El sector público, en democracia, está obligado a ser ejemplar y a cumplir la ley a rajatabla, pero en la España de Zapatero lo público empieza a oler mal y, en algunos casos, es ya parte de la "escoria" del país, por su comportamiento, por su irrespeto a la legalidad, por los escándalos que protagoniza y por los estragos que causa en la economía y en la decencia.
Si los españoles conocieran todo el alcance de la corrupción pública en España, el nivel real de endeudamiento de las administraciones públicas y el sucio y arbitrario uso que muchos políticos hacen del dinero de todos, saldrían a la calle, a pesar de su tradicional cobardía, para arrojar del poder a una casta que pierde a chorros la confianza y el respeto de los administrados.
El sector público está obligado a pagar con prontitud sus deudas, pero miles de empresas españolas han tenido que cerrar porque los ministerios, consejerías, diputaciones y ayuntamientos no les pagan y en muchos casos les devuelven las facturas sin comentarios, cuando no reciben amenazas directas de "nunca más" obtener contratos públicos si recurren a la prensa para denunciar su "caso". En 2007cerraron en España 323.000 empresas y en los tres últimos años han cerrado casi 900.000 más.
El sector público español, en algunos aspectos, es ya una pocilga, reflejo claro y lamentable del estado de la democracia española, cuyo déficit ético es sobrecogedor y alarmante.
Muchos concursos públicos se otorgan a dedo, al igual que muchos puestos de trabajo en las administraciones se otorgan a amigos y enchufados del partido, a los que se les ha llegado a proporcionar previamente las preguntas de los exámenes, mientras que en algunos casos funcionan listas negras de personas y empresas a las que se les niegan contratos públicos, subvenciones y otras facilidades a las que tienen derecho, como represalia por sus ideas políticas y sentido crítico, una clara violación de los derechos humanos y políticos fundamentales.
Muchos empresarios, que llevan años sin cobrar sus facturas a organismos públicos ni siquiera pueden aplicar los intereses legales, ya que están siendo obligados a anular facturas y a volverlas a emitir con fechas recientes, para así disimular la antigúedad ilegal de las deudas, una práctica ilegal.
Hay miles de casos de políticos corruptos que están siendo investigados por los fiscales, pero se trata de un escándalo de proporciones tales que, a pesar de que el derecho ciudadano a conocer la verdad es básico en democracia, el gobierno español lo mantiene en secreto. A pesar de todo, los "recaudadores" de los partidos políticos siguen operando con impunidad y captando comisiones y otros ingresos, aprovechando la oscuridad que domina la vida pública y los vacíos legales existentes.
Cuando el sector público deja de ser ejemplar y se convierte en lo peor de la nación, es que la democracia está tan podrida que ya no tiene remedio. Es lo que ocurre cada día con más claridad en España, donde, además, el poder político es tan inmune e impune que se permite la indecencia de incumplir leyes sin recibir castigo alguno.
La persecución y castigo (con multas que pueden llegar al millón de euros) en Cataluña de los que utilizan el idioma común (español) para sus actividades de comercio o la imposibilidad de educar a los hijos en el idioma de los españoles son dos de las más flagrantes e indignantes violaciones de los derechos humanos protagonizadas por el sector público en España. Pero hay muchos otros casos de violaciones de normas democráticas y de indecencias que se practican casi a diario, como la compra con dinero público, casi siempre a partidos nacionalistas, de los votos que Zapatero necesita para mantenerse en el poder, o las concesiones que se hacen a ciertas comunidades autónomas en detrimento de otras, rompiéndose así el principio constitucional de igualdad de todos los españoles, etc.
Muchos empresarios están aterrorizados ante la actitud de las autoridades y no saben a quien acudir. Es el caso de la empresa cordobesa Sercolu, concesionaria de las comidas servidas a domicilio, que acaba de denunciar al ayuntamiento porque acumula cinco meses de retraso en el pago y ya no puede resistir más. Sercolu es únicamente una más entre las miles de empresas españolas que están siendo masacradas desde un sector público sin decencia ni sentido ético.
