España está mal. Los eufemismos, medias verdades y aplazamientos acumulados durante quince largos meses de ciclo electoral han agujereado la credibilidad exterior del país. Los balbuceos, cobardías, decisiones injustas y pérdida de apoyos del nuevo gobierno de Rajoy tampoco generan confianza y más bien decepcionan a todos, Los operadores (y especuladores) financieros que hostigaron los engaños y él corto vuelo de José Luis Rodríguez Zapatero no acaban de creerse los primeros presupuestos de Mariano Rajoy. La prima de riesgo de la deuda pública vuelve a rebasar los 400 puntos. España entra en la fase más dura del ajuste con una población cada día más descontenta porque los recortes y medidas del nuevo gobierno son injustos, arbitrarios y cobardes.
Ahora se agregan 10.000 millones de euros más de recortes en sanidad y educación, dos sectores vitales y sensibles, pero la gente se indigna porque el gobierno sigue sin meter la tijera en una administración pública que sigue acumulando privilegios, despilfarrando y duplicando y triplicando actuaciones y funciones. Los coches oficiales, las tarjetas de crédito para políticos, la lluvia de contrataciones de miembros del PP, los asesores innecesarios, las diputaciones provinciales innecesarias, ahora casi todas en manos del PP, los viajes injustificables, las comilonas y otros muchos gastos superfluos y prescindibles siguen vigentes en la Administración, prueba evidente de que el gobierno de Rajoy no tiene el valor suficiente para recortar en lo que constituye la más injusta, indecente y opulenta sangría de dinero público: el poder político.
Los españoles están dando la talla y se sienten dispuestos a sacrificarse para solucionar el drama, pero la actitud cobarde, injusta y arbitraria del gobierno, incapaz de distribuir el esfuerzo entre todos y de renunciar a los privilegios, lujos y ventajas de la ya odiada casta política, está causando desánimo e indignación.
Prácticamente toda la factura de la crisis la está pagando el ciudadano en exclusiva, con subidas de impuestos que ya son asfixiantes y perdiendo servicios y prestaciones públicas, una injusticia lacerante e insoportable que le cuesta al gobierno del PP una constante sangría de apoyos. Los ricos deben pagar más, afirman ahora los ministros, pero ellos siguen contratando asesores y gastando como sátrapas.
Si el nuevo gobierno piensa que los españoles van a seguir odiando eternamente al PSOE y a Zapatero por haberlos arruinado y desprestigiado mundialmente, se equivoca. Si el nuevo gobierno sigue ganándose el desprecio ciudadano, el PSOE, a pesar de sus fechorías, traiciones y corrupciones indignas, pronto será deseado.
Ni siquiera se ha atrevido el gobierno a suprimir las impopulares subvenciones que reciben los partidos políticos y las organizaciones patronales y sindicatos, convertidas en todo un símbolo del rechazo ciudadano al despilfarro público y al abuso de poder político. El grito que reclama la supresión de las ayudas públicas a los partidos políticos, sindicatos y patronal es ya un clamor, pero el gobierno, tal vez por miedo a las reacciones de aquellos que llevan décadas chupando de la teta del Estado, se niega a escucharlo.
Los mercados perciben el descontento creciente de los españoles, la pérdida de apoyos que sufre el gobierno de Rajoy y la cobarde falta de decisión que preside la política de un gobierno que no cumple lo que prometió al pueblo cuando era la oposición a Zapatero. La consecuencia es lógica: miedo al futuro de España, desconfianza en la deuda y acoso de los especuladores.
¡Zapatero debe ser castigado!
Ahora se agregan 10.000 millones de euros más de recortes en sanidad y educación, dos sectores vitales y sensibles, pero la gente se indigna porque el gobierno sigue sin meter la tijera en una administración pública que sigue acumulando privilegios, despilfarrando y duplicando y triplicando actuaciones y funciones. Los coches oficiales, las tarjetas de crédito para políticos, la lluvia de contrataciones de miembros del PP, los asesores innecesarios, las diputaciones provinciales innecesarias, ahora casi todas en manos del PP, los viajes injustificables, las comilonas y otros muchos gastos superfluos y prescindibles siguen vigentes en la Administración, prueba evidente de que el gobierno de Rajoy no tiene el valor suficiente para recortar en lo que constituye la más injusta, indecente y opulenta sangría de dinero público: el poder político.
Los españoles están dando la talla y se sienten dispuestos a sacrificarse para solucionar el drama, pero la actitud cobarde, injusta y arbitraria del gobierno, incapaz de distribuir el esfuerzo entre todos y de renunciar a los privilegios, lujos y ventajas de la ya odiada casta política, está causando desánimo e indignación.
Prácticamente toda la factura de la crisis la está pagando el ciudadano en exclusiva, con subidas de impuestos que ya son asfixiantes y perdiendo servicios y prestaciones públicas, una injusticia lacerante e insoportable que le cuesta al gobierno del PP una constante sangría de apoyos. Los ricos deben pagar más, afirman ahora los ministros, pero ellos siguen contratando asesores y gastando como sátrapas.
Si el nuevo gobierno piensa que los españoles van a seguir odiando eternamente al PSOE y a Zapatero por haberlos arruinado y desprestigiado mundialmente, se equivoca. Si el nuevo gobierno sigue ganándose el desprecio ciudadano, el PSOE, a pesar de sus fechorías, traiciones y corrupciones indignas, pronto será deseado.
Ni siquiera se ha atrevido el gobierno a suprimir las impopulares subvenciones que reciben los partidos políticos y las organizaciones patronales y sindicatos, convertidas en todo un símbolo del rechazo ciudadano al despilfarro público y al abuso de poder político. El grito que reclama la supresión de las ayudas públicas a los partidos políticos, sindicatos y patronal es ya un clamor, pero el gobierno, tal vez por miedo a las reacciones de aquellos que llevan décadas chupando de la teta del Estado, se niega a escucharlo.
Los mercados perciben el descontento creciente de los españoles, la pérdida de apoyos que sufre el gobierno de Rajoy y la cobarde falta de decisión que preside la política de un gobierno que no cumple lo que prometió al pueblo cuando era la oposición a Zapatero. La consecuencia es lógica: miedo al futuro de España, desconfianza en la deuda y acoso de los especuladores.
¡Zapatero debe ser castigado!
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