El gobierno de Rajoy ha adoptado la medida compleja, polémica e injusta de indultar el dinero negro que aflore en España a cambio de que sus dueños paguen un diez por ciento a la arruinada Hacienda española. Justifican la medida afirmando que las arcas públicas están vacías y el Estado necesita dinero, pero lo cierto es que con esa decisión premian al defraudador, al chorizo y al presunto delincuente, al que se le cobra un tipo impositivo mucho más bajo que a los ciudadanos cumplidores y decentes.
La prensa, incluyendo a la que está sometida al PP, se ha sentido confundida y ha acogido con un significativo silencio el indulto a los chorizos de cuello blanco. Los inspectores de Hacienda han resaltado la injusticia de la medida y numerosos expertos creen que el gobierno de Rajoy, una vez más, se ha equivocado y ha proporcionado a la izquierda unas cartas útiles para criticarle y ganar adeptos en la sociedad.
La medida quizás tenga un fin oculto, no revelado, y va dirigida a captar una parte de ese dinero sucio que se mueve por el mundo, producto del delito y, generalmente, en manos de mafiosos y de bandidos, muchos de los cuales residen en España. Hasta es posible que el gobierno recaude más de lo que espera si muchos chorizos, defraudadores y delincuentes que tienen su dinero escondido aceptan la ventajosa oferta de limpiar sus billetes sucios a cambio de entregar una décima parte al arruinado gobierno español.
El gobierno ha sorprendido a todos con esa decisión porque el PP, en el pasado, siempre se opuso a esa medida, especialmente cuando Zapatero la planteó el 2010, sin atreverse a aprobarla, finalmente. “Es impresentable que se dé una amnistía fiscal a aquellos que hayan defraudado a Hacienda”, llegó a decir Dolores de Cospedal en aquella ocasión.
Es justo y responsable que el ciudadano reflexione ante esta medida, claramente injusta y discriminatoria, que perjudica a la gente de bien y beneficia a los canallas y sinvergüenzas, sin distinción de color y raza, y que, al condenarla o aprobarla, se piense también en Zapatero, responsable remoto de lo que está ocurriendo al haber despilfarrado tanto y haber colocado al país en una situación de ruina tan desesperada, que el gobierno actual se ve obligado a adoptar medidas de extrema gravedad, optando también, de manera errónea y condenable, por caminos y soluciones injustas e indecentes.
¡Zapatero debe ser castigado!
La prensa, incluyendo a la que está sometida al PP, se ha sentido confundida y ha acogido con un significativo silencio el indulto a los chorizos de cuello blanco. Los inspectores de Hacienda han resaltado la injusticia de la medida y numerosos expertos creen que el gobierno de Rajoy, una vez más, se ha equivocado y ha proporcionado a la izquierda unas cartas útiles para criticarle y ganar adeptos en la sociedad.
La medida quizás tenga un fin oculto, no revelado, y va dirigida a captar una parte de ese dinero sucio que se mueve por el mundo, producto del delito y, generalmente, en manos de mafiosos y de bandidos, muchos de los cuales residen en España. Hasta es posible que el gobierno recaude más de lo que espera si muchos chorizos, defraudadores y delincuentes que tienen su dinero escondido aceptan la ventajosa oferta de limpiar sus billetes sucios a cambio de entregar una décima parte al arruinado gobierno español.
El gobierno ha sorprendido a todos con esa decisión porque el PP, en el pasado, siempre se opuso a esa medida, especialmente cuando Zapatero la planteó el 2010, sin atreverse a aprobarla, finalmente. “Es impresentable que se dé una amnistía fiscal a aquellos que hayan defraudado a Hacienda”, llegó a decir Dolores de Cospedal en aquella ocasión.
Es justo y responsable que el ciudadano reflexione ante esta medida, claramente injusta y discriminatoria, que perjudica a la gente de bien y beneficia a los canallas y sinvergüenzas, sin distinción de color y raza, y que, al condenarla o aprobarla, se piense también en Zapatero, responsable remoto de lo que está ocurriendo al haber despilfarrado tanto y haber colocado al país en una situación de ruina tan desesperada, que el gobierno actual se ve obligado a adoptar medidas de extrema gravedad, optando también, de manera errónea y condenable, por caminos y soluciones injustas e indecentes.
¡Zapatero debe ser castigado!
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