Varios medios de prensa están denunciando, por fin, lo que constituye uno de los mayores escándalos de la actual democracia española, junto con el imperio de la corrupción y el abuso del poder político: el que en cuatro autonomías españolas se margine y, en algunos casos, se castigue a los que estudian y utilizan la lengua española sin que los gobernantes impidan esa violación flagrante de la Constitución y de los derechos humanos.
Durante el largo mandato de Zapatero, el PSOE permitió, sin avergonzarse, que en cuatro comunidades autónomas españolas (Cataluña, País Vasco, Baleares y Galicia) se violase la Constitución, lo que revela que tanto ese partido como el sistema están enfermos. El PP, al sucederle en el gobierno, no ha embestido con todas sus fuerzas contra tan flagrante violación de las leyes y derechos porque, al igual que los socialistas, quiere contemporizar con el nacionalismo por si necesita sus votos. Si, además, los militantes de uno y otro partido admiten sin rebelarse que los derechos humanos sean pisoteados en esas cuatro anutonomías del Estado español, donde los que hablan español son marginados por el poder público y donde los padres ni siquiera pueden lograr que sus hijos estudien en la lengua común de los españoles, es un partido infectado. Si, además, el sistema permite que las sentencias de condena de los altos tribunales contra los gobiernos autonómicos que boicotean el habla común sean ignoradas e incumplidas, entonces cabe concluir que España, por culpa de la baja estofa de su clase política, es una vergüenza de nación, necesitada de reformas políticas profundas, que a ninguno de los partidos políticos parecen interesar.
Cuando la militancia de esos partido soporta sin protestar que se cierren pactos y se gobierne conjuntamente con partidos nacionalistas obsesionados por la destrucción de la unidad nacional y la cohesión, algo marcha muy mal en la política española.
Antes denunciábamos que la democracia había desaparecido y que había sido sustituida, a traición, por una partitocracia, pero ahora denunciamos también que esa partitocracia ni siquiera funciona porque no es capaz de cumplir y hacer cumplir la ley.
Cuando un gobierno socialista, ha sido capaz de impulsar un estatuto como el de Cataluña, que pulveriza la igualdad y dispara la insolidaridad, no hay duda de que ese gobierno está infectado. Pero cuando el PP toma el relevo y no hace nada para cambiar las cosas, entonces es que la infección ya es cancerosa y terminal.
Hay demasiados síntomas de necrosis en el sistema y de desidia temeraria en los gobiernos: se convive con la corrupción y se participa del festín y del reparto del botín saqueado, se hace pagar al pueblo, ya debilitado y acribillado a impuestos injustos, el grueso de la factura de la crisis, sin que los políticos afronten la gran reforma pendiente de adelgazar el Estado y suprimir privilegios, cargos públicos innecesarios y administraciones superfluas, no se persigue a los que han saqueado las arcas públicas y el sistema financiero, se miente desde el poder, se manipula y se engaña al ciudadano, se viola la Constitución a diario y mil tropelías y canalladas más, todas ellas protagonizadas por un poder político que, en España, acumula indignidad y oprobio.
Aquellos que están infectados por la partitocracia y mantienen comportamientos de "hooligans" dirán al leer este artículo que la derecha es peor que la izquierda o viceversa, cuando la gran verdad es que el fallo en España es doble: por un lado el sistema, privado de controles y cautelas democráticas imprescindibles, y por otro las personas, un drama terrible alcanzado porque los partidos políticos españoles no han filtrado a sus militantes y dirigentes, permitiendo que una manada de falsos demócratas, acompañados de sinvergüenzas y de canallas, se encarame en la cúspide y toque poder.
Durante el largo mandato de Zapatero, el PSOE permitió, sin avergonzarse, que en cuatro comunidades autónomas españolas (Cataluña, País Vasco, Baleares y Galicia) se violase la Constitución, lo que revela que tanto ese partido como el sistema están enfermos. El PP, al sucederle en el gobierno, no ha embestido con todas sus fuerzas contra tan flagrante violación de las leyes y derechos porque, al igual que los socialistas, quiere contemporizar con el nacionalismo por si necesita sus votos. Si, además, los militantes de uno y otro partido admiten sin rebelarse que los derechos humanos sean pisoteados en esas cuatro anutonomías del Estado español, donde los que hablan español son marginados por el poder público y donde los padres ni siquiera pueden lograr que sus hijos estudien en la lengua común de los españoles, es un partido infectado. Si, además, el sistema permite que las sentencias de condena de los altos tribunales contra los gobiernos autonómicos que boicotean el habla común sean ignoradas e incumplidas, entonces cabe concluir que España, por culpa de la baja estofa de su clase política, es una vergüenza de nación, necesitada de reformas políticas profundas, que a ninguno de los partidos políticos parecen interesar.
Cuando la militancia de esos partido soporta sin protestar que se cierren pactos y se gobierne conjuntamente con partidos nacionalistas obsesionados por la destrucción de la unidad nacional y la cohesión, algo marcha muy mal en la política española.
Antes denunciábamos que la democracia había desaparecido y que había sido sustituida, a traición, por una partitocracia, pero ahora denunciamos también que esa partitocracia ni siquiera funciona porque no es capaz de cumplir y hacer cumplir la ley.
Cuando un gobierno socialista, ha sido capaz de impulsar un estatuto como el de Cataluña, que pulveriza la igualdad y dispara la insolidaridad, no hay duda de que ese gobierno está infectado. Pero cuando el PP toma el relevo y no hace nada para cambiar las cosas, entonces es que la infección ya es cancerosa y terminal.
Hay demasiados síntomas de necrosis en el sistema y de desidia temeraria en los gobiernos: se convive con la corrupción y se participa del festín y del reparto del botín saqueado, se hace pagar al pueblo, ya debilitado y acribillado a impuestos injustos, el grueso de la factura de la crisis, sin que los políticos afronten la gran reforma pendiente de adelgazar el Estado y suprimir privilegios, cargos públicos innecesarios y administraciones superfluas, no se persigue a los que han saqueado las arcas públicas y el sistema financiero, se miente desde el poder, se manipula y se engaña al ciudadano, se viola la Constitución a diario y mil tropelías y canalladas más, todas ellas protagonizadas por un poder político que, en España, acumula indignidad y oprobio.
Aquellos que están infectados por la partitocracia y mantienen comportamientos de "hooligans" dirán al leer este artículo que la derecha es peor que la izquierda o viceversa, cuando la gran verdad es que el fallo en España es doble: por un lado el sistema, privado de controles y cautelas democráticas imprescindibles, y por otro las personas, un drama terrible alcanzado porque los partidos políticos españoles no han filtrado a sus militantes y dirigentes, permitiendo que una manada de falsos demócratas, acompañados de sinvergüenzas y de canallas, se encarame en la cúspide y toque poder.
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