El comportamiento del sector público está causando estragos en el país porque los ciudadanos, cuando contemplan como se comportan las autoridades, tienden a hacer lo mismo y así se destruyen las buenas costumbres, los valores, la legalidad y la decencia, a escala nacional. El impago de facturas no para de crecer en esta España, no tanto por causa de la crisis sino porque el Estado incumple su principal deber, que es también lo que justifica su existencia: cumplir y hacer cumplir la ley.
Hay cientos de ayuntamientos y organismos públicos españoles asediados por casos de corrupción que la prensa airea sin que ocurra nada. Generalmente, los chorizos reciben el apoyo de sus respectivos partidos, mientras que la Justicia no los condene. El Ayuntamiento de Sevilal es uno de los más acosados por los escándalos, que son tantos que cualquier alcalde democrático habría dimitido, por lo menos una docena de veces, en cualquier país donde existiera una democracia decente. Pero hay cientos de ayuntamientos en España con niveles similares de escándalos, irregularidades, arbitrariedades e indecencias corruptas.
La situación es terrible porque la confianza de los ciudadanos en la limpieza de lo público hace aguas por todas partes, lo que es reflejo claro de la ruina del sistema. Los maestros no confían ya en la limpieza de las oposiciones, ni los que aspiran a puestos de funcionarios confían en los procedimientos de selección y contratación. Buena parte de los concursos públicos están otorgados a dedo y los pliegos de condiciones técnicas han sido redactados a imagen y semejanza de empresas concretas. Muchas subvenciones se otorgan con una arbitrariedad escalofriante y son sistemáticamente negadas a empresas e instituciones que tienen derecho a ellas pero que figuran en listas negras secretas porque sus directivos son críticos o votan a la oposición, comportamientos que acercan a España al oscuro ámbito de los países más arbitrarios y corruptos del planeta.
Hay mil arbitrariedades que apenas se conocen y que la prensa jamás menciona, como la contratación de personal al servicio del sector público a través de empresas privadas, el pago de facturas correspondientes a campañas electorales, camufladas como subvenciones o ayudas a ONGs, la distribución arbitraria de la publicidad oficial en los medios de comunicación, entregando a los medios afines el grueso de los contratos, y la constante manipulación del objeto de miles de contratos y facturas para ocultar gastos públicos improcedentes o impresentables.
Si los españoles conocieran todo el alcance de la corrupción pública en España, el nivel real de endeudamiento de las administraciones públicas y el sucio y arbitrario uso que muchos políticos hacen del dinero de todos, saldrían a la calle, a pesar de su tradicional cobardía, para arrojar del poder a una casta que pierde a chorros la confianza y el respeto de los administrados.
El sector público está obligado a pagar con prontitud sus deudas, pero miles de empresas españolas han tenido que cerrar porque los ministerios, consejerías, diputaciones y ayuntamientos no les pagan y en muchos casos les devuelven las facturas sin comentarios, cuando no reciben amenazas directas de "nunca más" obtener contratos públicos si recurren a la prensa para denunciar su "caso". En 2007cerraron en España 323.000 empresas y en los tres últimos años han cerrado casi 900.000 más.
El sector público español, en algunos aspectos, es ya una pocilga, reflejo claro y lamentable del estado de la democracia española, cuyo déficit ético es sobrecogedor y alarmante.
Muchos concursos públicos se otorgan a dedo, al igual que muchos puestos de trabajo en las administraciones se otorgan a amigos y enchufados del partido, a los que se les ha llegado a proporcionar previamente las preguntas de los exámenes, mientras que en algunos casos funcionan listas negras de personas y empresas a las que se les niegan contratos públicos, subvenciones y otras facilidades a las que tienen derecho, como represalia por sus ideas políticas y sentido crítico, una clara violación de los derechos humanos y políticos fundamentales.
Muchos empresarios, que llevan años sin cobrar sus facturas a organismos públicos ni siquiera pueden aplicar los intereses legales, ya que están siendo obligados a anular facturas y a volverlas a emitir con fechas recientes, para así disimular la antigúedad ilegal de las deudas, una práctica ilegal.
