Muchos ciudadanos, horrorizados ante los estragos de la crisis, están dispuestos a que les suban los impuestos. Muchos, conscientes de la gravedad de la crisis, han incrementado notablemente sus ayudas a Cáritas o a otras ONGs de confianza para contribuir con sus recursos a solucionar los grandes dramas causados por el paro y la ruina económica. Otros muchos ayudan directamente a los más necesitados y no pocos se han sumado al ejército de los voluntarios que cuidan a enfermos o atienden a los más necesitados. Pero la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles se resisten a entregar su dinero a un gobierno como el de Zapatero, en el que ya no confían.
Quizás el mayor problema de la España actual, superior incluso al deterioro de la economía, sea que el gobierno ha perdido la confianza y no es creíble ni éticamente fiable. Su obsesión por permanecer en el poder contra de los deseos de muchos de los que le eligieron en las urnas un día del año 2008 no hace sino distanciar más a Zapatero del aprecio ciudadano y de la legitimidad democrática.
¿Quien nos asegura que nuestros impuestos van a ser utilizados con ética y decencia? ¿Quien garantiza que nuestros dineros no van a ser utilizados en corruptelas, en comprar, como ha hecho el andaluz Griñán, lámparas de 8.000 euros para su Palacio de San Telmo, para incrementar la ya densa fortuna de José Bono o para contratar más asesores inútiles o inyectar más fondos en los sindicatos sometidos?
El problema del próximo incremento fiscal que reclama el gobierno de Zapatero es que muchos españoles no se fían de quien los cobra y dudan razonablemente que sus dineros sean empleados con honradez y limpieza.
A juzgar por su comportamiento, el actual gobierno no es de fiar en lo que se refiere a la utilización de los fondos públicos, que ha despilfarrado y empleado en alimentar su poder, su nepotismo, su corrupción y su clientelismo sin freno. Nuestro dinero ha sido utilizado para financiar partidos políticos que deberían financiarse con las cuotas de sus afiliados, a sindicatos sometidos al poder que han dejado de representar a los trabajadores y que intercambian sumisión por subvenciones, televisiones públicas, instrumentos inútiles que el poder utiliza para desinformar, manipular la realidad, imponer la mentira, agredir al partido contrario y adormecer al ciudadano. Ha sido utilizado también para que los catalanes abran embajadas en el exterior, para que el Senado traduzca los discursos que los nacionalistas se niegan a pronunciar en el idioma común, para pagar los sueldos a miles de asesores inútiles y a decenas de miles de enchufados del partido, para financiar mapas de clítoris, para ayudar a los gays de África y para mil barbaridades más, mientras en España hay más de un millón de familias abandonadas en la pobreza, que no perciben ayuda pública alguna.
Son demasiados los españoles que sospechan que congelar las pensiones, rebajar el sueldo de los funcionarios y suprimir el cheque bebé no sólo va a servir para reducir el déficit público, sino también para que los sátrapas dispongan de más dinero y sigan costeando lujos e indecencias. Los ciudadanos decentes de España, lógicamente, no quieren participar en ese tipo de injusticias.
Los tiempos en los que los demócratas nos sentíamos orgullosos de contribuir con nuestros impuestos al bien común han pasado a la historia. Hubo un tiempo en el que el gobierno parecía fiable y todos les entregábamos con gusto nuestros impuestos solidarios, confiados en que servirían para financiar la sanidad pública, para compensar a los más necesitados o para garantizar la igualdad Pero el actual gobierno ha destrozado esa confianza y ya no garantiza nada de eso, sino todo lo contrario, porque el poder político, en España, está bajo sospecha y es merecedor de ese rechazo ciudadano que ya reflejan las encuestas, en las que los políticos han dejado de ser fiables y aparecen ya como el tercer gran problema del país, por delante del terrorismo y de la inseguridad ciudadana, sólo superado por el paro y la triste situación económica.
Si el gobierno quiere que los ciudadanos aporten voluntariamente su dinero, debería antes dar ejemplo, renunciar a muchos de sus privilegios injustos e ilícitos y suprimir las grandes injusticias del sistema: ministerios superfluos que deben ser eliminados, subvenciones injustas y arbitrarias que deben desaparecer, concursos públicos trucados, financiación de los partidos políticos con fondos del Estado, ríos de dinero entregados a los sindicatos y a la patronal sometida, sin olvidar que debe dejar de comprar votos a los partidos nacionalistas a cambio de dinero público, cerrar las televisiones públicas y eliminar otras muchas injusticias, arbitrariedades y abusos que el poder impone a la ciudadanía contra su voluntad.
Sin esas reformas previas y sin demostrar antes su ejemplaridad y decencia, el gobierno tendrá que arrebatarnos los impuestos contra nuestra voluntad, se llenará de oprobio y se hará merecedor de nuestro desprecio ciudadano.
