La actual Constitución española es inútil y debe ser cambiada, no sólo porque no es democrática, sino porque es violada con frecuencia intolerable por los poderosos, de manera impune. Derechos tan fundamentales consagrados por la Constitución como el someterse a una Justicia igual para todos, el derecho a una vivienda digna y el de informar y ser informados verazmente son violados constantemente por el poder político, demostrando así la corrupción intrínseca del sistema.
Una Constitución que no es respetada no merece existir, como tampoco merece la existencia una Constitución que, en teoría, sustenta una democracia, cuando realmente promueve y establece una partitocracia o dictadura de partidos políticos, sin ciudadanos y sin sociedad civil.
Si esa Constitución, además, soporta un Estado corrupto, convierte a los humildes en monigotes indefensos y permite una escandalosa impunidad de los dirigentes políticos y cargos electos, todavía con más razón debe ser sustituida por otra que sea digna de respeto y contenga sanciones y rigor suficiente para que sea respetada, temida y amada.
La actual Constitución tolera y permite la corrupción que atraviesa España de parte a parte, con protagonismo especial del sector público, que los políticos fracasados o sospechosos de delito no dimitan jamás y que el foso que separa a ricos de pobres se ensanche cada año. Pero la actual Constitución, que hoy celebran y alaban los poderosos ante una creciente indiferencias de la sociedad, es la que ha permitido que España sea hoy uno de los líderes mundiales en casi todas las disciplinas y prácticas vergonzantes: tráfico y consumo de drogas, prostitución y trata de blancas, desempleo, avance de la pobreza, baja calidad en la educación, fracaso escolar, blanqueo de dinero, privilegios para los políticos, desprestigio de la democracia, rechazo al liderazgo político y un largo etcétera que convierte a España en un país enfermo.
A pesar de todos esos defectos y carencias de la Constitución española, su peor drama quizás sea que permite que un presidente de gobierno inútil e incapaz, como el actual presidente Zapatero, puede acceder al poder y ejercerlo, sin problema alguno, durante dos legislaturas, causando en ese periodo estragos a los ciudadanos y a la nación.
Nuestra Constitución, asumida en su día por un pueblo tan sediento de democracia como inculto e incapaz de discernir entre democracia real y dictadura de partidos, sólo le sirve ya a los políticos profesionales que disfrutan de privilegios y ventajas en el poder y a unos partidos políticos que se han apropiado del Estado y que carecen de frenos, controles y contrapesos.
La nueva Constitución que España necesita para ser una nación de hombres y mujeres libres y responsables que ejerzan su soberanía libres de la tiranía de los partidos y de sus cuadros, tiene que garantizar el cumplimiento de la ley, la separación de poderes, la primacía del ciudadano y el control del poder por parte de la ley, la ciudadanía y una prensa libre e independiente. Sin estas garantías, la Constitución es sólo un documento hipócrita que puede ser eludido y violado con pasmosa frecuencia por el poder.
Una Constitución que no es respetada no merece existir, como tampoco merece la existencia una Constitución que, en teoría, sustenta una democracia, cuando realmente promueve y establece una partitocracia o dictadura de partidos políticos, sin ciudadanos y sin sociedad civil.
Si esa Constitución, además, soporta un Estado corrupto, convierte a los humildes en monigotes indefensos y permite una escandalosa impunidad de los dirigentes políticos y cargos electos, todavía con más razón debe ser sustituida por otra que sea digna de respeto y contenga sanciones y rigor suficiente para que sea respetada, temida y amada.
La actual Constitución tolera y permite la corrupción que atraviesa España de parte a parte, con protagonismo especial del sector público, que los políticos fracasados o sospechosos de delito no dimitan jamás y que el foso que separa a ricos de pobres se ensanche cada año. Pero la actual Constitución, que hoy celebran y alaban los poderosos ante una creciente indiferencias de la sociedad, es la que ha permitido que España sea hoy uno de los líderes mundiales en casi todas las disciplinas y prácticas vergonzantes: tráfico y consumo de drogas, prostitución y trata de blancas, desempleo, avance de la pobreza, baja calidad en la educación, fracaso escolar, blanqueo de dinero, privilegios para los políticos, desprestigio de la democracia, rechazo al liderazgo político y un largo etcétera que convierte a España en un país enfermo.
A pesar de todos esos defectos y carencias de la Constitución española, su peor drama quizás sea que permite que un presidente de gobierno inútil e incapaz, como el actual presidente Zapatero, puede acceder al poder y ejercerlo, sin problema alguno, durante dos legislaturas, causando en ese periodo estragos a los ciudadanos y a la nación.
Nuestra Constitución, asumida en su día por un pueblo tan sediento de democracia como inculto e incapaz de discernir entre democracia real y dictadura de partidos, sólo le sirve ya a los políticos profesionales que disfrutan de privilegios y ventajas en el poder y a unos partidos políticos que se han apropiado del Estado y que carecen de frenos, controles y contrapesos.
La nueva Constitución que España necesita para ser una nación de hombres y mujeres libres y responsables que ejerzan su soberanía libres de la tiranía de los partidos y de sus cuadros, tiene que garantizar el cumplimiento de la ley, la separación de poderes, la primacía del ciudadano y el control del poder por parte de la ley, la ciudadanía y una prensa libre e independiente. Sin estas garantías, la Constitución es sólo un documento hipócrita que puede ser eludido y violado con pasmosa frecuencia por el poder.
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