Aunque, según las encuestas, cada día es más elevado el número de españoles que rechazan el "Estado de las Autonomías" por considerarlo ruinoso, injusto y escasamente operativo, los reyezuelos regionales y sus enormes cortes de acólitos, paniaguados y mantenidos se oponen con toda su fuerza a la reforma de un sistema elenfatiasico que les permite ordeñar a la nación y que duplica, triplica y hasta cuadruplica competencias y tareas.
El mismo presidente de las Cortes, José Bono, ha reconocido la inconveniencia y ridiculez de un Estado con 17 parlamentos, 17 defensores del pueblo y una insoportable inflación de defensores de la mujer, del menor, etc., además de medio centenar de gobiernos y parlamentos provinciales (diputaciones) y centenares de instituciones y empresas que, demasiadas veces, cumplen las mismas funciones.
El rechazo a las autonomías se ha disparado durante el mandato de Zapatero, sobre todo tras su promoción personal del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, un documento que consagra diferencias y privilegios regionales para los catalanes y que dinamita el principio de la igualdad entre las regiones y pueblos de España, consagrado por la Constitución. Muchos españoles consultados creen que el Estatuto catalán fue el mayor error de Zapatero como gobernante, por encima de sus negociaciones privilegiadas y secretas con ETA, su equivocado enfoque de la crisis económica o sus mentiras reiteradas como presidente del gobierno. La gente opina que el Estatuto de Cataluña no era deseado por el pueblo, que le negó su apoyo en las urnas, y que sólo era un deseo de políticos nacionalistas frívolamente alimentado por un Zapatero que antepuso los votos catalanes que necesitaba al bien común.
Las 17 comunidades autónomas fueron la cobarde concesión hecha a las oligarquías económicas de las comunidades históricas, tras la muerte de Franco y la instauración del nuevo sistema político español, disfrazado de democracia pero que realmente fue y es una oligarquía de políticos encuadrados en partidos. El gran problema actual es que, por causa de la ambición nacionalista y por la debilidad del gobierno central, el Estado Autonómico ha terminado por salirse de madre y hoy es incontrolable e insostenible.
A pesar de ello, el candidato Rubalcaba, ahondando en los mismos errores de Zapatero, consciente de que necesita votos catalanes para evitar el desastre que se le avecina y anteponiendo también su interés electoral al bien común y al interés general, está alimentando el nacionalismo catalán, apoyando hasta la insumisión catalana ante la sentencia que obliga a la Generalitat a equiparar el español al idioma catalán en las escuelas.
La existencia y deriva de las autonomías demuestra con claridad que en España siguen mandando los de siempre. Los Pujol, los Mas, los jerarcas del PNV y los barones de los partidos nacionales son miembros o representantes de las oligarquías regionales, encaramados en el poder político porque desde esa atalaya pueden ganar más dinero y privilegios para los suyos.
La conveniencia de restar competencias a las autonomías, convertidas en auténticas taifas, y devolverlas al gobierno central crece en la opinión pública española y está siendo ya aireada por algunos políticos con osadía y conciencia. Es una evidencia incuestionable que los españoles son cada día más críticos con el estado autonómico y que nada menos que el 70 por ciento de la población reclama iguales servicios y prestaciones en todas las regiones, mientras que casi el 30 por ciento considera ya negativa la existencia de las autonomías. Una cuarta parte de los que rechazan el desarrollo autonómico cree que ha sido negativo fundamentalmente porque ha contribuido al aumento del gasto público; un 16,3 por ciento percibe que ha fomentado los separatismos; y el 13,3 por ciento señala que ha aumentado las diferencias entre comunidades autónomas.
El mismo presidente de las Cortes, José Bono, ha reconocido la inconveniencia y ridiculez de un Estado con 17 parlamentos, 17 defensores del pueblo y una insoportable inflación de defensores de la mujer, del menor, etc., además de medio centenar de gobiernos y parlamentos provinciales (diputaciones) y centenares de instituciones y empresas que, demasiadas veces, cumplen las mismas funciones.
El rechazo a las autonomías se ha disparado durante el mandato de Zapatero, sobre todo tras su promoción personal del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, un documento que consagra diferencias y privilegios regionales para los catalanes y que dinamita el principio de la igualdad entre las regiones y pueblos de España, consagrado por la Constitución. Muchos españoles consultados creen que el Estatuto catalán fue el mayor error de Zapatero como gobernante, por encima de sus negociaciones privilegiadas y secretas con ETA, su equivocado enfoque de la crisis económica o sus mentiras reiteradas como presidente del gobierno. La gente opina que el Estatuto de Cataluña no era deseado por el pueblo, que le negó su apoyo en las urnas, y que sólo era un deseo de políticos nacionalistas frívolamente alimentado por un Zapatero que antepuso los votos catalanes que necesitaba al bien común.
Las 17 comunidades autónomas fueron la cobarde concesión hecha a las oligarquías económicas de las comunidades históricas, tras la muerte de Franco y la instauración del nuevo sistema político español, disfrazado de democracia pero que realmente fue y es una oligarquía de políticos encuadrados en partidos. El gran problema actual es que, por causa de la ambición nacionalista y por la debilidad del gobierno central, el Estado Autonómico ha terminado por salirse de madre y hoy es incontrolable e insostenible.
A pesar de ello, el candidato Rubalcaba, ahondando en los mismos errores de Zapatero, consciente de que necesita votos catalanes para evitar el desastre que se le avecina y anteponiendo también su interés electoral al bien común y al interés general, está alimentando el nacionalismo catalán, apoyando hasta la insumisión catalana ante la sentencia que obliga a la Generalitat a equiparar el español al idioma catalán en las escuelas.
La existencia y deriva de las autonomías demuestra con claridad que en España siguen mandando los de siempre. Los Pujol, los Mas, los jerarcas del PNV y los barones de los partidos nacionales son miembros o representantes de las oligarquías regionales, encaramados en el poder político porque desde esa atalaya pueden ganar más dinero y privilegios para los suyos.
La conveniencia de restar competencias a las autonomías, convertidas en auténticas taifas, y devolverlas al gobierno central crece en la opinión pública española y está siendo ya aireada por algunos políticos con osadía y conciencia. Es una evidencia incuestionable que los españoles son cada día más críticos con el estado autonómico y que nada menos que el 70 por ciento de la población reclama iguales servicios y prestaciones en todas las regiones, mientras que casi el 30 por ciento considera ya negativa la existencia de las autonomías. Una cuarta parte de los que rechazan el desarrollo autonómico cree que ha sido negativo fundamentalmente porque ha contribuido al aumento del gasto público; un 16,3 por ciento percibe que ha fomentado los separatismos; y el 13,3 por ciento señala que ha aumentado las diferencias entre comunidades autónomas.
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