La impunidad del rey de España y el masivo aforamiento de los políticos no son las peores lacras de la democracia española, desprestigiada y degradada por los cuatro costados, pero sí dos símbolos claros del sucio abuso de poder de los políticos y de la existencia de privilegios y ventajas que recuerdan el medievo, intolerables en una sistema democrático moderno, que debe ser, en esencia, justo e igualitario.
Cuando los españoles ya estaban hartos de sus políticos y de sus privilegios inmerecidos, de sus escándalos de corrupción y de las acusaciones que le llueven al sistema desde muchos medios e instituciones internacionales, llega el libro de Pilar Urbano "La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el Rey prefiere no recordarnos" y nos presenta a un rey que dista mucho de ser la persona ejemplar que debería ser. Toda su actuación en el golpe del 23 F está bajo sospecha y sus relaciones con Adolfo Suárez, ejemplares y amistosas según la propaganda oficial, resultan ser barriobajeras y demasiados sucias para que se produzcan en las altas instancias del Estado.
Los ciudadanos españoles cada día están mas convencidos de que deben poner freno al abuso de los políticos y luchar por una verdadera democracia que expulse del poder a los corruptos y a los bellacos y otorgue las máximas responsabilidades a gente decente y con principios.
España es el país con mayor número de aforados del mundo. Se calcula que en la actualidad hay 10.000 ciudadanos con una protección jurídica especial, aunque otras estimaciones elevan esa cifra hasta las 250.000, una cantidad estratosférica que genera enormes disfunciones en el sistema judicial y que ampara privilegios con difícil encaje en una Constitución que en su artículo 14 proclama que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Acabar con esa brutal injusticia, perpetrada por los políticos a espaldas de los ciudadanos y sin consultarles, es urgente, como también lo es impedir que los que mandan, carentes de decencia y de altura, vuelvan a abusar del poder y de sus privilegios en el futuro, como han hecho hasta ahora ante la pasividad estúpida y esclava de los ciudadanos.
Por otra parte, mientras que el artículo 14 del CAPÍTULO II de la Constitución Española dice que "Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", el artículo 56 del TÍTULO II afirma que "La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad", lo que consagra una brutal contradicción con el espíritu de la Carta Magna, recuperando privilegios que van incluso mas allá de los que adornaban a los monarcas mas absolutos e intocables de la Historia.
Si esos privilegios para políticos y para el monarca resultan ya difíciles de encajar en una constitución moderna y democrática, todavía son mas incomprensibles e injustos después de tres largas décadas de falsa democracia en España, donde el rey ha demostrado que no es, precisamente, un ciudadano ejemplar y los políticos han dejado claro que son los promotores e impulsores de la corrupción, el abuso de poder y la injusticia mas severa en la nación española.
Cuando los españoles ya estaban hartos de sus políticos y de sus privilegios inmerecidos, de sus escándalos de corrupción y de las acusaciones que le llueven al sistema desde muchos medios e instituciones internacionales, llega el libro de Pilar Urbano "La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el Rey prefiere no recordarnos" y nos presenta a un rey que dista mucho de ser la persona ejemplar que debería ser. Toda su actuación en el golpe del 23 F está bajo sospecha y sus relaciones con Adolfo Suárez, ejemplares y amistosas según la propaganda oficial, resultan ser barriobajeras y demasiados sucias para que se produzcan en las altas instancias del Estado.
Los ciudadanos españoles cada día están mas convencidos de que deben poner freno al abuso de los políticos y luchar por una verdadera democracia que expulse del poder a los corruptos y a los bellacos y otorgue las máximas responsabilidades a gente decente y con principios.
España es el país con mayor número de aforados del mundo. Se calcula que en la actualidad hay 10.000 ciudadanos con una protección jurídica especial, aunque otras estimaciones elevan esa cifra hasta las 250.000, una cantidad estratosférica que genera enormes disfunciones en el sistema judicial y que ampara privilegios con difícil encaje en una Constitución que en su artículo 14 proclama que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Acabar con esa brutal injusticia, perpetrada por los políticos a espaldas de los ciudadanos y sin consultarles, es urgente, como también lo es impedir que los que mandan, carentes de decencia y de altura, vuelvan a abusar del poder y de sus privilegios en el futuro, como han hecho hasta ahora ante la pasividad estúpida y esclava de los ciudadanos.
Por otra parte, mientras que el artículo 14 del CAPÍTULO II de la Constitución Española dice que "Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", el artículo 56 del TÍTULO II afirma que "La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad", lo que consagra una brutal contradicción con el espíritu de la Carta Magna, recuperando privilegios que van incluso mas allá de los que adornaban a los monarcas mas absolutos e intocables de la Historia.
Si esos privilegios para políticos y para el monarca resultan ya difíciles de encajar en una constitución moderna y democrática, todavía son mas incomprensibles e injustos después de tres largas décadas de falsa democracia en España, donde el rey ha demostrado que no es, precisamente, un ciudadano ejemplar y los políticos han dejado claro que son los promotores e impulsores de la corrupción, el abuso de poder y la injusticia mas severa en la nación española.
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