En la España actual crecen las denuncias por violación de derechos. Generalmente, los medios de comunicación ocultan esas denuncias por proceder de simples ciudadanos que se sienten vejados y por considerarlas poco relevantes, pero la marea es creciente y, además, hay otras denuncias más sólidas, consistentes y preocupantes, como la condena a España por acoso y violación de derechos humanos, recientemente emitida por la ONU.
La llegada al poder de Zapatero ha representado un incremento de las violaciones de los derechos y libertades en España, pero no puede acusarse al gobierno de haber generado directamente ese deterioro, aunque su responsabilidad indirecta en gravísima. De hecho, el incremento de la corrupción, el enfrentamiento sin misericordia con la oposición, el aumento de privilegios para la casta política, la ruptura del principio de igualdad entre los pueblos de España, ataques a la solidaridad como representó el Estatuto de Cataluña, la adopción de la mentira y del engaño como políticas de gobierno y, sobre todo, el gran deterioro que traen consigo el desempleo masivo y el avance de la pobreza, son los culpables de que tanto el Estado de Derecho como la calidad de la democracia estén retrocediendo, de manera continua y preocupante, en la España de Zapatero.
En la actualidad, en España se violan los siguientes derechos:
Derecho a la integridad física y moral. Se siguen denunciando torturas y tratos inhumanos.
Derecho a la seguridad jurídica y tutela judicial, que garantiza un proceso penal con garantías.
Derecho al secreto de las comunicaciones e inviolabilidad del domicilio.
Derecho a elegir libremente a los representantes políticos, un derecho básico en democracia que en España no ejercen los ciudadanos sino los partidos políticos, que son los que elaboran unas listas electorales que el ciudadano no puede alterar.
Derecho a la igualdad ante la ley y prohibición de discriminaciones en el contenido de la ley.
Derecho a la limpieza y equidad en las administraciones públicas, minadas en España por la corrupción, el clientelismo, el amiguismo y la arbitrariedad.
Derecho a una comunicación libre, que abarca toda una serie de derechos, como la libertad de expresión, producción y creación literaria, artística, científica, técnica y tarea docente.
Derecho a la información: A recibirla y emitirla con prohibición expresa de la censura previa, el secuestro administrativo y cualquier maniobra para dificultad el acceso a la información y la cultura. Derecho a la verdad, habitualmente ocultada en el sistema informativo español, casi siempre por influencias del poder político.
Derecho a participar en asuntos públicos, directamente o mediante representantes democráticos. Incluye el derecho a acceder a la función pública en igualdad de condiciones.
Derecho de reunión, manifestación y asociación.
Derecho de acceder a cargo publico en condiciones de igualdad, un derecho conculcado frecuentemente en España, donde las subvenciones, los concursos públicos, los contratos y hasta los puestos de trabajo están dominados por la arbitrariedad, el amiguismo, el clientelismo, el enchufismo y las represalias contra los adversarios políticos o los que, simplemente, piensan distinto que el poder.
La llegada al poder de Zapatero ha representado un incremento de las violaciones de los derechos y libertades en España, pero no puede acusarse al gobierno de haber generado directamente ese deterioro, aunque su responsabilidad indirecta en gravísima. De hecho, el incremento de la corrupción, el enfrentamiento sin misericordia con la oposición, el aumento de privilegios para la casta política, la ruptura del principio de igualdad entre los pueblos de España, ataques a la solidaridad como representó el Estatuto de Cataluña, la adopción de la mentira y del engaño como políticas de gobierno y, sobre todo, el gran deterioro que traen consigo el desempleo masivo y el avance de la pobreza, son los culpables de que tanto el Estado de Derecho como la calidad de la democracia estén retrocediendo, de manera continua y preocupante, en la España de Zapatero.
En la actualidad, en España se violan los siguientes derechos:
Derecho a la integridad física y moral. Se siguen denunciando torturas y tratos inhumanos.
Derecho a la seguridad jurídica y tutela judicial, que garantiza un proceso penal con garantías.
Derecho al secreto de las comunicaciones e inviolabilidad del domicilio.
Derecho a elegir libremente a los representantes políticos, un derecho básico en democracia que en España no ejercen los ciudadanos sino los partidos políticos, que son los que elaboran unas listas electorales que el ciudadano no puede alterar.
Derecho a la igualdad ante la ley y prohibición de discriminaciones en el contenido de la ley.
Derecho a la limpieza y equidad en las administraciones públicas, minadas en España por la corrupción, el clientelismo, el amiguismo y la arbitrariedad.
Derecho a una comunicación libre, que abarca toda una serie de derechos, como la libertad de expresión, producción y creación literaria, artística, científica, técnica y tarea docente.
Derecho a la información: A recibirla y emitirla con prohibición expresa de la censura previa, el secuestro administrativo y cualquier maniobra para dificultad el acceso a la información y la cultura. Derecho a la verdad, habitualmente ocultada en el sistema informativo español, casi siempre por influencias del poder político.
Derecho a participar en asuntos públicos, directamente o mediante representantes democráticos. Incluye el derecho a acceder a la función pública en igualdad de condiciones.
Derecho de reunión, manifestación y asociación.
Derecho de acceder a cargo publico en condiciones de igualdad, un derecho conculcado frecuentemente en España, donde las subvenciones, los concursos públicos, los contratos y hasta los puestos de trabajo están dominados por la arbitrariedad, el amiguismo, el clientelismo, el enchufismo y las represalias contra los adversarios políticos o los que, simplemente, piensan distinto que el poder.
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