ley con todo rigor, mientras que los amigos del poder escapan con impunidad a los castigos que merecen. José Bono ha sido superficialmente investigado por los fiscales por su enriquecimiento rápido e inexplicable, mientras que muchos militantes del Partido Popular sufren todo el rigor de la Fiscalía del Estado. Convergencia y Unió, cuya corrupción está archidemostrada, es más que probable que no sufra castigo alguno por sus comisiones y financiación ilegal, únicamente porque Zapatero necesita su apoyo y sus votos. Algunos etarras son mejor tratados por el sistema penitenciario español que muchos delincuentes de poca monta, que solamente han robado algo de chacina, por hambre.
Olvidando su deber ejemplarizante, numerosos miembros del poder político son líderes en mentiras, engaños, abusos e irregularidades, sin que les ocurra nada. El derecho ciudadano a conocer la verdad, violado a diario con total impunidad, es uno de los derechos humanos fundamentales que la España oficial desprecia con mayor saña y desvergüenza.
La degradada democracia española es conocida en todo el mundo por la resistencia a dimitir de sus altos cargos, un rasgo inequívoco de la baja calidad de la democracia y de la pésima calidad ética y humana de la casta dirigente. Los ayuntamientos están obligando a cerrar a miles de empresas, a las que no pagan sus deudas, mientras que otras se ven obligadas a aplazar sus deudas sin poder aplicar los intereses legales, bajo pena de ser represaliadas. Las violaciones económicas del poder político no son excepciones y son tantas que pueden calificarse de "condacta generalizada", todo un verdadero escándalo del que los medios de comunicación, comprados y sometidos, nunca hablan.
La impunidad del poder es otro gran escándalo que viola el principio de igualdad y demuestra que muchos poderosos son arrogantes, impunes e indeseables en esta España de Zapatero, que tras ser lider internacional en trata de blancas, drogas, alcoholismo, blanqueo de dinero, enchufismo, desprestigio de la casta política, abuso de poder y otras muchas lacras, ha sufrido últimamente la vergonzosa humillación de figurar ya entre los países que violan los derechos humanos fundamentales.
Sin embargo, las acusaciones sobre el acoso al idioma, aunque ciertas y graves, son ridículas si se las compara con el enorme mar de abusos, irregularidades y violaciones de derechos que la sociedad española tiene que padecer. Hay muchas otras violaciones no señaladas que convierten a España en una democracia falsa y podrida, que desprecia al ser humano.
Zapatero, ante la evidencia, podría haber asumido la acusación, que es cierta y comprobada, pero ha reaccionado como es habitual en él, mintiendo y prometiendo un informe contrario, que demuestre que los dos idiomas conviven en armonía, en Cataluña y Baleares.
Pero hay miles de ciudadanos españoles con su derechos pisoteados que se han sentido más representados y apoyados por Estados Unidos que por el propio gobierno socialista de Zapatero y que han reaccionado aportando pruebas de violaciones y atropellos ante la embajada de Estados Unidos.
Nosotros queremos contribuir a levantar las alfombras de silencio ignominioso que cubren la lamentable verdad de una España donde los derechos humanos fundamentales son violados frecuentemente por el gobierno. Los grandes medios de comunicación españoles son los que colaboran estrechamente con el gobierno en la ocultación de esa verdad cargada de vergüenza. La clave del silencio mediático que cubre la ignominia del poder está en el dinero y en los favores que el poder político hace llegar a los medios para mantenerlos vivos y para que silencien las vergüenzas del sistema corrupto e injusto que rige los destinos de España.
Además de la violación de los derechos lingüisticos en Cataluña y Baleares, España padece "listas negras" de personas y empresas que sufren represalias por parte de los gobiernos y partidos políticos, por causa de sus ideas. Esas empresas y personas son vetadas a la hora de recibir subvenciones o ser adjudicatarias de contratos públicos. Algunas personas han sido represaliadas, incluso, en sus derechos laborales y otras han sidos vigiladas por las fuerzas de seguridad o sufrido duras inspecciones fiscales, como represalia por sus ideas críticas.
Pero la mayor violación de los derechos humanos que padece la sociedad española es que cinco millones de ciudadanos han sido desposeídos de uno de los derechos fundamentales básicos: el derecho a trabajar. Muchos de esos españoles también han perdido sus viviendas, por causa del desahucio, y tienen que nutrirse en instituciones de caridad.
A esto hay que agregar el comportamiento mentiroso injusto del gobierno, que oculta y tergiversa la verdad, y que, a través de la Fiscalía, aplica una doble vara de medir a la hora de juzgar los comportamientos delictivos. Los adversarios sufren el peso de la ley con todo rigor, mientras que los amigos del poder escapan con impunidad a los castigos que merecen. José Bono ha sido superficialmente investigado por los fiscales por su enriquecimiento rápido e inexplicable, mientras que muchos militantes del Partido Popular sufren todo el rigor de la Fiscalía del Estado. Convergencia y Unió, cuya corrupción está archidemostrada, es más que probable que no sufra castigo alguno por sus comisiones y financiación ilegal, únicamente porque Zapatero necesita su apoyo y sus votos. Algunos etarras son mejor tratados por el sistema penitenciario español que muchos delincuentes de poca monta, que solamente han robado algo de chacina, por hambre.
Olvidando su deber ejemplarizante, numerosos miembros del poder político son líderes en mentiras, engaños, abusos e irregularidades, sin que les ocurra nada. El derecho ciudadano a conocer la verdad, violado a diario con total impunidad, es uno de los derechos humanos fundamentales que la España oficial desprecia con mayor saña y desvergüenza.
La degradada democracia española es conocida en todo el mundo por la resistencia a dimitir de sus altos cargos, un rasgo inequívoco de la baja calidad de la democracia y de la pésima calidad ética y humana de la casta dirigente. Los ayuntamientos están obligando a cerrar a miles de empresas, a las que no pagan sus deudas, mientras que otras se ven obligadas a aplazar sus deudas sin poder aplicar los intereses legales, bajo pena de ser represaliadas. Las violaciones económicas del poder político no son excepciones y son tantas que pueden calificarse de "condacta generalizada", todo un verdadero escándalo del que los medios de comunicación, comprados y sometidos, nunca hablan.
La impunidad del poder es otro gran escándalo que viola el principio de igualdad y demuestra que muchos poderosos son arrogantes, impunes e indeseables en esta España de Zapatero, que tras ser lider internacional en trata de blancas, drogas, alcoholismo, blanqueo de dinero, enchufismo, desprestigio de la casta política, abuso de poder y otras muchas lacras, ha sufrido últimamente la vergonzosa humillación de figurar ya entre los países que violan los derechos humanos fundamentales.
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