Los líderes sindicalistas del Metro Madrid aseguran que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y que son capaces de "reventar" la capital de España, mientras muchos ciudadanos nos preguntamos qué consecuencias son para ellos las "últimas" ¿Se refieren a la violencia? ¿Piensan derrocar el gobierno de la comunidad de Madrid? ¿Pretender impedir el derecho ciudadano a trabajar y a circular libremente? Por el momento, sintiéndose protegidos por el poder socialista e impunes, dicen que "Si nos tocan los cojones somos capaces de cualquier cosa" y también que "Si tenemos que entrar a matar, vamos a matar". Lo de "matar" suponemos que es en sentido figurado. El del sindicalismo montaraz es otro espectáculo bochornoso de la España forjada por Zapatero y el PSOE, cada día más africana, más inmoral, más mafiosa, más corrupta y menos limpia, democrática y decente.
Más de dos millones de usuarios del transporte público madrileño se sienten secuestrados por los trabajadores del Metro y ni siquiera pueden mirar al gobierno de Zapatero en busca de una solución, un gobierno que en lugar de aplicar la ley y garantizar los derechos ciudadanos, se mantiene al margen, mientras media España sospecha que Zapatero y los suyos disfrutan porque la huelga se hace contra un pueblo madrileño que vota a la derecha.
El sindicalismo salvaje, pandillero y violento se niega a cumplir los servicios mínimos y se siente impune en España y protegido por el gobierno de Zapatero, que le llena las alforjas con dinero público, incluso en tiempos de crisis, cuando muchos millones de españoles ya nadan en la pobreza y el miedo, y por una justicia politizada que permite que los matones violen la ley e impongan su dominio.
Cuando los controladores aéreos plantaron cara, el gobierno los fulminó con un decreto que redujo sus sueldos y que tiene todas las sospechas de ser abusivo e inconstitucional, pero ese mismo gobierno mira hacia otro lado cuando estalla el salvajismo de los trabajadores del metro de Madrid, quizás porque el gobierno madrileño es de derechas, mientras la irresponsable vicepresidenta de la Vega tiene la osadía de dar alas a los matones recordando a Esperanza Aguirre sus "responsabilidades".
Es la España inmoral y antidemocrática, forjada por Zapatero, en plena acción, con unos sindicatos convertidos en un obstáculo para el verdadero progreso, que reciben cataratas de dinero público del gobierno y que, en agradecimiento, no solo soportan sin rechistar el desmantelamiento de la política social y del Estado de Bienestar, sino que, además, están dispuestos a actuar como pandilleros del poder, intimidando a la ciudadanía y golpeando a todo el que pretenda ejercer su derecho a trabajar, un derecho tan sagrado como el derecho a la huelga.
La fiscalía se mantiene al pairo y la ley vuelve a incumplirse en esta España mafiosa, forjada por un Zapatero que acumula más de una docena de razones poderosas para dimitir, la primera de las cuales es el uso de la mentira como política de gobierno y la última, impulsar leyes anticonstitucionales desde la Moncloa (el Estatuto de Cataluña).
¿Hasta cuando los demócratas y la gente honrada de España van a seguir permitiendo la actividad destructiva de esa casta política que, además de arruinar la economía española, ha hundido también la moral, los valores, la confianza y la esperanza?
El grito de rechazo que pide a Zapatero que dimita y que convoque elecciones anticipadas es ya un clamor terapeutico, una llamada ciudadana de auxilio que, para vergüenza de la sociedad española, nadie que pertenezca a la cofradía del poder quiere oir, ni siquiera las grandes instituciones de la nación, como la Jefatura del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, los dos grandes tribunales de Justicia y las Cortes, todas ellas ideadas precisamente para defender al pueblo y a la sociedad contra sátrapas e incapaces que logren apalancarse en el poder.
