Contrariamente a lo que afirma la vicepresidenta del gobierno, Soraya Saez de Santamaría, en España ha llegado la hora de repartir culpas porque sin una catarsis de Justicia que humille a los despilfarradores del pasado y castigue a los delincuentes y corruptos que abusaron del poder, España no puede solucionar su drama y superar la actual crisis.
Santamaría, tras asegurar que no se subirán el IVA, ha admitido que "no es el momento de repartir culpas ni de poner excusas sino de aprender las lecciones del pasado y evitar que se repitan". Eso sí, ha recordado que las cuentas públicas han pasado del superávit en 2007, cercano al 2 por ciento, a un déficit por encima del 11 por ciento en 2009 y al 8,5 del año pasado. La tesis expuesta por Soraya responde a la orden dada por Mariano Rajoy de no pedir cuentas a los políticos socialistas y de enterrar el pasado en el olvido, una decisión que colisiona directamente con lo que quieren los ciudadanos y que incrementa el divorcio entre ciudadanos y políticos.
Ya se sabe que entre Rajoy y José María Aznar existe una profunda discrepancia, precisamente en torno a la decisión de Rajoy de pasar página y perdonar todos los desmanes del socialismo de Zapatero. Aznar mantiene que "cada vez que los socialistas gobiernan dejan el país hecho una ruina" y que esa dinámica tiene que acabarse castigando a los despilfarradores y corruptos, pero Rajoy, consciente de que en sus propias filas hay también chorizos, le tiene un miedo atroz a la izquierda y a su capacidad de chantaje en las calles, apelando a lo más sucio y enervado de la sociedad española.
Los ciudadanos más conscientes y preparados, por su parte, tercian en la polémica opinando con razón que es la Justicia la que debe tomar cartas en el asunto, juzgando a los que hayan arruinado España por medio de abusos y delitos, que no son pocos.
El país, destruido por el abuso y el despilfarro, ofrece una imagen penosa. España no tiene dinero y los políticos afirman que no pueden recortar más sin tocar la sanidad y la educación. Se trata de otra mentira intolerable del poder porque pueden hacer todavía muchas cosas que reclaman los ciudadanos, pero que ellos se niegan a hacerlas porque representaría pérdida de poder. Pueden privatizar o cerrar las ruinosas televisiones públicas, eliminar las diputaciones provinciales, reducir el número de consejerías y de consejeros, directores generales y enchufados, cerrar miles de instituciones ociosas y de empresas públicas prescindibles, creadas para gastar más y colocar a los amigos, bajar los sueldos de los políticos de manera significativa, reducir el parque de vehículos oficiales y de tarjetas de crédito para gastos de políticos, eliminar las subvenciones a los odiosos partidos políticos, organizaciones patronales y sindicatos, vender inmuebles de propiedad pública, reducir drásticamente las nóminas de asesores y enchufados e, incluso, devolver competencias al Estado central, ante la imposibilidad de gestionarlas desde las autonomías. En último caso, podrían hasta eliminar los gobiernos autonómicos y retornar al Estado como único administrador de las bienes y servicios de la nación, ante la evidencia de que el actual Estado de las Autonomías es inviable.
Una vez que hayan hecho todos esos recortes justos y populares, sólo entonces, podrían pedir nuevos sacrificios a los ciudadanos o tocar servicios tan vitales como la sanidad y la educación.
Hacerlo antes, sin eliminar los abusos de poder y los privilegios que no se merecen, es, simplemente, una canallada.
Santamaría, tras asegurar que no se subirán el IVA, ha admitido que "no es el momento de repartir culpas ni de poner excusas sino de aprender las lecciones del pasado y evitar que se repitan". Eso sí, ha recordado que las cuentas públicas han pasado del superávit en 2007, cercano al 2 por ciento, a un déficit por encima del 11 por ciento en 2009 y al 8,5 del año pasado. La tesis expuesta por Soraya responde a la orden dada por Mariano Rajoy de no pedir cuentas a los políticos socialistas y de enterrar el pasado en el olvido, una decisión que colisiona directamente con lo que quieren los ciudadanos y que incrementa el divorcio entre ciudadanos y políticos.
Ya se sabe que entre Rajoy y José María Aznar existe una profunda discrepancia, precisamente en torno a la decisión de Rajoy de pasar página y perdonar todos los desmanes del socialismo de Zapatero. Aznar mantiene que "cada vez que los socialistas gobiernan dejan el país hecho una ruina" y que esa dinámica tiene que acabarse castigando a los despilfarradores y corruptos, pero Rajoy, consciente de que en sus propias filas hay también chorizos, le tiene un miedo atroz a la izquierda y a su capacidad de chantaje en las calles, apelando a lo más sucio y enervado de la sociedad española.
Los ciudadanos más conscientes y preparados, por su parte, tercian en la polémica opinando con razón que es la Justicia la que debe tomar cartas en el asunto, juzgando a los que hayan arruinado España por medio de abusos y delitos, que no son pocos.
El país, destruido por el abuso y el despilfarro, ofrece una imagen penosa. España no tiene dinero y los políticos afirman que no pueden recortar más sin tocar la sanidad y la educación. Se trata de otra mentira intolerable del poder porque pueden hacer todavía muchas cosas que reclaman los ciudadanos, pero que ellos se niegan a hacerlas porque representaría pérdida de poder. Pueden privatizar o cerrar las ruinosas televisiones públicas, eliminar las diputaciones provinciales, reducir el número de consejerías y de consejeros, directores generales y enchufados, cerrar miles de instituciones ociosas y de empresas públicas prescindibles, creadas para gastar más y colocar a los amigos, bajar los sueldos de los políticos de manera significativa, reducir el parque de vehículos oficiales y de tarjetas de crédito para gastos de políticos, eliminar las subvenciones a los odiosos partidos políticos, organizaciones patronales y sindicatos, vender inmuebles de propiedad pública, reducir drásticamente las nóminas de asesores y enchufados e, incluso, devolver competencias al Estado central, ante la imposibilidad de gestionarlas desde las autonomías. En último caso, podrían hasta eliminar los gobiernos autonómicos y retornar al Estado como único administrador de las bienes y servicios de la nación, ante la evidencia de que el actual Estado de las Autonomías es inviable.
Una vez que hayan hecho todos esos recortes justos y populares, sólo entonces, podrían pedir nuevos sacrificios a los ciudadanos o tocar servicios tan vitales como la sanidad y la educación.
Hacerlo antes, sin eliminar los abusos de poder y los privilegios que no se merecen, es, simplemente, una canallada.
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