Hay miles de casos de políticos corruptos que están siendo investigados por los fiscales, pero se trata de un escándalo de proporciones tales que, a pesar de que el derecho ciudadano a conocer la verdad es básico en democracia, el gobierno español lo mantiene en secreto. A pesar de todo, los "recaudadores" de los partidos políticos siguen operando con impunidad y captando comisiones y otros ingresos, aprovechando la oscuridad que domina la vida pública y los vacíos legales existentes.
Cuando el sector público deja de ser ejemplar y se convierte en lo peor de la nación, es que la democracia está tan podrida que ya no tiene remedio. Es lo que ocurre cada día con más claridad en España, donde, además, el poder político es tan inmune e impune que se permite la indecencia de incumplir leyes sin recibir castigo alguno.
La persecución y castigo (con multas que pueden llegar al millón de euros) en Cataluña de los que utilizan el idioma común (español) para sus actividades de comercio o la imposibilidad de educar a los hijos en el idioma de los españoles son dos de las más flagrantes e indignantes violaciones de los derechos humanos protagonizadas por el sector público en España. Pero hay muchos otros casos de violaciones de normas democráticas y de indecencias que se practican casi a diario, como la compra con dinero público, casi siempre a partidos nacionalistas, de los votos que Zapatero necesita para mantenerse en el poder, o las concesiones que se hacen a ciertas comunidades autónomas en detrimento de otras, rompiéndose así el principio constitucional de igualdad de todos los españoles, etc.
Muchos empresarios están aterrorizados ante la actitud de las autoridades y no saben a quien acudir. Es el caso de la empresa cordobesa Sercolu, concesionaria de las comidas servidas a domicilio, que acaba de denunciar al ayuntamiento porque acumula cinco meses de retraso en el pago y ya no puede resistir más. Sercolu es únicamente una más entre las miles de empresas españolas que están siendo masacradas desde un sector público sin decencia ni sentido ético.
El comportamiento del sector público está causando estragos en el país porque los ciudadanos, cuando contemplan como se comportan las autoridades, tienden a hacer lo mismo y así se destruyen las buenas costumbres, los valores, la legalidad y la decencia, a escala nacional. El impago de facturas no para de crecer en esta España, no tanto por causa de la crisis sino porque el Estado incumple su principal deber, que es también lo que justifica su existencia: cumplir y hacer cumplir la ley.
Hay cientos de ayuntamientos y organismos públicos españoles asediados por casos de corrupción que la prensa airea sin que ocurra nada. Generalmente, los chorizos reciben el apoyo de sus respectivos partidos, mientras que la Justicia no los condene. El Ayuntamiento de Sevilal es uno de los más acosados por los escándalos, que son tantos que cualquier alcalde democrático habría dimitido, por lo menos una docena de veces, en cualquier país donde existiera una democracia decente. Pero hay cientos de ayuntamientos en España con niveles similares de escándalos, irregularidades, arbitrariedades e indecencias corruptas.
La situación es terrible porque la confianza de los ciudadanos en la limpieza de lo público hace aguas por todas partes, lo que es reflejo claro de la ruina del sistema. Los maestros no confían ya en la limpieza de las oposiciones, ni los que aspiran a puestos de funcionarios confían en los procedimientos de selección y contratación. Buena parte de los concursos públicos están otorgados a dedo y los pliegos de condiciones técnicas han sido redactados a imagen y semejanza de empresas concretas. Muchas subvenciones se otorgan con una arbitrariedad escalofriante y son sistemáticamente negadas a empresas e instituciones que tienen derecho a ellas pero que figuran en listas negras secretas porque sus directivos son críticos o votan a la oposición, comportamientos que acercan a España al oscuro ámbito de los países más arbitrarios y corruptos del planeta.
Hay mil arbitrariedades que apenas se conocen y que la prensa jamás menciona, como la contratación de personal al servicio del sector público a través de empresas privadas, el pago de facturas correspondientes a campañas electorales, camufladas como subvenciones o ayudas a ONGs, la distribución arbitraria de la publicidad oficial en los medios de comunicación, entregando a los medios afines el grueso de los contratos, y la constante manipulación del objeto de miles de contratos y facturas para ocultar gastos públicos improcedentes o impresentables.
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