Afirman los expertos que los tunecinos y egipcios se han alzado contra sus gobiernos por dos razones fundamentales: porque en sus países no existe separación de poderes y porque la corrupción ha infectado al mismo sector público. Si eso es así, España padece los mismos problemas con una virulencia inusitada, aunque Gaspar Zarrías haya puesto el grito en el cielo ante esa acusación, lanzada por el portavoz del PP.
Sobre la violación del principio de la separación de poderes en España, esencial para que exista democracia, poco hay que decir porque la violación es pública, notoria y tan descarada que los partidos políticos nombran directamente a jueces y magistrados, sin importarles que esa brutalidad antidemocrática sea conocida por los ciudadanos y aireada por los medios. La carrera profesional de los jueces españoles depende de los partidos políticos, hasta el punto de que nadie puede prosperar en ese sector, vital para la democracia, sin el apoyo explícito de uno de los grandes partidos.
Después, a la hora de juzgar, la historia demuestra que cada juez interpreta y aplica la ley según sus intereses y criterios, pero procurando beneficiar a los suyos y castigar al adversario.
La infección corrupta no es que haya alcanzado en España al sector público sino que es allí donde se ha gestado la infección y desde lo público ha infectado al resto de la sociedad. El escándalo de los falsos EREs en Andalucía, gracias al cual decenas de socialistas y miembros de UGT se han beneficiado de pensiones pagadas con fondos públicos sin ni siquiera haber trabajado en las empresas afectadas, es el mejor ejemplo para evaluar el nivel tan estremecedor que ha alcanzado la corrupción pública en España, donde son abundantes otros ejemplos, igualmente repugnantes, como las comisiones a políticos y funcionarios, el enriquecimiento rápido e inexplicable de cargos públicos, las colocaciones en el sector público de familiares y amigos del poder, realizadas al margen de la ley, concursos trucados, listas negras de empresarios a los que se les niegan las subvenciones y los concursos públicos, utilización del dinero de todos para comprar votos y mantenerse en el poder y mil casos más que convierten a España en uno de los peores vertederos de la política mundial.
Pero hay ejemplos que reflejan de manera didáctica y sobrecogedora el hedor que se concentra en el sector público español. El siguiente es uno de ellos: Una información, ocultada durante años, fue por fin publicada por un medio de comunicación. El honor le cabe a Diario Crítico. Los primeros párrafos de la impresionante información eran los siguientes:
Puede ser un enorme escándalo: un acuerdo no publicado entre Correos y la Agencia Tributaria puede estar dando lugar desde 2000 a un supuesto fraude de dimensiones astronómicas. Según la denuncia –y la documentación- en poder de Diariocrítico, los carteros se ven obligados a poner “Desconocido” en determinados envíos de la Agencia Tributaria para que ésta pueda agilizar los embargos contra ciudadanos corrientes. El tema no tiene desperdicio.
Cuando un ciudadano tiene causa pendiente con la Hacienda Pública, antes de proceder al embargo de sus cuentas o bienes la Agencia Tributaria debe agotar un largo proceso burocrático de notificaciones, etcétera. Sólo después de ese proceso, y una vez publicado su nombre en boletines o tablones oficiales, puede iniciar los trámites para su embargo.
El proceso es lento, largo, y a la Agencia Tributaria del año 2000 –gobierno de José María Aznar- le interesaba una agilización. Después de mucho discurrir, determinados ejecutivos pensaron que si las notificaciones que se devolvían a la Agencia por parte de Correos, al no haber podido entregarlas al destinatario, llevaban la leyenda “Desconocido”, era razón suficiente para iniciar de facto el procedimiento que lleva al embargo de los bienes del susodicho ciudadano.
Así, la Agencia Tributaria y Correos establecieron en ese año un acuerdo que podría estar vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos como es el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva.
Si algún lector quiere conocer el texto completo y profundizar en el drama, que pulse aquí
Sobre la violación del principio de la separación de poderes en España, esencial para que exista democracia, poco hay que decir porque la violación es pública, notoria y tan descarada que los partidos políticos nombran directamente a jueces y magistrados, sin importarles que esa brutalidad antidemocrática sea conocida por los ciudadanos y aireada por los medios. La carrera profesional de los jueces españoles depende de los partidos políticos, hasta el punto de que nadie puede prosperar en ese sector, vital para la democracia, sin el apoyo explícito de uno de los grandes partidos.
Después, a la hora de juzgar, la historia demuestra que cada juez interpreta y aplica la ley según sus intereses y criterios, pero procurando beneficiar a los suyos y castigar al adversario.
La infección corrupta no es que haya alcanzado en España al sector público sino que es allí donde se ha gestado la infección y desde lo público ha infectado al resto de la sociedad. El escándalo de los falsos EREs en Andalucía, gracias al cual decenas de socialistas y miembros de UGT se han beneficiado de pensiones pagadas con fondos públicos sin ni siquiera haber trabajado en las empresas afectadas, es el mejor ejemplo para evaluar el nivel tan estremecedor que ha alcanzado la corrupción pública en España, donde son abundantes otros ejemplos, igualmente repugnantes, como las comisiones a políticos y funcionarios, el enriquecimiento rápido e inexplicable de cargos públicos, las colocaciones en el sector público de familiares y amigos del poder, realizadas al margen de la ley, concursos trucados, listas negras de empresarios a los que se les niegan las subvenciones y los concursos públicos, utilización del dinero de todos para comprar votos y mantenerse en el poder y mil casos más que convierten a España en uno de los peores vertederos de la política mundial.
Pero hay ejemplos que reflejan de manera didáctica y sobrecogedora el hedor que se concentra en el sector público español. El siguiente es uno de ellos: Una información, ocultada durante años, fue por fin publicada por un medio de comunicación. El honor le cabe a Diario Crítico. Los primeros párrafos de la impresionante información eran los siguientes:
Puede ser un enorme escándalo: un acuerdo no publicado entre Correos y la Agencia Tributaria puede estar dando lugar desde 2000 a un supuesto fraude de dimensiones astronómicas. Según la denuncia –y la documentación- en poder de Diariocrítico, los carteros se ven obligados a poner “Desconocido” en determinados envíos de la Agencia Tributaria para que ésta pueda agilizar los embargos contra ciudadanos corrientes. El tema no tiene desperdicio.
Cuando un ciudadano tiene causa pendiente con la Hacienda Pública, antes de proceder al embargo de sus cuentas o bienes la Agencia Tributaria debe agotar un largo proceso burocrático de notificaciones, etcétera. Sólo después de ese proceso, y una vez publicado su nombre en boletines o tablones oficiales, puede iniciar los trámites para su embargo.
El proceso es lento, largo, y a la Agencia Tributaria del año 2000 –gobierno de José María Aznar- le interesaba una agilización. Después de mucho discurrir, determinados ejecutivos pensaron que si las notificaciones que se devolvían a la Agencia por parte de Correos, al no haber podido entregarlas al destinatario, llevaban la leyenda “Desconocido”, era razón suficiente para iniciar de facto el procedimiento que lleva al embargo de los bienes del susodicho ciudadano.
Así, la Agencia Tributaria y Correos establecieron en ese año un acuerdo que podría estar vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos como es el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva.
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