Aunque los datos no son todo lo fiables que quisiéramos, muchos expertos coinciden al calcular que los corruptos, sobre todo los políticos y sus amigos, han robado entre 100.000 y 150.000 millones de euros, desde que murió Franco hasta nuestros días, una cantidad desorbitada que ha provocando la ruina de este país. Casi la totalidad de ese dinero fue sustraído desde el triunfo electoral de Felipe González (1982) hasta nuestros días.
El saqueo se ha producido a través de comisiones ilegales, subvenciones que se perdieron, sobrevaloración de contratos y servicios, créditos condonados, facturas falsas, negocios con ventaja, testaferros, recalificaciones dolosas, concesiones mafiosas, EREs trucados, apropiación indebida de fondos públicos, sobre todo fondos reservados, y robos directos de fondos públicos.
Gran parte de ese dinero ha ido a parar a los bolsillos de los corruptos mas poderosos, generalmente políticos con cargos públicos y empresarios cómplices, pero una parte nada desdeñable ha ingresado en las arcas de algunos partidos políticos, lo que los convierte en auténticas asociaciones de maleantes.
Los políticos no sólo son los responsables de ese brutal saqueo, sino que también lo son de que los ladrones, en su mayoría, se hayan escapado de la justicia, sin castigo y sin devolver un solo euro de lo rapiñado. Los que no han robado y se declaran limpios son culpables por haber guardado un silencio cómplice cuando vieron y conocieron el saqueo del país que perpetraban muchos de sus colegas. Algunos partidos no han dudado en incluir a sospechosos de corrupción en sus listas electorales y otras veces han protegido y apoyado a los que estaban siendo investigados por corrupción. Al negarse a perseguir a los ladrones, muchos de los cuales son de sus propios partidos, los políticos, sin excepción, aunque no hayan participado directamente en el saqueo de España, se han convertido en cómplices y en traidores a la patria, a la que están obligados a defender desde sus cargos públicos.
La situación es tan grave y bochornosa que los ciudadanos deberíamos rebelarnos y practicar una resistencia pacífica, pero implacable, incluyendo dejar de pagar impuestos y de acudir a las urnas, hasta que la clase política cumpla con su deber, abandone el silencio y la pasividad ante el crimen y los ladrones sean encerrados y devuelvan el dinero robado.
La ciudadanía, indignada ante una casta política que vive en la impunidad y permite que el robo y el saqueo de España no sean penalizados, debe exigir que los sospechosos sean investigados por tribunales especiales (Audiencia Nacional), que la Fiscalía del Estado y los jueces envíen comisiones rogatorias a todos los paraísos fiscales para averiguar donde están los mas de 100.000 millones robados al erario público, que todos los sospechosos de enriquecimiento rápido e inexplicable sean investigados, que se registren todas sus propiedades en busca del dinero substraído, que se bloqueen sus cuentas bancarias y se embargue su patrimonio y que todos los que han robado ingresen en prisión hasta que no devuelvan el último euro.
Esa sería la única manera de comenzar la regeneración de España y la limpieza de la pocilga nacional.
La recuperación de ese dinero bastaría para asegurar las pensiones en el próximo cuarto de siglo, para acabar con los recortes y asegurar el mantenimiento de los sevicios sociales básicos.
Los partidos políticos, responsables de haber incluído en las listas (cerradas y bloqueadas) a chorizos y delincuentes, deben ser considerados responsables subsidiarios de los crímenes cometidos por sus pupilos y protegidos y deberán devolver el dinero substraído al pueblo en el caso de que los ladrones se nieguen a hacerlo.
Esa exigencia es necesaria para devolver a España su dignidad y solvencia como país. Hay que forzar a los gobernantes a que acaben con la corrupción o a que dimitan en masa si se niegan a aplicar la Justicia.
El saqueo se ha producido a través de comisiones ilegales, subvenciones que se perdieron, sobrevaloración de contratos y servicios, créditos condonados, facturas falsas, negocios con ventaja, testaferros, recalificaciones dolosas, concesiones mafiosas, EREs trucados, apropiación indebida de fondos públicos, sobre todo fondos reservados, y robos directos de fondos públicos.
Gran parte de ese dinero ha ido a parar a los bolsillos de los corruptos mas poderosos, generalmente políticos con cargos públicos y empresarios cómplices, pero una parte nada desdeñable ha ingresado en las arcas de algunos partidos políticos, lo que los convierte en auténticas asociaciones de maleantes.
Los políticos no sólo son los responsables de ese brutal saqueo, sino que también lo son de que los ladrones, en su mayoría, se hayan escapado de la justicia, sin castigo y sin devolver un solo euro de lo rapiñado. Los que no han robado y se declaran limpios son culpables por haber guardado un silencio cómplice cuando vieron y conocieron el saqueo del país que perpetraban muchos de sus colegas. Algunos partidos no han dudado en incluir a sospechosos de corrupción en sus listas electorales y otras veces han protegido y apoyado a los que estaban siendo investigados por corrupción. Al negarse a perseguir a los ladrones, muchos de los cuales son de sus propios partidos, los políticos, sin excepción, aunque no hayan participado directamente en el saqueo de España, se han convertido en cómplices y en traidores a la patria, a la que están obligados a defender desde sus cargos públicos.
La situación es tan grave y bochornosa que los ciudadanos deberíamos rebelarnos y practicar una resistencia pacífica, pero implacable, incluyendo dejar de pagar impuestos y de acudir a las urnas, hasta que la clase política cumpla con su deber, abandone el silencio y la pasividad ante el crimen y los ladrones sean encerrados y devuelvan el dinero robado.
La ciudadanía, indignada ante una casta política que vive en la impunidad y permite que el robo y el saqueo de España no sean penalizados, debe exigir que los sospechosos sean investigados por tribunales especiales (Audiencia Nacional), que la Fiscalía del Estado y los jueces envíen comisiones rogatorias a todos los paraísos fiscales para averiguar donde están los mas de 100.000 millones robados al erario público, que todos los sospechosos de enriquecimiento rápido e inexplicable sean investigados, que se registren todas sus propiedades en busca del dinero substraído, que se bloqueen sus cuentas bancarias y se embargue su patrimonio y que todos los que han robado ingresen en prisión hasta que no devuelvan el último euro.
Esa sería la única manera de comenzar la regeneración de España y la limpieza de la pocilga nacional.
La recuperación de ese dinero bastaría para asegurar las pensiones en el próximo cuarto de siglo, para acabar con los recortes y asegurar el mantenimiento de los sevicios sociales básicos.
Los partidos políticos, responsables de haber incluído en las listas (cerradas y bloqueadas) a chorizos y delincuentes, deben ser considerados responsables subsidiarios de los crímenes cometidos por sus pupilos y protegidos y deberán devolver el dinero substraído al pueblo en el caso de que los ladrones se nieguen a hacerlo.
Esa exigencia es necesaria para devolver a España su dignidad y solvencia como país. Hay que forzar a los gobernantes a que acaben con la corrupción o a que dimitan en masa si se niegan a aplicar la Justicia.
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