Cuando los gobiernos tienen que "arrebatar" el dinero a los ciudadanos, contra su voluntad, se hacen merecedores de oprobio, dejan de ser democráticos y pierden la legitimidad. La democracia es un sistema basado en la confianza. Cuando los ciudadanos pierden la confianza en sus gobernantes, es que esa democracia ha perdido también su esencia y, formalmente, se ha transformado en tiranía.
Quizás el mayor problema de la España actual, superior incluso al deterioro de la economía, sea que el gobierno ha perdido la confianza y no es creíble ni éticamente fiable. Su obsesión por permanecer en el poder contra de los deseos de muchos de los que le eligieron en las urnas un día del año 2008 no hace sino distanciar más a Zapatero del aprecio ciudadano y de la legitimidad democrática.
¿Quien nos asegura que nuestros impuestos van a ser utilizados con ética y decencia? ¿Quien garantiza que nuestros dineros no van a ser utilizados en corruptelas, en comprar, como ha hecho el andaluz Griñán, lámparas de 8.000 euros para su Palacio de San Telmo, para incrementar la ya densa fortuna de José Bono o para contratar más asesores inútiles o inyectar más fondos en los sindicatos sometidos?
El problema del próximo incremento fiscal que reclama el gobierno de Zapatero es que muchos españoles no se fían de quien los cobra y dudan razonablemente que sus dineros sean empleados con honradez y limpieza.
A juzgar por su comportamiento, el actual gobierno no es de fiar en lo que se refiere a la utilización de los fondos públicos, que ha despilfarrado y empleado en alimentar su poder, su nepotismo, su corrupción y su clientelismo sin freno. Nuestro dinero ha sido utilizado para financiar partidos políticos que deberían financiarse con las cuotas de sus afiliados, a sindicatos sometidos al poder que han dejado de representar a los trabajadores y que intercambian sumisión por subvenciones, televisiones públicas, instrumentos inútiles que el poder utiliza para desinformar, manipular la realidad, imponer la mentira, agredir al partido contrario y adormecer al ciudadano. Ha sido utilizado también para que los catalanes abran embajadas en el exterior, para que el Senado traduzca los discursos que los nacionalistas se niegan a pronunciar en el idioma común, para pagar los sueldos a miles de asesores inútiles y a decenas de miles de enchufados del partido, para financiar mapas de clítoris, para ayudar a los gays de África y para mil barbaridades más, mientras en España hay más de un millón de familias abandonadas en la pobreza, que no perciben ayuda pública alguna.
Son demasiados los españoles que sospechan que congelar las pensiones, rebajar el sueldo de los funcionarios y suprimir el cheque bebé no sólo va a servir para reducir el déficit público, sino también para que los sátrapas dispongan de más dinero y sigan costeando lujos e indecencias. Los ciudadanos decentes de España, lógicamente, no quieren participar en ese tipo de injusticias.
Los tiempos en los que los demócratas nos sentíamos orgullosos de contribuir con nuestros impuestos al bien común han pasado a la historia. Hubo un tiempo en el que el gobierno parecía fiable y todos les entregábamos con gusto nuestros impuestos solidarios, confiados en que servirían para financiar la sanidad pública, para compensar a los más necesitados o para garantizar la igualdad Pero el actual gobierno ha destrozado esa confianza y ya no garantiza nada de eso, sino todo lo contrario, porque el poder político, en España, está bajo sospecha y es merecedor de ese rechazo ciudadano que ya reflejan las encuestas, en las que los políticos han dejado de ser fiables y aparecen ya como el tercer gran problema del país, por delante del terrorismo y de la inseguridad ciudadana, sólo superado por el paro y la triste situación económica.
Si el gobierno quiere que los ciudadanos aporten voluntariamente su dinero, debería antes dar ejemplo, renunciar a muchos de sus privilegios injustos e ilícitos y suprimir las grandes injusticias del sistema: ministerios superfluos que deben ser eliminados, subvenciones injustas y arbitrarias que deben desaparecer, concursos públicos trucados, financiación de los partidos políticos con fondos del Estado, ríos de dinero entregados a los sindicatos y a la patronal sometida, sin olvidar que debe dejar de comprar votos a los partidos nacionalistas a cambio de dinero público, cerrar las televisiones públicas y eliminar otras muchas injusticias, arbitrariedades y abusos que el poder impone a la ciudadanía contra su voluntad.
Sin esas reformas previas y sin demostrar antes su ejemplaridad y decencia, el gobierno tendrá que arrebatarnos los impuestos contra nuestra voluntad, se llenará de oprobio y se hará merecedor de nuestro desprecio ciudadano.
Cuando los gobiernos tienen que "arrebatar" el dinero a los ciudadanos, contra su voluntad, se hacen merecedores de oprobio, dejan de ser democráticos y pierden la legitimidad. La democracia es un sistema basado en la confianza. Cuando los ciudadanos pierden la confianza en sus gobernantes, es que esa democracia ha perdido también su esencia y, formalmente, se ha transformado en tiranía.
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