España es una nación secuestrada, no solo por su gobierno y por aquellos que lo sostienen, como son los nacionalistas "sobrecogedores", siempre dispuestos a "cobrar" sus favores y apoyos en euros sonantes, los sindicatos, subvencionados con el dinero de todos, y el PSOE, un partido destruido por la cobardía, la omertá y el abandono de los principios de la izquierda, sino también por los grandes poderes, que permanecen al margen de la gran tragedia y que contemplan sin mover un dedo la injusticia, la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, entre los que destacan, de manera triste y frustrante, los medios de comunicación, muchos de los cuales han renunciado a la verdad y a la defensa de la democracia a cambio de dinero público y de otras concesiones arbitrarias del poder.
Más de dos millones de usuarios del transporte público madrileño se sienten secuestrados por los trabajadores del Metro y ni siquiera pueden mirar al gobierno de Zapatero en busca de una solución, un gobierno que en lugar de aplicar la ley y garantizar los derechos ciudadanos, se mantiene al margen, mientras media España sospecha que Zapatero y los suyos disfrutan porque la huelga se hace contra un pueblo madrileño que vota a la derecha.
El sindicalismo salvaje, pandillero y violento se niega a cumplir los servicios mínimos y se siente impune en España y protegido por el gobierno de Zapatero, que le llena las alforjas con dinero público, incluso en tiempos de crisis, cuando muchos millones de españoles ya nadan en la pobreza y el miedo, y por una justicia politizada que permite que los matones violen la ley e impongan su dominio.
Cuando los controladores aéreos plantaron cara, el gobierno los fulminó con un decreto que redujo sus sueldos y que tiene todas las sospechas de ser abusivo e inconstitucional, pero ese mismo gobierno mira hacia otro lado cuando estalla el salvajismo de los trabajadores del metro de Madrid, quizás porque el gobierno madrileño es de derechas, mientras la irresponsable vicepresidenta de la Vega tiene la osadía de dar alas a los matones recordando a Esperanza Aguirre sus "responsabilidades".
Es la España inmoral y antidemocrática, forjada por Zapatero, en plena acción, con unos sindicatos convertidos en un obstáculo para el verdadero progreso, que reciben cataratas de dinero público del gobierno y que, en agradecimiento, no solo soportan sin rechistar el desmantelamiento de la política social y del Estado de Bienestar, sino que, además, están dispuestos a actuar como pandilleros del poder, intimidando a la ciudadanía y golpeando a todo el que pretenda ejercer su derecho a trabajar, un derecho tan sagrado como el derecho a la huelga.
La fiscalía se mantiene al pairo y la ley vuelve a incumplirse en esta España mafiosa, forjada por un Zapatero que acumula más de una docena de razones poderosas para dimitir, la primera de las cuales es el uso de la mentira como política de gobierno y la última, impulsar leyes anticonstitucionales desde la Moncloa (el Estatuto de Cataluña).
¿Hasta cuando los demócratas y la gente honrada de España van a seguir permitiendo la actividad destructiva de esa casta política que, además de arruinar la economía española, ha hundido también la moral, los valores, la confianza y la esperanza?
El grito de rechazo que pide a Zapatero que dimita y que convoque elecciones anticipadas es ya un clamor terapeutico, una llamada ciudadana de auxilio que, para vergüenza de la sociedad española, nadie que pertenezca a la cofradía del poder quiere oir, ni siquiera las grandes instituciones de la nación, como la Jefatura del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, los dos grandes tribunales de Justicia y las Cortes, todas ellas ideadas precisamente para defender al pueblo y a la sociedad contra sátrapas e incapaces que logren apalancarse en el poder.
España es una nación secuestrada, no solo por su gobierno y por aquellos que lo sostienen, como son los nacionalistas "sobrecogedores", siempre dispuestos a "cobrar" sus favores y apoyos en euros sonantes, los sindicatos, subvencionados con el dinero de todos, y el PSOE, un partido destruido por la cobardía, la omertá y el abandono de los principios de la izquierda, sino también por los grandes poderes, que permanecen al margen de la gran tragedia y que contemplan sin mover un dedo la injusticia, la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, entre los que destacan, de manera triste y frustrante, los medios de comunicación, muchos de los cuales han renunciado a la verdad y a la defensa de la democracia a cambio de dinero público y de otras concesiones arbitrarias del poder.
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