Se autodenominan "piquetes informativos", pero son verdaderas pandillas fascistoides y violentas que violan el derecho ciudadano a decidir libremente si trabajan o no durante una huelga. Sacan a los conductores de las carreteras, sabotean las cerraduras con silicona, impiden el paso libre a los que quieren trabajar e imponen el terror en lo que ellos denominan servicios "vitales", sobre todo en los transportes públicos, para inmovilizar a los ciudadanos y lograr así, por la fuerza, que la huelga triunfe. Hasta ahora, durante el mandato socialista, esos piquetes, verdaderas bandas callejeras violentas, han operado con total impunidad, sin que la policía les haga frente y garantice el derecho ciudadano a participar o no en la huelga, pero los votantes del PP, mayoritarios, esperan que el gobierno frene en esta ocasión los desmanes de unos sindicatos que se sienten desesperados y angustiados porque son conscientes de que si la huelga fracasa, a ellos sólo les queda cavar su tumba.
La actuación de los piquetes ha sido hasta ahora una de las lacras de la mal llamada "democracia" española, un abuso contra la libertad y la convivencia vergonzosamente tolerado por el poder político. Si esta vez ocurre lo mismo, se cargarán de razón los muchos ciudadanos que piensan que el PP y el PSOE se parecen demasiado y que el gobierno de Rajoy carece de la firmeza suficiente para defender los derechos básicos ciudadanos.
Los sindicatos convocantes de la huelga general del día 29 de marzo deben jugar limpio y no abusar de la desesperación de las masas en momentos delicados para España, cuando la crisis nos atenaza y amenaza nuestro futuro y cuando la imagen del sindicalismo español está por los suelos, después de haber mantenido un vergonzoso y cobarde silencio durante el mandato de Zapatero, a pesar de que España se hundía, se bajaban sueldos y pensiones y el país se llenaba de desempleados y nuevos pobres.
Muchos españoles ven en la huelga del 29 de marzo una ocasión única para derrotar a un sindicalismo que se ha hecho sectario, adicto al dinero y a los privilegios y que no duda en anteponer los propios intereses de los líderes y burócratas liberados a los de los trabajadores y empleados españoles, a los que dicen defender. Cada día son más los españoles que reniegan de un sindicalismo que ha entregado su independencia y libertad al PSOE, cuyas filas están llenas de vagos que cobran sin trabajar y que es incapaz de asumir el reto democrático de financiarse con las cuotas de sus afiliados, renunciando al dinero de los impuestos abrumadores que pagan los españoles.
La actuación de los piquetes ha sido hasta ahora una de las lacras de la mal llamada "democracia" española, un abuso contra la libertad y la convivencia vergonzosamente tolerado por el poder político. Si esta vez ocurre lo mismo, se cargarán de razón los muchos ciudadanos que piensan que el PP y el PSOE se parecen demasiado y que el gobierno de Rajoy carece de la firmeza suficiente para defender los derechos básicos ciudadanos.
Los sindicatos convocantes de la huelga general del día 29 de marzo deben jugar limpio y no abusar de la desesperación de las masas en momentos delicados para España, cuando la crisis nos atenaza y amenaza nuestro futuro y cuando la imagen del sindicalismo español está por los suelos, después de haber mantenido un vergonzoso y cobarde silencio durante el mandato de Zapatero, a pesar de que España se hundía, se bajaban sueldos y pensiones y el país se llenaba de desempleados y nuevos pobres.
Muchos españoles ven en la huelga del 29 de marzo una ocasión única para derrotar a un sindicalismo que se ha hecho sectario, adicto al dinero y a los privilegios y que no duda en anteponer los propios intereses de los líderes y burócratas liberados a los de los trabajadores y empleados españoles, a los que dicen defender. Cada día son más los españoles que reniegan de un sindicalismo que ha entregado su independencia y libertad al PSOE, cuyas filas están llenas de vagos que cobran sin trabajar y que es incapaz de asumir el reto democrático de financiarse con las cuotas de sus afiliados, renunciando al dinero de los impuestos abrumadores que pagan los españoles.
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